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    El 30 de mayo de 2019 una revuelta en la Penitenciaría del Litoral dejó seis muertos. De ellos cinco fueron identificados, el otro fue incinerado y no ha sido reconocido. Según el entonces director de la Penitenciaría, Alfredo Muñoz, fue una confrontación entre bandas. Los 6 fallecidos estaban en distintos pabellones, tres de ellos de mínima peligrosidad. Uno de los fallecidos era hermano de alias Gorras, un conocido sicario del sur de Guayaquil. También fueron atacados guías de la Penitenciaría. Cuatro personas fueron detenidos.

    El comandante de la zona 5, el general Ramiro Ortega, afirmó que la Policía tomó el control de la Penitenciaría, que 500 policías estaban en el lugar y que se encontró un arma de fuego y armas blancas. En los exteriores del lugar los familiares de los presos lanzaron piedras a los oficiales después de que se reportara el enfrentamiento y empezaran a circular fotografías de las víctimas. Una barrera de al menos 40 policías y militares protegían el ingreso a la Penitenciaría del Litoral.

    Muñoz dijo que el incidente debía a venganzas internas y no estaba relacionado con otros incidentes de la Penitenciaría.

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    Lo sucedido en mayo de 2019 no son incidentes aislados. Entre enero y mayo de este año se han perpetrado 15 crímenes en los centros penitenciarios del país, por lo que la Policía reestructuró el control en cuatro cárceles. La Policía designó a ocho coroneles en los centros de rehabilitación de Cotopaxi, Turi (Azuay), El Rodeo (Manabí) y la Penitenciaría (Guayas).

    En 2018, en la cárcel de El Turi en Azuay,  los internos se amotinaron. No hubo fallecidos. El incidente fue causado, según Lizardo Martínez exministro de Justicia, una pugna de poderes en el pabellón de máxima seguridad. En la cárcel de Latacunga en lo que va del 2019 murió una persona detenida por un ajuste de cuentas. Otra persona se suicidó en el Centro de Detención Provisional de El Inca en Quito.

    Mientras que en la Penitenciaría del Litoral, en enero de 2019, una persona falleció. En otro incidente 26 personas, 21 policías y 5 civiles fueron detenidas por ingresar  armas en una ambulancia. El 26 de abril algunos internos intentaron destruir estructuras y saquear el pabellón de mediana seguridad, días antes se registraron dos personas fallecidas  y siete heridos en medio de una balacera.  Y tres presos se fugaron tres días antes del incidente del 30 de mayo.

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    • Fotografía de julio 2019

    Tres presos se fugaron de la Penitenciaría del Litoral, en la madrugada del 27 de mayo de 2019. Los prófugos sometieron con un arma a 4 guías penitenciarios, colocaron una escalera sobre uno de los muros y huyeron. Según Alfredo Muñoz, entonces director de la Penitenciaría del Litoral, la fuga se produjo cuando se dio alarma de un supuesto herido. El guía que estaba a cargo abrió la puerta del pabellón para asistirlo y fue retenido por los internos armados.

    Muñoz dijl que el número de guías era deficiente respecto a la cantidad de detenidos, que superan los 10 mil,  y que se espera que se sumen 500 guías.

    Antes de irse, los fugados dejaron amenazas de muerte al Director con los guías sometidos.

  • Scroll 4

    Ante los casos de violencia en las cárceles, el el 16 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción del Sistema de Rehabilitación Social del país. Según el Decreto Ejecutivo 741, el objetivo de la medida es “atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria.”. La medida también dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden y prevenir incidentes violentos dentro de los centros a nivel nacional. El estado de excepción durará 60 días desde su emisión.

    El estado de excepción y sus medidas se aplicarán en todos los centros de privación de libertad a nivel nacional, sin ninguna exclusión. Dentro del estado de excepción también está prevista la contratación de chalecos antiagresiones, de gas pimienta, de pistolas eléctricas, entre otros.

    El 28 de mayo, el gobierno expidió el Decreto Ejecutivo 754, que aclara las funciones de las autoridades durante el  estado de excepción. Las Fuerzas Armadas realizarán el control de armas en el primer filtro de ingreso y la Policía reforzará el control interno y perimetral.

    Luego del incidente del 30 de mayo de 2019 se suspendieron las visitas y los trámites judiciales en la Penitenciaría del Litoral. Los controles del Ministerio del Interior se extendieron a otras tres cárceles. Además, se reubicó a 90 presos y se reemplazó a las autoridades.

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    Después del decreto de Estado de Excepción, el 1ero de junio, Byron Vallejo, director de Contingencias Penitenciarias, y José Vargas, subsecretario de Policía, informaron sobre las medidas tomadas para reducir las situaciones de violencia y criminalidad en las cárceles del país. Esta medida fue aplicada en cárceles de Cuenca, Latacunga, Guayaquil y Portoviejo.  Ellos indicaron que se reorganizó el control de los centros carcelarios. Se ha identificado, separado y reubicado por conducta a 90 internos. También se destinaron 2.600 policías para pacificar la situación en las cárceles de las ciudades mencionadas.
  • Scroll 7

    Después del decreto de Estado de Excepción, el 1ero de junio, Byron Vallejo, director de Contingencias Penitenciarias, y José Vargas, subsecretario de Policía, informaron sobre las medidas tomadas para reducir las situaciones de violencia y criminalidad en las cárceles del país. Esta medida fue aplicada en cárceles de Cuenca, Latacunga, Guayaquil y Portoviejo.  Ellos indicaron que se reorganizó el control de los centros carcelarios. Se ha identificado, separado y reubicado por conducta a 90 internos. También se destinaron 2.600 policías para pacificar la situación en las cárceles de las ciudades mencionadas.
  • Scroll 5

    Después del decreto de Estado de Excepción, el 1ero de junio, Byron Vallejo, director de Contingencias Penitenciarias, y José Vargas, subsecretario de Policía, informaron sobre las medidas tomadas para reducir las situaciones de violencia y criminalidad en las cárceles del país. Esta medida fue aplicada en cárceles de Cuenca, Latacunga, Guayaquil y Portoviejo.  Ellos indicaron que se reorganizó el control de los centros carcelarios. Se ha identificado, separado y reubicado por conducta a 90 internos. También se destinaron 2.600 policías para pacificar la situación en las cárceles de las ciudades mencionadas.
  • Scroll 8

    En Ecuador, hasta enero de 2019 se contabilizaban más de 38 mil presos. 24 mil tienen sentencia. Los demás esperan resolver su caso. 800 tienen boleta de apremio y 600 se encuentran privadas de libertad por alguna contravención menor.  En el país existen 55 cárceles, 29 son Centros de Rehabilitación Social y 26 Centros de Detención Provisional. En total tienen capacidad para 27 mil personas, es decir faltan más de 10 mil plazas para que los internos no estén hacinados.
  • Scroll 9

    El artículo 534 del COIP  establece la finalidad y requisitos para la prisión preventiva. La prisión preventiva es una de las seis medidas cautelares “para asegurar la presencia de la persona procesada” en el juicio. Las otras cinco son la prohibición de ausentarse del país. la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, el arresto domiciliario, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (comúnmente conocido como grillete), y la detención.
  • Scroll 10

    El martes 11 de junio de 2019 hubo otro crimen atroz en la Penitenciaría del Litoral. Un recluso falleció, un policía resultó herido y miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) fueron secuestrados.

    El fallecido sería uno de los líderes de la banda Los Cubanos, identificado como William Humberto Poveda Salazar, alias Cubano, quien cumplía una sentencia de 25 años por asesinato. Edmundo Moncayo, director del Sistema Penitenciario, explicó que varios reos de la banda Los Choneros habrían ingresado a los pabellones de máxima seguridad TEDA 3 y 4, y habrían degollaron y quemado a Poveda. Además, secuestraron a personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes después de un proceso de negociación, fueron liberados.

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