Ecuador es uno de los países con menos personas vacunadas de América Latina. Hasta el 15 de marzo, 121.054 ecuatorianos habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. Eso es apenas el 0,7% de la población. Otros países de la región como Chile y Panamá superan el 33% y el 5% de su población, respectivamente. El plan de inmunización ecuatoriano estuvo repleto de irregularidades.
Comenzó con la retrasada llegada de las vacunas. El 18 de enero, Juan Carlos Zevallos, el entonces ministro de Salud, dijo en una rueda de prensa que “había un retraso en la distribución de la vacuna por parte de Pfizer”, la farmacéutica que las elabora y distribuye. Según Zevallos, la demora se debía a que la empresa se concentró en colaborar con una investigación con las autoridades sanitarias noruegas sobre la muerte de 29 personas de más de 75 años que recibieron la vacuna. A pesar de admitir que había un retraso, el exministro afirmó que él había dicho que llegarían la semana del 18 de enero, no exactamente ese día. Al día siguiente, el Ministerio de Salud anunció que las dosis arribarían el 20 de enero al país.
El primer lote de vacunas llegó a Ecuador el 20 de enero desde Ámsterdam, Países Bajos, a las 4:15 de la tarde. Las recibió la entonces vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz. También la acompañaron Zevallos y Juan Sebastián Roldán, quien en ese momento era secretario del Gabinete de la Presidencia. Zevallos y Roldán renunciaron a sus cargos en febrero. El primer cargamento fue de solo ocho mil dosis. Es decir, con esas solo se pudo inmunizar a 4 mil personas porque se deben aplicar dos dosis para que funcione correctamente.
Las controversias empezaron casi inmediatamente después de la llegada de la vacuna al Ecuador. El plan del Ministerio de Salud, que no se hizo público hasta marzo, decía que en la fase cero o plan piloto estaría el personal de primera línea, ancianos que vivan en geriátricos y el personal que los cuida. Según una infografía publicada en cuentas de Twitter gubernamentales, esta fase solo incluía a residencias públicas para ancianos. Sin embargo, Zevallos confirmó que su madre había sido vacunada en su residencia del Hospital de Los Valles, un centro médico privado de Quito. El exministro dijo que la fase 0 también incluía a los ancianatos privados y que no solo su madre vivía ahí, sino que “varios” de sus familiares también lo hacían.
En el plan piloto también se vacunó a personal administrativo y médico que no era de primera línea en varios hospitales públicos. El 23 de enero, dos días después de que comenzó oficialmente la vacunación en el país, se destituyó a dos funcionarios del Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito. El 25 de enero un grupo de médicos del hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad austral de Cuenca hicieron un plantón. Ellos reclamaban que en ese centro médico solo se había vacunado a 13 personas que estaban en primera línea de atención al covid-19. El resto de la lista incluía a médicos de otras especialidades que no trabajaban directamente con pacientes contagiados.
El Ministerio de Salud también ofreció vacunas a los rectores de universidades quienes no eran población vulnerable. La Asamblea del Sistema de Educación Superior (ASESEC) confirmó que el presidente de la Asamblea, Galo Naranjo, y otros rectores universitarios fueron invitados a participar en las siguientes fases de vacunación por el gobierno. Varios de ellos declinaron la oferta.
A finales de enero de 2021, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional le pidieron al entonces presidente Lenín Moreno que destituya a Zevallos del Ministerio. El 29 de enero la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra Juan Carlos Zevallos por presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas contra el covid-19. Según la Fiscalía, recibió “varias denuncias” en contra del entonces Ministro.
Además de pedir la destitución de Zevallos, la Asamblea también comenzó a tramitar un pedido de juicio político para destituirlo. El 20 de febrero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad dar inicio al trámite del juicio político contra Juan Carlos Zevallos.
Seis días después, la mañana del 26 de febrero, Zevallos renunció al Ministerio de Salud. En la carta que le presentó a Moreno, Zevallos dice que entrega un “país funcional”. Dijo que dejaba el cargo por “la situación política actual” con el objetivo de “posibilitar la continuidad del Plan Nacional de Vacunación”. Ese mismo día también renunció Xavier Solórzano, su viceministro de Gobernanza y Vigilancia. Zevallos dejó el país menos de 24 horas después de presentar su renuncia.
El 5 de mayo, Zevallos fue censurado. El exministro está prohibido de ejercer un cargo público en los próximos dos años.
El país no tuvo Ministro de Salud por 2 días. El 1 de marzo, el día de comenzó la fase 1 del plan de vacunación, Moreno designó a Rodolfo Farfán como el encargado de dirigir el Ministerio y continuar con el plan. Sin embargo, las controversias y las renuncias continuaron.
Ese mismo día, una jueza dispuso que se la publique y le dio un plazo de 15 días al gobierno para hacerlo. El 3 de marzo el entonces presidente Moreno dijo que ordenó la entrega de la información.
Días después, el 9 de marzo, el Farfán dijo que no era posible porque cuando alguien es vacunado se genera una historia clínica y esa información es confidencial. Sin embargo, desde el 21 de marzo se han compartido fotos de las personas inmunizadas, sus nombres, cargos y lugares de trabajo en las redes sociales del Ministerio de Salud. Esas publicaciones han sido replicadas por otras cuentas gubernamentales.
Desde febrero, la Alcaldía de Guayaquil anunció que planeaba comprar directamente la vacuna del covid-19 para su cantón. La Alcaldesa dijo que había pedido la autorización del entonces Presidente el 18 de febrero. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, tenía intenciones similares a las de Viteri. Según Yunda, había pedido la autorización de Moreno en diciembre de 2020. En su última rueda de prensa como Ministro, el 25 de febrero, Zevallos dijo que los gobiernos locales no podían comprarla directamente. Zevallos dijo que era porque había firmado cartas con las farmacéuticas en las que se establecía que solo el gobierno central podía negociar dosis.
El 5 de marzo, Rodolfo Farfán envió una carta a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) detallando el procedimiento para obtener autorización para importar la vacuna. Además de una solicitud formal enviada al Ministerio, el proceso incluía una carta oficial del laboratorio que producirá la vacuna. La AME respondió pidiéndole al Ministerio que además de indicar el procedimiento para comprar las vacunas, le delegue las competencias para hacerlo. Según la Constitución, sin una delegación expresa del Ministerio a los gobiernos locales, estos no podrían acceder directamente a las vacunas.
Hasta el momento, la solicitud de Viteri y de Yunda no ha sido aprobada. Tampoco se ha confirmado si el Ministerio delegará funciones a las municipalidades. Ante la falta de respuesta del gobierno, Viteri interpuso una acción constitucional de medidas cautelares contra la farmaceútica Pfizer y el Ministerio de Salud. Según Viteri, espera que Pfizer “cese su negativa” de negociar y vender sus vacunas al Municipio de Guayaquil.
En la fase 1 del plan se debía vacunar al personal médico, al de la Policía, las Fuerzas Armadas, profesores y encargados de la recolección de desechos. Además a quienes trabajan en sectores estratégicos y ancianos. Los primeros en ser inmunizados en esta etapa fue el personal médico de los hospitales públicos y privados que no habían sido parte de la fase 0. El 11 de marzo comenzaron a circular videos de dos estudiantes de medicina —identificados como María del Alma Cruz y Salomón Doumet— que fueron vacunados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS de Guayaquil sin trabajar ahí.
El 13 de marzo la Fiscalía abrió una investigación por presunta oferta para realizar tráfico de influencias. Las autoridades del hospital confirmaron que Cruz y Doumet no trabajaban ahí. Dijeron que habían recibido la primera dosis con la ayuda del padre de Doumet, quien era anestesiólogo en ese hospital. Danilo Calderón, gerente general del Teodoro Maldonado Carbo, dijo que los videos de Cruz y Doumet habían sido tomados cuando fueron a recibir la segunda dosis de la vacuna. Aclaró que lo hicieron porque habían quedado registrados en la base de datos del hospital al recibir la primera, pero que no estaban entre el personal autorizado para ser inmunizado. El doctor Doumet y otro funcionario del hospital fueron destituidos por el hecho.
Desde el 15 de marzo, las personas de más de 65 años debían sacar una cita para vacunarse en la plataforma del plan, pero ahí también hubo problemas. Aunque debía estar habilitada desde las 9 de la mañana de ese día, el sitio no funcionó correctamente hasta tres días después y hubo miles de reclamos en redes sociales. Según el Ministerio de Telecomunicaciones, hubo “problemas técnicos por la gran cantidad de visitas registradas”. El 16 de marzo, en medio de esos “problemas técnicos”, la Secretaría de Comunicación anunció que se inscribiría automáticamente a las personas de más de 65 años que constaban en las bases de datos del IESS y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
El 12 de marzo, cuando la plataforma todavía no estaba habilitada y cuando se estaba inmunizando solo al personal de salud, los miembros de los clubes rotarios de de Guayaquil y Samborondón fueron vacunados contra el covid-19. Los clubes intentaron justificarse diciendo que en la pandemia han dado “atención médica en diversas fundaciones o con apoyo psicológico a colegas”. Horas después de hacerse pública la jornada de vacunación, se separó de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Salud.
El 17 de marzo se hizo pública la renuncia del gerente del Plan Vacunarse, Roberto Tandazo. Según Tandazo existía “injerencia directa de entes superiores en el desarrollo del plan, la distribución del biológico y la ejecución de la campaña”. El exgerente dijo que era “preocupante la situación” del plan. Había presentado la renuncia el 13 de ese mes, pero no se la compartió hasta cuatro días después.
Como parte de su investigación contra Zevallos, el 17 de marzo, la Fiscalía allanó las instalaciones del Ministerio de Salud y la gerencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito. Según la institución, habían recibido la lista de vacunados incompleta. Desde que se confirmó que la madre del exministro Zevallos había recibido la vacuna se empezó a pedir que la lista se haga pública.
El 19 de marzo, casi dos meses después de que comenzó la vacunación en el país, el medio digital La Posta publicó una lista de personas que habrían sido inmunizadas. Incluía a ministros, expresidentes, abogados, empresarios, rectores de universidades y funcionarios del gobierno. Menos de una hora después de la publicación la Secretaría de Comunicación de la Presidencia presentó un comunicado confirmando algunos de los nombres mencionados por La Posta.
Según el comunicado, las personas que trabajan en la movilidad y seguridad de Moreno debían ser inmunizadas por su doble condición de riesgo. Moreno, cuya vacunación tampoco se hizo pública inmediatamente, es de la tercera edad y tiene un alto nivel de discapacidad. El gobierno dijo que se vacunó a Freddy Miño, quien empuja la silla de ruedas del entonces Presidente, y Liz Giler, asistente personal de Moreno. Los dos estaban en la lista publicada por La Posta. El gobierno confirmó que también se inmunizó a otros asistentes de la movilización del Moreno (quien era Presidente en ese momento), sus jefes de seguridad, su enfermera y tres personas responsables del manejo de su residencia.
Ese mismo día, mientras el gobierno anunciaba qué funcionarios ya habían recibido la vacuna, Rodolfo Farfán renunció al Ministerio de Salud. Estuvo en el cargo apenas 18 días en los que continuaron las irregularidades y las vacunaciones anticipadas que empezaron con Zevallos. La Defensoría del Pueblo aseguró que a pesar de su renuncia, Farfán deberá responder por su negativa para entregar información sobre el plan.
Ayer, 20 de marzo, Jorge Wated, entonces secretario general del Gabinete de la Presidencia, publicó la lista de los entonces Ministros que fueron vacunados contra el covid-19. Estaban inmunizados Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, y René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. También fue vacunado Julio Reclade, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Rosa Prado, Ministra de Turismo. Jarrín era otro de los nombres mencionados en la filtración de La Posta. En la lista publicada por Wated también están los dos exministros de Salud: Juan Carlos Zevallos y Rodolfo Farfán. Ambos se vacunaron antes de dejar el cargo.
Después de la renuncia de Farfán, el entonces presidente Moreno designó a Mauro Falconí como el nuevo Ministro de Salud. Falconí es médico y cirujano de profesión. Falconí fue el quinto Ministro de Salud del gobierno de Moreno. Según la Función Judicial, el nuevo Ministro de Salud tiene 35 procesos en su contra incluyendo juicios de alimentos, peculado, contravenciones de tránsito e injurias.
Cuando asumió el cargo, Mauro Falconí reveló que no había un plan de vacunación vigente, pese a que sus predecesores habían hablado del supuesto plan en varias ocasiones. Moreno dijo “nosotros pensábamos que existía (un plan de vacunación) porque en más de una ocasión se lo manifestó en los medios de comunicación pero que seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro”. El entonces Presidente dijo que Falconí había trabajado “todo el fin de semana sin descanso para poder producir un plan que realmente pueda ser de utilidad”.
Mauro Falconí ocupó el cargo por apenas 20 días. El 7 de abril, el entonces presidente Lenín Moreno le pidió la renuncia por los inconvenientes que tuvieron, ese día, decenas de ancianos para ser vacunados contra el covid-19, en el horario en el que habían sido convocados. Esa misma tarde, el entonces Presidente dijo que el plan de vacunación había tenido “algunas fallas” en el proceso de inmunización. Moreno anunció que Falconí sería reemplazado por el doctor Camilo Salinas, quien estuvo a la cabeza del Ministerio de Salud hasta el 24 de mayo de 2021, cuando terminó el gobierno de Lenín Moreno.
Con Salinas no se terminaron las irregularidades y las equivocaciones. El 26 de abril, un hombre fue detenido por presuntamente vacunarse irregularmente contra el covid-19. Poco después fue liberado cuando justificó que era un funcionario de un hospital y que no había sido vacunado anteriormente. Era la primera persona detenida por presunta vacunación irregular y luego Jorge Wated, entonces secretario general de la Presidencia de la República, dijo que fue liberado cuando se comprobó que ese no era el caso.
Varios periodistas reclamaron en redes sociales por qué no se había detenido a personas en los otros casos de presunta vacunación indebida. Jorge Wated les respondió en su cuenta de Twitter que la Fiscalía estaba manejando esa investigación. La Fiscalía todavía no ha dado más información sobre cómo avanzan los casos de vacunación irregular que se han denunciado anteriormente.
El desorden, sin embargo, continuó. El 27 de abril el entonces Ministro de Salud, Camilo Salinas, pidió “mil disculpas una vez más” por la desorganización y las largas esperas en el proceso de vacunación del día anterior. El 26 de abril cientos de personas esperaron fuera del Colegio Sebastián de Benalcázar en Quito, uno de los mayores puntos de vacunación del país, para recibir la segunda dosis de vacuna contra el covid-19. Sin embargo, el Ministerio dijo que el desorden fue causado por mensajes “falsos y malintencionados” que los convocaron a recibir la dosis de la vacuna cuando no les correspondía.
El gobierno de Lenín Moreno se había comprometido a vacunar a 2 millones de personas (con una sola dosis) hasta el 20 de mayo, pero no lo consiguió. El 13 de mayo, Salinas y Moreno confirmaron que la meta sería incumplida. Los dos dijeron que se debía a retrasos en la entrega de las dosis de las farmaceúticas. Además, insistieron en que los anticipos habían sido pagados y que el presupuesto para los 20 millones de dosis que compraron estaba asegurado.
Sin embargo, finalmente el gobierno de Moreno sí llegó a los 2 millones de dosis aplicadas pocas horas antes del cambio de mando, el 23 de mayo pasado. La cifra de personas que recibieron las dos dosis era mucho menor: Moreno terminó su gobierno con solo 467 mil personas con segunda dosis. Es decir, apenas el 2,6% de la población ecuatoriana estaba totalmente inmunizado.
