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Una mancha de petróleo que jamás se borra

Tras el derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, varias comunidades han sido afectadas y su acceso a alimentación o agua es nulo. Empresas petroleras les piden firmar un acta a cambio de la recepción de kits alimenticios.
  • comunidades indígenas denuncian entregas de kits

    Habitantes de San Pedro de Río Coca observan las manchas de crudo en las orillas del río. Fotografía de Telmo Ibarburu.

Cerca de las 5 de la mañana del 8 de abril de 2020, un niño de la comunidad kichwa de San Pablo fue a pescar con su familia en el río Coca. Como es costumbre, se metió al río a nadar. Cuando salió, todo su cuerpo estaba manchado de petróleo. 

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Un día antes, en las noticias de todo el país se anunciaba la rotura de los dos oleoductos del Ecuador: el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) causada por la erosión en el sector de San Rafael. Todos sabían lo que había ocurrido, menos las comunidades más cercanas a la contaminación. 

Después del derrame, la historia está llena de irregularidades, propios de los desastres ambientales. Las comunidades denuncian que la ayuda ofrecida por el Estado y las empresas Petroamazonas y OCP ha sido insuficiente. 

El 5 de junio, casi dos meses después del derrame, la empresa OCP comunicó en sus redes sociales “hemos entregado más de 9.551 kits a las más de 24.956 personas afectadas por el evento de fuerza mayor que ocurrió en abril”. Además dijo que conocían su responsabilidad y se estaban“haciendo cargo”. Pero varias personas de las comunidades afectadas han denunciado que una de las empresas petroleras responsables del desastre les pide firmar un acta a cambio de recibir mascarillas o kits alimenticios. Con la firma del acta, sostienen, estarían renunciando a cualquier reclamo judicial.

Al principio, les decían que era un acta de entrega y recepción. “Luego leímos que dice que los kits alimenticios están siendo parte de la compensación que nos están dando”, dice Verónica Grefa, presidenta de la comunidad amazónica de Toyuca. Eso no es todo: sin la firma del acta las personas no pueden recibir la asistencia. “Cuando llegan a las comunidades, ellos les hacen firmar de ley porque si no firman no les dejan los kits alimenticios”, dice Grefa. A muchas personas de las comunidades no les queda más que aceptar.

Muchos de estos kits no alcanzan a alimentar a familias de cinco o más miembros. Además, muchos de los víveres entregados no corresponden a la dieta de una comunidad indígena amazónica. Para el antropólogo e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Fernando García, no ha habido un interés especial de las empresas por hacer un acercamiento real a las comunidades. 


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“No se han tomado en cuenta las necesidades culturales que tiene la gente respecto a su alimentación y las necesidades culturales que tiene la gente kichwa respecto a la reparación”, dice. Las provisiones apenas les alcanzan para sobrevivir. Grefa dice que el acceso al agua para tomar es lo más difícil. Ahora, sin el río, “la mayoría está consumiendo el agua de lluvia”. También, dice Grefa, muchos siguen “consumiendo el pescado del mismo río”. 

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Después de que el niño saliera del río manchado, sus padres no sabían qué hacer. ¿Cómo se limpia a un niño manchado de crudo en medio de la selva? Lo único que lograba quitarle el petróleo del cuerpo era gasolina. Según la abogada de las comunidades indígenas afectadas, Verónica Potes, la decisión de emergencia de limpiarlo con gasolina fue usada por uno de los abogados de la contraparte en la audiencia de acción de protección y medidas cautelares que varias organizaciones indígenas y comunidades presentaron contra el Estado por el derrame. “Dijo que las víctimas se ponían en riesgos porque la mamá del niño que estaba bañado en petróleo dijo que para sacarle el petróleo había tenido que usar gasolina”, recuerda Potes. 

Para Potes, que el niño haya quedado embarrado de petróleo era evitable. La empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador informó, mediante un comunicado, que lo que desencadenó la rotura de la tubería fue la erosión en el cauce del río Coca. Según la empresa, “el bombeo de crudo se suspendió a las 17h30” del 7 de abril del 2020.  “Si a las 9 de la noche cuando se enteraron del último derrame las petroleras hubieran corrido a las comunidades a avisar, lo más probable es que el niño no se hubiera metido al agua”. Pero nadie dio aviso alguno. La medida de la madre del niño fue la única opción que tenía en una situación desesperada. “¿Cómo responden eso?”, se pregunta Potes. “No le pueden echar la culpa a la mamá”.

Evitable era, según varios expertos, no solo que el niño se manchara de petróleo, sino la rotura de los oleoductos. El Estado y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica y sus constantes deslaves y fuertes lluvias. 

Además, en febrero de 2020, tras el colapso de la cascada San Rafael, en la misma zona en que se rompieron los tubos, los científicos advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. “Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó”, dice un comunicado de Amazon Frontline Defenders —una ONG que apoya las luchas de los pueblos indígenas para defender sus derechos a la tierra, la vida y la supervivencia cultural en la selva amazónica.

Viviana Idrobo, una de las abogadas que defiende a los afectados en la acción de protección, cuenta que los abogados del Estado sostienen que en el caso del derrame es “un caso de fuerza mayor, que nunca pudieron prever”. Sin embargo, dice que desde que colapsó la cascada, era evidente a simple vista cómo la erosión regresiva del río se aproximaba a los tubos. “Ha sido una negligencia enorme”, dice. Para Potes, la fuerza mayor no se aplica en casos como los del derrame. Explica que cuando alguien incurre en actividades que ponen en riesgo a otros no se puede invocar la fuerza mayor. “Fuerza mayor sólo la exime, y esto lo dice el Código Ambiental, si el suceso era imprevisible y si era inevitable”, dice Potes. 

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Que estas comunidades amazónicas ribereñas dejen de tener una relación con el río es un grave problema. No solo ambiental, sino cultural. Para muchos indígenas ir al río es una costumbre. “El río forma parte de su hábitat desde que nacen hasta que mueren” dice el antropólogo Fernando García. La vida económica, social y organizativa de nacionalidades como la kichwa se da a partir de la relación con el río. “Es fundamental en su vida en su vida diaria. Es un lugar de lavado de ropa, espiritual y de socialización”, dice García. El agua les sirve, además, para cocinar, dar de beber a sus animales y regar sus sembríos. 

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Los efectos del derrame han sido devastadores. Desde la rotura de los oleoductos no han parado de circular imágenes de personas de diferentes comunidades con graves afecciones a la piel. “A muchas personas les salen erupciones en las manos”, dice Verónica Grefa. “A mi madre, se le han ido pelando las manos, y estamos teniendo erupciones cutáneas, manchas en la piel. Las personas que se metieron directamente al agua les quema la piel, dolor de cabeza, entonces esto está sucediendo ahorita y no sabemos qué problemas vamos a tener a futuro”, dice Grefa. Se estima que se derramaron alrededor de 15.000 barriles de crudo —una tragedia ambiental y social que tuvo varias advertencias que fueron desoídas, dejando huellas imborrables en comunidades enteras.

Ana Cristina Basantes
(Ecuador 1995) Periodista de GK. Cubre la migración de mujeres y niños desplazados por la crisis humanitaria venezolana, y conduce una serie de videos sobre la vida de los pueblos amazónicos del Ecuador.