¿Me puedes decir quién fue el estúpido que dijo que [el movimiento indígena] eran el 2%?
– Usted, señor presidente.
Sacaron 2% en la última elección y quieren imponer su plan de gobierno.
Los que ganamos las elecciones [¿somos los que imponemos la agenda?]
Diálogo entre el Presidente Rafael Correa y el líder indígena Marlon Santi
05 de octubre del 2009
En agosto de este año, Eduardo Galeano mantuvo una charla con Ignacio Kostzer y Juan Manuel King, en donde afirmó: “Chávez es un dictador rarísimo, porque ganó 12 elecciones limpias”. Se repasó el Golpe de Estado del 2002, cuando ciertos medios infames celebraban el “retorno a la democracia de Venezuela” y “el fin de la dictadura”, apoyando el golpe. Pero lo cierto es que en Venezuela la ciudadanía sigue respaldando a la revolución bolivariana. Los ciudadanos siguen apoyando a ese “tiranuelo populista”, como lo llamó Gustavo Coronel en un artículo publicado en el CATO.
En Ecuador pasamos por algo similar: la revolución ciudadana ha ganado todas las elecciones y plebiscitos desde el 2006 con el apoyo de una amplia mayoría. A excepción de la Consulta Popular 2011, cuando la propuesta del ejecutivo pasó con márgenes estrechos. Pero vivimos bajo una dictadura. O al menos ese es el “indudable propósito” del presidente Correa, como señaló Osvaldo Hurtado en una conferencia dictada en Washington hace unos meses. Esa afirmación no cuenta con un correlato empírico que la valide. ¿No cuenta?
Un poco de (micro)cirugía. Existen dos grandes discursos: el primero se basa en posturas como la de Eduardo Galeano, que también utilizan Correa y los demás funcionarios públicos y simpatizantes de Alianza País; y que se puede expresar en una pregunta: ¿cómo puede hablarse de una dictadura cuando se realizan consultas populares en donde se gana por amplia mayoría? Seguido de que las consultas y plebiscitos son los mecanismos más democráticas que hay. Un razonamiento simple. Y ahí radica su fuerza.
Por otro lado, Osvaldo Hurtado y otras figuras (que van desde Alberto Acosta hasta Jaime Nebot, aunque esgrimiendo distintos propósitos y argumentos), sostienen que el Ecuador se dirige hacia una dictadura porque se apunta a una concentración de poderes. ¿Tienen fundamento? Menciono uno específico, a propósito de haberse declarado el estado de excepción sobre la Función Judicial. Héctor Yépez expone en un artículo la inconstitucionalidad de esa medida (pregunta 4 de la Consulta Popular, puesta luego en marcha con la expedición del Decreto Ejecutivo 872), dado que “se expidió un acto para que el Ejecutivo organice a los funcionarios judiciales”; desde donde puede verse la mezcla entre los poderes del Estado.
¿Cuál de los discursos es válido? El primer grupo insiste en que las medidas tomadas encuentran respaldo y legitimidad en la amplia popularidad del presidente; y en el caso del decreto mencionado, por los resultados mayoritarios de la consulta. El segundo grupo (sin referirme a Yépez, a quien menciono por haber escrito un artículo claro), que si bien el decreto (en este caso) se lo realizó bajo los resultados de la consulta, la medida era inconstitucional; y que es un ejemplo de cómo se apunta hacia la mencionada concentración de poderes, a pesar de que se utilicen mecanismos democráticos como son las consultas populares.
Nos encontramos, así, ante dos puntos antitéticos y, por ello, en apariencia irreconciliables. Y no voy a reconciliarlos. No tomaré ese camino. Creo que ambas posturas deben recordar la Constitución por la que votamos en el 2008, la que muchos ayudaron a construir; en contraste, cabe señalar, con la aprobada en 1998: sin participación y a puerta cerrada.
Es cierto que las consultas, plebiscitos y referéndums son mecanismos democráticos. Pero en el caso de que vayan en contra de la Constitución, destruyen la poca institucionalidad que se estaba construyendo. Algo mucho más grave aún si son realizados en disonancia con el tipo diferente de democracia que aspirábamos a construir.
Porque se supone que queríamos construir una democracia participativa. No una simple democracia electoral, donde la voz ciudadana comienza y termina en las urnas. ¿Acaso lo olvidaron tan pronto? ¿Acaso lo olvidamos tan pronto?
El caso de la consulta es útil como ejemplo: entre socializar y consultar existe un salto cualitativamente importante y significativo: pasamos de construir proyectos en conjunto con comunidades y colectivos que habían sido marginados e invisibilizados, a simplemente consultar. Como escribió de manera acertada Francisco Muñoz en Revista La Tendencia (No. 11, feb/mar 2011), el gobierno parece haberse decidido definitivamente por recurrir “(…) al recurso mediático y publicitario”, optando por “(…) profundizar la confrontación, alejarse definitivamente de los movimientos sociales y consolidar la fuerza y la verticalidad carismática del Presidente”.
Hecho que queda corroborado por la criminalización de las protestas y de las manifestaciones sociales; que, dicho sea de paso, son denunciadas por Correa como “viejas prácticas” (como fueron las pugnas de indígenas, campesinos y ecologistas contra la Ley de Aguas y la Ley de Minería): pero parecen ser prácticas tan viejas, que el gobierno debe recurrir a viejos artículos para sancionarlas: como son los artículos 158 y 160 del Código Penal, formulados en tiempos de dictadura. Y, más aún, lo expuesto por Muñoz queda corroborado con la vergonzosa cifra destinada a publicidad de acuerdo a la Proforma Presupuestaria 2012: US$295 millones de dólares.
El gobierno, gozando con la amplia popularidad que tiene, debe entender que la construcción de un nuevo país no se centra –ni se resuelve- en un simple reconocimiento de derechos (que se quedan en papel): de lo que se trata es de lograr que esos enunciados jurídicos se traduzcan en condiciones fácticas en la cotidianidad de los ciudadanos. Y menos aún se estanca en destinar fondos enormes para propaganda, y aplaudir la amplia aceptación aunque exista una escasa participación.
Le guste o no a los opositores del actual régimen, existe una amplia popularidad: hace poco más de dos meses, la empresa consultora Consulta Mitofsky publicó un estudio sobre la popularidad de los presidentes del mundo. Correa obtuvo un 75% de aceptación, Obama llegó a un 42,7%, y Piñera a un 27%. Los resultados son claros. Los opositores lo saben y por eso sufren. Por eso deben irse, como Osvaldo Hurtado, a dar conferencias en Washington en lugar de darlas aquí en Ecuador.
Por ello, la oportunidad de hacer un cambio real está ahí. Queda todo por hacer aún. Como escribió Acosta alguna vez, es una tarea difícil el construir democráticamente un país democrático. Pero eso fue lo que decidimos, y sobre ello debe trabajarse. Caso contrario, se construirá algo que, sea lo que sea que se termine construyendo, será en contra del espíritu de la Constitución.
Le doy mucha importancia a la insistencia del gobierno en confundir democracia electoral con democracia participativa. Pero desestimo las posturas que dicen que vivimos bajo una dictadura. No tienen sustento. Así de simple. Y desestimo aún más lo que sujetos vayan a decir en conferencias en el extranjero, pretendiendo que pueden hacer patria desde alguna ciudad lejana. Lo que importa es lo que nosotros hagamos y exijamos, con miras a construir un país de todas y de todos.
Una canción de Los Corrientes dice, con gran claridad: “soy ignorante pero no soy pendejo”. Puede muchos seamos ignorantes. Pero no somos pendejos. La tarea de demostrarlo es nuestra. De nadie más.
