Cuando Andrea* tenía 12 años, su hermano mayor abusó sexualmente de ella. Hace pocos meses, Andrea le contó a su mamá lo que había pasado cuando era niña, pero ella no le creyó. Hoy, Andrea, su mamá y su hermano viven en la misma casa y están juntos mientras dura el aislamiento social impuesto como una forma de evitar el contagio de covid-19 en el Ecuador. 

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Andrea está desesperada, hay momentos en los que no puede dejar de llorar, ni meditar o el yoga le dan tranquilidad en estos días. Su único refugio es un encierro dentro del encierro: “Paso en mi habitación, yo puedo hacer eso, pero pienso en todas las mujeres y niñas que no pueden hacer eso y tienen que verle a su agresor todo el tiempo”, dice. 

Antes de la crisis, Andrea salía todas las mañanas a estudiar y trabajar. No estaba en su casa demasiado tiempo y no coincidía nunca con su hermano, pero el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al covid-19 una pandemia. Esa noche, el Ecuador decretó una emergencia sanitaria y, como muchos otros países, impuso un obligatorio y necesario aislamiento social. La vida de todos cambió: se suspendieron clases, se cancelaron las jornadas presenciales de trabajo, los locales comerciales cerraron, las pérdidas económicas empezaron a acumularse. La medida era una forma de evitar la propagación del virus, pero para Andrea el encierro significa la elección entre dos males: afuera donde rondaba la pandemia, dentro de casa, la violencia sexual. 

El caso de Andrea no es único, sino un patrón: ya ha sido señalado como una preocupación por ONU Mujeres. En el informe Covid-19 en América Latina y El Caribe: Cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis dice que en la emergencia por la enfermedad causada por el coronavirus las sobrevivientes enfrentan más obstáculos para buscar protección por las restricciones de circulación. Hay varias causas para que este tipo de delitos aumente en tiempos de crisis, pero un artículo reciente de la revista estadounidense The Atlantic, señala el estrés, el consumo de alcohol y las dificultades financieras (sumadas el aislamiento social) como desencadenantes. Además, los agresores podrían usar al aislamiento como una forma de control y evitar que las mujeres puedan buscar apoyo. 

Este encierro, dice la especialista en derechos de las mujeres, Fernanda Vanegas, empeora la situación de muchas víctimas. “Al permanecer todo el día en sus casas están más expuestas a la violencia de género porque están aisladas con su agresor”, dice Vanegas. Como en un terremoto un guerra, las mujeres y las niñas son los grupos más expuestos en una emergencia sanitaria como ésta. En Nueva Zelanda luego del terremoto en Canterbury en el 2011, creció en un 53%. En Estados Unidos, en 2005, después del paso del huracán Katrina, los ataques físicos contra las mujeres aumentó en el 98%. 

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No hay datos exactos sobre cuánto aumentó en Ecuador luego del terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas, pero las organizaciones internacionales y de la sociedad civil saben que en situaciones de emergencia, las desigualdades de género pueden empeorar y el riesgo aumenta. En en ese momento se denunciaron tres casos dentro de los albergues, tentativa de femicidio y de abuso sexual, según el libro Posterremoto gestión de riesgos y cooperación internacional: Ecuador.

Ahora, el toque de queda ordenado en el Ecuador ha ido creciendo: desde el 25 de marzo de 2020 la restricción rige en todo el país desde las dos de la tarde hasta las cinco de la mañana. A medida que se amplía, crecen también los peligros para mujeres como Andrea. 

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Miriam fue golpeada por su esposo el lunes 16 de marzo —el día en que empezaba el aislamiento. Luego de la agresión, la mujer de 27 años, que vive en Bahía de Caráquez, una pequeña ciudad costera del Ecuador, llamó a Andrea Quijije, una de las coordinadoras del Movimiento de Mujeres La Merced, para reportar la agresión. Quijije le pidió a la Policía Nacional que la acompañara a la casa de Miriam para ayudarla, a pesar que Miriam al principio no quería que nadie fuera.

Cuando llegaron, fue difícil convencer a Miriam de que saliera. Cuando accedió, la ayudaron a sacar su ropa. Miriam estaba muy asustada y no quiso ir al hospital, y los policías también descartaron llevarla por la crisis sanitaria. Ahora Miriam está en la casa de su madre, y dice que su esposo le envía mensajes insistiéndole que regrese. Ella no quiere. 

Según un informe de 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC por su siglas en inglés), el lugar más peligroso para una mujer es el hogar. En 2017 a nivel mundial, seis de cada 10 femicidios fueron cometidos por la pareja o familiares cercanos de las mujeres y las niñas asesinadas. 

Amparo Peñaherrera es coordinadora de Casa Amiga —la casa de acogida de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos— y dice que habilitaron un espacio para recibir a las mujeres y sus familias que necesiten refugio durante la emergencia sanitaria. Las mujeres y los hijos que lleguen pasarán una revisión médica para descartar que tengan covid-19 y estarán en aislamiento si presentan síntomas. Hasta el 25 de marzo de 2020, no ha llegado ninguna mujer a la Casa Amiga. Peñaherrera cree que si hay una crisis violenta en el toque de queda y  “la mujer busca ayuda, la situación será limitante porque no hay como circular, cómo sales de una comunidad si no tienes transporte”, dice. 

En Bahía de Caráquez, dice Quijije, otro problema es que las tenencias políticas de las parroquias rurales del cantón están cerradas, “entonces dónde van las mujeres, dónde ponen sus denuncias”. Además, en ciertas ocasiones la policía no quiere ir a las casas de las mujeres agredidas. “La policía no está dando la debida atención porque para ellos la prioridad es el tema de la emergencia sanitaria”, dice Quijije. 

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Las autoridades de género y organizaciones ciudadanas en diferentes países han tomado previsiones que sirven como guía. La Secretaría de Igualdad de Francia alertó que el aislamiento puede generar violencia de género y, para proteger a las mujeres que podrían sufrirla, tiene una línea telefónica que recibe denuncias las 24 horas (el servicio ya funcionaba antes de la crisis por el covid-19).

En Ecuador, el Servicio de Protección Integral (SPI) de la Secretaría de Derechos Humanos atiende a través de la línea 1800-Delito las agresiones que se den durante la emergencia sanitaria. Según una respuesta a un pedido de información a la Secretaría, los psicólogos, trabajadores sociales y abogados de las 45 oficinas del SPI están atendiendo bajo la modalidad de teletrabajo. Pero este Servicio, en enero de 2020, no atendía completamente porque muchos de sus funcionarios fueron despedidos por un recorte de presupuesto. Es incierto cómo funciona hoy, a finales de marzo, la línea. 

El Sistema Integrado de Seguridad 911 también está disponible, pero  Pilar Rassa, abogada integrante de Surkuna, una fundación que promueve los derechos de las mujeres, las líneas están colapsadas. “Tenemos conocimiento de mujeres que dicen que no les responden”. Según Rassa, la crisis sanitaria ha hecho que nos olvidemos de un tema tan urgente.

Organizaciones ciudadanas y defensoras de los derechos humanos en el país están trabajando y ayudando a mujeres que necesiten asistencia legal o psicológica. Surkuna activó el número de celular 0999928032 para en el que dan orientación. Rassa dice que en estos días han recibido llamadas pidiendo atención por violencia psicológica. Algunas mujeres reportan que exparejas, con las que ya no viven, les envía insultos y amenazas por mensajes de WhatsApp.

Surkuna organizó un encuentro virtual el 19 de marzo para dar consejos y guiar a las mujeres sobre qué hacer si sufren agresiones de género en estos momentos de emergencia. “Lo importante es estar siempre comunicadas, para lograr que todos los problemas y la violencia que vayamos viviendo podamos manejarla y actuar de manera oportuna”, dijo en la viodeollamada Ana Vera, una de las abogadas de Surkuna. Vera explicó que las Unidades de Flagrancia de la Fiscalía (que reciben delitos cometidos en las últimas 24 horas) están atendiendo en la mayoría de oficinas del país a pesar de la emergencia.

En estos casos, el celular puede ser una herramienta vital. La Secretaría de Derechos Humanos, dice que es recomendable tener el móvil cerca para denunciar agresiones. Los vecinos y familiares que atestiguen los hechos deben reportarlos. Loreto Bravo, experta en tecnologías de Digital Defenders Partnership — una organización en favor de los derechos humanos y que trabaja contra los ataques digitales— recomienda cambiar la contraseña del celular para mantener la privacidad de las conversaciones con alguna abogada o acompañante a la distancia, evitando que el agresor puede usarlas.

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La violencia de género suele ser una amenaza silenciosa. En épocas de aislamiento y crisis, puede convertirse en casi invisible.  “Yo no sé cómo manejar esto, a pesar que yo paso en mi habitación todo el tiempo” , dice Andrea. Como ella muchas mujeres están llevando una carga psicológica doblemente pesada en esta necesaria cuarentena. Y la sociedad no debe olvidarlas. 

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