¿Cómo se resolvió el pedido de medidas cautelares hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los miembros del CPCCS?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó el pedido de medidas cautelares que le había hecho la Comisión en nombre Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador.

En una resolución dictada el 8 de febrero de 2018, y negó las medidas que buscaban suspender el nombramiento de un Consejo de Participación transitorio, de acuerdo a lo resuelto en la pregunta 3 de la Consulta Popular del 4 de febrero del mismo año.

En su fallo, la Corte dijo que,  para otorgarlas, debía analizar si se cumplía la convergencia de  tres requisitos: extrema gravedad, urgencia, y que se trate de “evitar daños irreparables a las personas”.

Según el tribunal internacional, debido que la consulta popular en la que se hizo la pregunta 3 “se llevó a cabo el día 4 de febrero de 2018, el petitorio de los propuestos beneficiarios el cual se relacionaba con la posibilidad de suspender los comicios quedó sin objeto”.

PUBLICIDAD

Sobre los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, dijo que para que la Corte conceda las medidas debían coincidir en el hecho denunciado como potencialmente dañino —es decir, no bastaba con que se encuentren uno o dos, sino que debían encontrarse todos.

Sobre el argumento de que existía ‘extrema gravedad”, la Corte dijo que no le correspondía “pronunciarse sobre los derechos presuntamente vulnerados en perjuicio de los propuestos beneficiarios de las medidas provisionales en el marco del procedimiento de referéndum que tuvo lugar el pasado 4 de febrero”. Dijo, además, que no le correspondía efectuar “un análisis de convencionalidad sobre las actuaciones de las autoridades internas que culminaron con la organización de esos comicios”.

La convencionalidad es un principio jurídico creado por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (la Comisión y la Corte) para analizar si las actuaciones de las autoridades de los Estados se apegan a lo previsto en las Convenciones y Tratados Internacionales aplicables para cada caso. Eso, dijo la Corte, podría eventualmente ser debatido ante la Comisión Interamericana, “conforme a las reglas establecidas en la Convención y en el Reglamento del señalado órgano del sistema interamericano”.

La Corte dijo, también, que varios de los argumentos alegados por la Comisión para justificar la extrema gravedad de la situación estarían atados “al fondo del caso” y que no le resultaba posible distinguir claramente entre “aquello que corresponde a lo estrictamente cautelar y aquello propio a dirimirse en el fondo de la petición que fuera sometida ante la Comisión”. Esto quiere decir que la Corte considera que otorgar las medidas cautelares sería como resolver si existieron o no las violaciones alegadas en el caso que Jarrín, Pauker y Vera llevaron ante la Comisión, por lo que no cabría que el tribunal se pronuncie de forma anticipada.  

La Corte dice en su resolución que la solicitud de la Comisión pedía ordenar al Estado ecuatoriano que se abstenga de implementar los resultados de la consulta popular del 4 de febrero, lo que “implica un prejuzgamiento sobre la convencionalidad del procedimiento surtido para llevar a cabo el referendo constitucional llevado a cabo el 4 de febrero en Ecuador”. Ese análisis, dice el Tribunal no es propio de la naturaleza de una medida provisional.

La Corte dijo, además, que la Comisión había señalado dos niveles de potenciales beneficiarios de las medidas cautelares: Jarrín, Pauker y Vega, y “otro abstracto e indeterminado que podría referirse a la sociedad en su conjunto o a la población de Ecuador”. Sobre este punto, el Tribunal recuerda que la protección de una pluralidad de personas requiere que al menos éstas sean “identificables y determinables”, requisito que no se configura en el presente caso.”

Por último, la Corte dice que  “no puede dejar de advertir que la Comisión, por un lado desechó una solicitud de medidas cautelares sobre un asunto de similar naturaleza, y por otro lado requirió la adopción de medidas provisionales en un asunto de similar naturaleza argumentando extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad”. La Corte dice que le llama la atención que la Comisión haya tenido el pedido de medidas bajo su conocimiento por más de un mes, pero recién lo haya activado “una vez que ya fuera celebrado el referéndum, es decir después que la ciudadanía expresara su respuesta afirmativa a la pregunta formulada relacionada con el objeto de la solicitud”.

Por esas razones, la Corte desestima el pedido de las medidas cautelares, pero al final dice que el Estado ecuatoriano “deberá garantizar los mecanismos idóneos para que los peticionarios puedan agotar las vías internas pertinentes para reclamar los derechos y resarcimientos que estimen se les estarían vulnerando”.

¿Qué medidas cautelares había solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte IDH a favor de los miembros del CPCCS?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 6 de febrero de 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, actuales miembros del CPCCS, para que se ordene al Estado abstenerse “de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador y de crear un Consejo Transitorio”.

¿Por qué pidió la Comisión que se dicten estas medidas cautelares a favor de los miembros del CPCCS?

La Comisión IDH recibió el 28 de diciembre de 2017 una solicitud de medidas provisionales a favor de los miembros del CPCCS. Esta solicitud hacía referencia a la pregunta 3 de la Consulta Popular convocada por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que fue votada el 4 de febrero de 2018, y mediante la cual se reformará el CPCCS.

Además, la Comisión decía que existía una situación de extrema gravedad, urgencia y que podía causar daños a determinadas personas (los miembros del CPCCS) porque: se habría utilizado mecanismos de participación popular para evadir los procedimientos de destitución de funcionarios establecidos en el propio marco normativo interno; la creación de un CPCCS transitorio con amplias facultades de remoción de los funcionarios del más alto nivel de varios poderes del Estado constituía un caso de gravedad, y que la ausencia de control constitucional previo de carácter sustantivo, sobre la validez de las preguntas formuladas.

¿Qué es un caso de “extrema gravedad y urgencia”?

Según el artículo 63 literal dos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) se considera como caso de extrema gravedad y urgencia una situación en la que sea necesario “evitar daños irreparables a las personas, la Corte, o en los asuntos que esté conociendo”.

¿Qué dijo la Comisión IDH sobre el nombramiento de los nuevos miembros del CPCCS?

La Comisión pedía que el Estado ecuatoriano se abstenga de destituir a los miembros del CPCCS. También quería que la Corte ordene al Ecuador no designe un Consejo Transitorio, ya que esto podría provocar “riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos”.

¿Qué reacciones generó el rechazo de las medidas cautelares?

El presidente Lenín Moreno celebró, a través de su cuenta de twitter, que la Corte haya acogido “los argumentos de defensa del Estado Ecuatoriano y deseche la solicitud de medidas provisionales solicitadas por la CIDH” ante esto aseguró que “Triunfa el derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¡Viva la democracia!”

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa dijo también en twitter que  “después de tanto trabajo desde el Gobierno y la Procuraduría”, sentía satisfacción al conocer que la Corte IDH rechazó, con cuatro votos a favor y dos en contra, la solicitud de medidas provisionales.

El expresidente Rafael Correa también se pronunció sobre la decisión de la Corte IDH . “La Corte Interamericana niega medidas provisionales, esto es, la suspensión de los efectos de la pregunta 3 de la “consulta”, pero, en lo de fondo,  lloverán los juicios contra el Estado por las inconstitucionales destituciones e, incluso, por la ley “retroactiva” de la pregunta 2, que afecta el derecho de participación política de miles de ecuatorianos”.

¿En el pasado cuándo se han dictado estas medidas en casos relacionados al Ecuador?

La Corte IDH ya ha otorgado medidas provisionales en el Ecuador. Un ejemplo es el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku que las recibió en julio de 2004, en junio del 2005, diciembre de 2009 y en febrero de 2010 , luego de que el Estado ecuatoriano otorgara una concesión petrolera en tierras ancestrales sin antes consultarlo con esas comunidades indígenas. Esta acción fue considerada por la Corte IDH como una violación a los derechos humanos de los indígenas.

En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia dentro en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. En su fallo, estableció la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, a la vida e integridad personal. También obligó al Estado a desactivar y retirar la pentolita (explosivos utilizados para extraer petróleo) en superficie y enterrada en el territorio del pueblo Sarayaku, así como consultarle si autorizaba realizar actividades extractivas o de de cualquier otra índole que  pudiese afectar a su territorio.

Los hermanos Salvador Chiriboga recibieron, en 2005 medidas provisionales por parte de la Corte IDH. El caso trataba de la vulneración de sus derechos en 1991, cuando el Municipio de Quito les expropió 60 hectáreas donde hoy está el parque Metropolitano. Esta acción se dio durante la administración municipal de Rodrigo Paz. Los hermanos Salvador Chiriboga interpusieron varios procesos y recursos ante las instancias estatales, para evitar que este terreno se declare de utilidad pública, sin embargo no lograron impedirlo.

Aunque el caso se presentó ante la Comisión CIDH en 1998, se reactivó apenas en 2005. En ese año, los hermanos Salvador Chiriboga ricibieron medidas cautelares por parte de la Corte. En 2008, se dictó sentencia contra el Estado.  En 2011  se ordenó el pago de una indemnización económica de 28,2 millones de dólares.

El 19 de enero de 2014 la Comisión IDH recibió una solicitud de medidas provisionales, con el objetivo de “proteger la vida, la integridad personal, el derecho a la familia y el derecho a la identidad” de dos niñas indígenas Taromenane en situación de aislamiento voluntario en la selva amazónica ecuatoriana, luego de que fueron secuestradas por indígenas huaorani. Aunque estas medidas fueron rechazadas por la Corte IDH al considerar que el Estado había tomado “medidas concretas que han mitigado la situación de extrema gravedad, urgencia y posibilidad de la consumación de un daño irreparable que inicialmente fuera presentado por la Comisión en su solicitud”.