Organizaciones de la sociedad civil demandaron a tres Estados latinoamericanos —Ecuador, Guatemala y Nicaragua— por obligar a niñas a continuar con embarazos no deseados. O dicho de otra manera, por negarles la posibilidad de un aborto seguro que les permita elegir entre ser madres o no. La demanda fue en nombre de cuatro niñas de estos tres países —Susana, Norma, Lucía y Fátima— y se hizo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Con esta demanda, se busca reparar los derechos de las niñas y que el Comité recomiende a los estados legalizar el aborto por violación.

El 29 de mayo de 2019, representantes de Surkuna, Fundación Desafío y el Observatorio Social de Ecuador anunciaron la demanda por el caso de Norma, una niña de 13 años que fue violada por su padre y quedó embarazada. Norma fue a un hospital público en Quito y pidió abortar, pero se lo negaron.

La demanda regional busca mostrar los abusos a los que se enfrentan las niñas y cómo sus derechos humanos son violados sistemáticamente por los gobiernos. Según el colectivo Niñas, No Madres, en Guatemala 2 mil 256 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en 2018, en Nicaragua 8 de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual son menores de 13 años, y en Ecuador, 2 mil 700 niñas menores de 15 años dan a luz cada año.

Mayra Tirira, abogada de Surkuna —fundación que apoya legalmente a mujeres víctimas de violencia—, dijo que después de presentar la demanda, deben esperar la fase de admisibilidad. En esa etapa, la Comisión revisa si es que se han agotado todos los recursos legales dentro del país. Es decir, que ya no hay nada más que hacer porque ya se han presentado denuncias que no han prosperado y tampoco se puede apelar. Si la demanda es admitida por el Comité, luego se tratará el “fondo del asunto”, dice Tirira, es decir que se analizará si hubo una vulneración a los derechos.

“Normalmente los tiempos son bastante extensos. Esperamos que al cabo máximo de cuatro años tener un dictamen a favor de los derechos de Norma y las otras niñas”, dijo Tirira. Según la abogada, la demanda se hizo ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU y no ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “principalmente por el tiempo”. Una demanda ante la CIDH podría tardar hasta 13 años.