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Confusión.

Un ir y venir de versiones, comentarios, chismes, exageraciones e información cruzada es lo que, en un inicio, giró en torno a lo que sucedió el día lunes diecinueve de diciembre sucedió cuando funcionarios municipales dela ciudad de Guayaquil se enfrentaron a  con los miembros de la organización Diabluma, Juventudes Socialistas, Juventud Comunista del Ecuador y Juventudes Revolucionarias Alianza País cuando éstos marchaban en lo que  denominaron la “Marcha Antifascista”, cuya principal exigencia era la reapertura de las investigaciones sobre la tortura y asesinato de Pancho Jaime, editor de la revista de sátira política pornografía política homónima, asesinado en Guayaquil en septiembre de 1989). Los marchantes solicitarían, además, el libre uso de los espacios públicos para las artes en Guayaquil.

La relación de los hechos es, inicialmente, más o menos heterogéneo. Varían apenas los adjetivos que cada una de las partes o testigos adornan su testimonio: “señor, había unos muchachos que asustaban, todos vestidos de negros y con peinados rarísimo”, “ya te imaginas la traza que se cargaban” contrastaban con las descripciones de otras personas “eran chicos normales, comunes o corrientes”, “rockeros y comunistas, pero nada del otro mundo”, “gobiernistas”, “una marcha de compañeros”.

La concentración empezó a las 14h00 a las afueras del Palacio de Justicia.

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Entre los asistentes a la marcha se contaban -a decir de sus organizadores- artistas, rockeros, madres con hijos pequeños. Alistaron sus tambores y redoblantes; definieron las consignas que se gritarían y arrancaron por la calle 9 de Octubre. Según testigos, la marcha no excedía las cincuenta personas. La marcha avanzó por el bulevar insigne de la ciudad y, conforme lo habían planificado, se dirigieron a a la Fiscalía Provincial del Guayas donde entregaron formalmente un escrito para que la reapertura del caso Pancho Jaime.

Una delegación subió a entrevistarse con Gastón Gagliardo, Fiscal Provincial, mientras el resto permaneció en un plantón pacífico en los exteriores, cantando y gritando. La comitiva bajó de la breve reunión y los manifestantes decidieron caminar por la calle Panamá para llegar hasta la Gobernación del Guayas.

Hasta ahí, una marcha más de las tantas que se organizan (casi semalmente) en diferentes partes de Guayaquil para protestar por diferentes motivos.

Es en este momento cuando las versiones comienzan a contradecirse. Según la gente de Diabluma, que encabezaba la marcha, es en ese momento cuando el personal civil del Municipio, armados de gases y toletes eléctricos, formaron una barrera humana para impedirles el paso. Partidarios de la administración municipal afirmaron en redes sociales que quienes habían iniciado la agresión era la gente de la marcha. Inclusive, se rumoró que el Municipio iniciaría acciones legales contra los manifestantes por agredir de palabra y obra a funcionarios públicos (en uso de los tipos penales cuya inconstitucionalidad ya se ha demandado). Institucionalmente, no hay una versión oficial de los hechos.

Una ciudadana, que caminaba por los bajos del Palacio Municipal afirmó haber escuchado que los manifestantes gritaban “¡Nebot, asesino!”, “¡Guayaquil no es de Nebot!” y otras arengas, cargadas de evidente virulencia verbal contra el alcalde de la ciudad, León Febres-Cordero y las políticas municipales sobre la utilización de los espacios públicos.

En breve, la discusión (entre insultos y amenanzas) degeneró en un enfrentamiento a puño limpio.

Lo demás, lo de siempre: todos justificando la agresión hacia el otro. Y poco a poco la noticia diluyéndose en el torrente caudaloso de la información en el mundo.

La confusión reinando para opacar ciertos hechos irrefutables, que deben llamar a la reflexión ciudadana.

Y, precisamente, cuando todo parecía quedar en un limbo de confusión, aparece este video, en la cuenta de youtube de la organización de izquierda radical Diabluma, donde se observa la conducta de los funcionarios municipales y la confusión se empieza a disipar y la vocación violenta de quienes parecen ser funcionarios municipales y gente que se identificó como un simple “ciudadano” (a quien se vería después asestarle un palazo a una mujer que corre).

La realidad es que los manifestantes le mostraron los permisos emitidos por la Intendencia y los empleados municipales les dijeron que la Plaza de la Administración está bajo tutela del Municipio y que no podían pasar.

Las discusiones comenzaron a subir de tono y, de pronto, alguien, de alguno de los dos bandos, lanzó el primer golpe. Eso no queda claro en ningún video. Lo que sí queda claro es que los funcionarios municipales respondieron con la brutalidad a la que están acostumbrados y que ninguna autoridad se ha atrevido a reprender, ni ningún medio de comunicación a documentar.

Andrés Loor, fotógrafo free lance que colabora habitualmente con GkillCity había ido a la marcha para documentarla. Andrés suele cubrir este tipo de manifestaciones y comparte habitualmente su trabajo. Hace unas semanas estuvo fotografiando la Marcha contra el Feminicidio y estuvo presto a cubrir la caminata por el aniversario de la Matanza de Trabajadores de 1922 (marcha que se frustró no porque alguna autoridad pública la impidiera, sino que jugaba el Ecuador contra Perú por las eliminatorias del Mundial Brasil 2014. Sí, así somos los ecuatorianos).

Mientras Andrés fotografiaba, uno de los funcionarios municipales que correteaba a uno de los manifestantes y por inercia brutal le metió una patada a Loor. Conforme el testimonio de Andrés, cuyas fotografías constan en esta breve crónica, había aproximadamente ochenta personas entre funcionarios municipales y “cuidadanos” que les daban apoyo.

En el vídeo publicado por Dayuma se escucha a alguien, seguramente un manifestante, gritar: ¡Gracias, esto es lo que queríamos! Como si la marcha hubiese estado planteada desde un inicio como una provocación para tazar la reacción de los funcionarios municipales. También se observa a un municipal de apellido Aragundi despotricar en contra de quienes no eran otra cosa que ciudadanos manifestándose.

El incidente que por supuesto ha sido pasado por alto por los medios de comunicación tradicionales, deja varias interrogantes planteadas La criminalización de la protesta no es admisible en ningún caso, ni pueden los funcionarios públicos sucumbir tan fácilmente ante las provocaciones verbales de los ciudadanos. Su obligación es actuar exclusivamente utilizando fuerza proporcional para controlar el orden y no servir de fuerza de choque de una dependencia pública.

La confusión debe terminar.

 

 

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