Ser juez no vale un carajo.
En Ecuador, si eres juez y te atreves a tramitar -no se diga resolver- una acción de protección impopular, corres el riesgo de que un alcalde vaya a tu despacho con un centenar de personas para caerte a papelazo limpio.
Y eso no es nada.
Si en vez de solo tramitar, te atreves a resolver; si el caso no perjudica al Alcalde, sino al Presidente; y si encima tuviste la indecencia de comentar tu sentencia ante algún periodista, entonces serás acusado, ante toda la audiencia nacional, de ser un bandolero de la corrupción, demagogia y decadencia de todo nuestro sistema de justicia.
Menudo trabajito eso de ser juez.
Pregúntenle a Mariela Zunino, quien osó conceder una acción de protección del asambleísta Abdalá (Dalo) Bucaram contra el tarifario de energía eléctrica impulsado por el Gobierno Nacional.
Por ello, se ganó la ira de Carondelet. Claro, es una ira con argumentos. Solo que todos son falsos. Veamos.
Primera falsedad: la cosa juzgada.
Correa dijo que hay jurisprudencia y cosa juzgada, cuando 4 jueces anteriores habían negado medidas contra el tarifario de energía y la jueza Zunino, en cambio, aceptó la acción de protección.
Antes de Correa, toda la doctrina del mundo y, por supuesto, la ley vigente, exigían identidad de partes para que haya cosa juzgada y, además, resolución sobre el fondo del asunto que se litiga.
En otras palabras, el solo hecho de tramitar al trámite una demanda, sin haberse pronunciado sobre su contenido, no genera cosa juzgada. La razón es simple: en esa hipótesis, no ninguna cosa que haya juzgado.
Tampoco puede una decisión entre Pedro y Pablo ser cosa juzgada contra Juan, porque no hay identidad de partes. Elemental, no puedo ser "juzgado" en un proceso donde jamás intervine.
Segunda falsedad: declaración pública del fallo.
Dijo también Correa que la jueza era poco menos que la hija de Satanás por haber dicho en medios de comunicación que el tarifario violaba derechos y era discriminatorio. Según el Presidente, eso mostraba que ella estaba inclinada hacia la oposición.
Momento, momento. La jueza dijo todo eso solo después de que ya había resuelto. Y en su resolución le dio la razón a la "oposición". Es obvio que la jueza, si aceptó la acción, es porque consideró que se violaron derechos. ¿Qué de malo tiene decirlo ante un medio?¿O es que Correa esperaba que la jueza diga en el fallo que había violación de derechos, pero luego dijera ante la prensa todo lo contrario?
Por lo demás, que un juez hable ante un medio -tal como lo hace el Presidente o cualquier hijo de vecino- no tiene nada de malo. Lo prohibido es que el juez dé su opinión sobre un caso antes de resolverlo, porque eso es anticipar criterio y puede ser un delito de prevaricato. En este caso no ocurrió eso. La jueza habló cuando la sentencia ya estaba dictada.
Tercera falsedad: el nuevo tarifario.
Para colmo de males, Correa afirmó que el tarifario impugnado ante la jueza Zunino ha sido cambiado y, por tanto, hay un "nuevo" tarifario que no fue suspendido por nadie. Olé.
El Presidente olvida que, en los juicios constitucionales, existe algo llamado la garantía de "no repetición del daño".
Es fácil: si hubo una violación de derechos, la autoridad no puede repetirla. De lo contrario, la autoridad siempre podría extinguir el acto impugnado y después crear otro igualito para lograr la misma burla a la justicia que hoy anuncia, con mucho desenfado, el Presidente Correa.
Es obvio, por el contrario, que si la jueza Zunino resolvió que el "primer" tarifario es inconstitucional, entonces el "segundo" tarifario, que tiene cambios mínimos de cuantía, mas no de sustancia, está comprendido en la sentencia que ya se dictó.
La conclusión:
Todo lo anterior, por supuesto, no sirve para nada. Aquí se hace lo que el caudillo manda y los jueces se pueden ir al diablo. Si ya lo aclamamos a Nebot por eso, ¿por qué habríamos de negarle ahora el gusto a Correa?
Ser juez en Ecuador no vale un carajo. Peor aún cuando se trata de defender los derechos humanos que garantiza la Constitución.
Por tanto, la Constitución tampoco vale un carajo.
P.D. Por si acaso, aquí no interesa si la jueza Zunino resolvió bien o no, sino del principio elemental de que las decisiones judiciales deben ser acatadas por todos. Incluyendo a alcaldes y presidentes.
