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La tarantinesca venganza de Lenín Moreno

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Para muchos, la política reciente en el Ecuador se parece demasiado a House of Cards pero en realidad es una versión tropiandina de Kill Bill. Piénsenlo: un exaliado que se daba por muerto (o al menos, ningún peligro para nuestro Bill, ahora en su ático belga) reaparece y, solitario, combate a un ejército de cómplices hasta llegar a su antiguo mentor, supuesto victimario y hoy enemigo mortal. Solo falta que al célebre silbido tarantinesco alguien le haga una versión de electrocumbia andina y la película tendrá titular: la película de la misión de Lenín ‘Kiddo’ Moreno lleva por nombre un metafórico Kill Correa. Pero, ¿cuántos volúmenes puede tener la saga sin convertirse en un bodrio?

Para quienes insistieron que la pelea entre el actual y el expresidente era un tongo mediático diseñado para dar legitimidad al gobierno de Lenín Moreno, las escenas de Kill Correa develan otra realidad. Las constantes revelaciones de casos de corrupción atentan contra la mitología de la época ganada: Bill no es quien la leyenda dice.La trama es un círculo que ha tenido al Ecuador al borde de la silla: Correa menosprecia la corrupción en su gobierno, mostrando las obras que rotula de legendarias. Desde Bélgica, tuitea en contra de su sucesor, pero el combate no lo hace él, sino el ejército de sus fieles por conveniencia.

Lejos de la ficción, la verdad es que la leyenda correísta tambalea. Si los casos de corrupción no son suficientes, la aparente indiferencia institucional hacia casos de abuso sexual de menores en el sistema educativo en el gobierno pasado golpean con fuerza a la narrativa de una década exitosísima. Con Jorge Glas —el sucesor que habría preferido— en la cárcel y la mayoría de sus asambleístas anunciando su apoyo por el actual mandatario, Rafael Correa ya no cuenta con una base de apoyo institucional para la defensa de su leyenda. Con la implicación del Grupo Eljuri en la red de corrupción dirigida por Odebrecht, la maquinaria política que era Alianza País parece haber perdido su piedra angular financiera.

Desesperados por tener una plataforma con que combatir electoralmente a su antiguo protégé, los militantes leales a Rafael Correa fallaron en su intento de tomar las riendas del control de Alianza País. Ahora están contra las cuerdas, sin partido con el financiamiento garantizado que por ley otorga el Consejo Nacional Electoral. Lenín se acerca, y ya no parece ir solo: sus índices de aceptación demuestran que la mayoría del país aprueba su cruzada —son los espectadores que están con Kiddo. Los que dan la pelea por Correa en Ecuador, se complican: Gabriela Rivadeneira está en medio de una disputa de legalidad con su propio partido, y un asesor cercano está acusado de corrupción. Virgilio Hernández difícilmente trata de explicar por qué la muerte política como castigo por casos de corrupción es desproporcional. Ante la incapacidad de sus subordinados de derrotar a Moreno, Correa volvería al Ecuador el 24 de noviembre.

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Es difícil si no imposible determinar si la venganza que motiva Lenin Moreno es producto de una querella personal con Rafael Correa, o si es un intento por salvar la institucionalidad del país —o los dos. Capaz Lenín Moreno está preocupado por las tendencias autoritarias de su examigo: en sus últimos años como presidente, Rafael Correa adoptó la actitud L’état c’est moi, al punto de que abandonó la promesa de una revolución ciudadana cuando hizo cambios constitucionales a través de la Asamblea, aunque el consenso de constitucionalistas era que que debía convocarse al pueblo para que se pronunciase —una condición indispensable que, paradójicamente introdujo la propia Alianza País en 2008. Es paradójico también porque Correa y su partido llamaron a una consulta popular con dedicatoria personal (y ganó): la prohibición de participar en política de quienes tengan activos en paraísos fiscales. Era difícil no pensar que Guillermo Lasso (el candidato de la derecha ecuatoriana, que aparece en Panama Papers y Paradise Papers como dueño de compañías offshore) no era el objetivo de esa consulta. ¿Cómo puede ahora Correa presentarse como víctima de una venganza personal de Moreno?

La venganza de Moreno, para Correa, radica también en la decisión de permitir que los organismos de control investiguen la corrupción de la década pasada. Según la asambleísta leal a Rafael Correa, Marcela Aguinaga, la Contraloría lleva a cabo una persecución política. Lo que falta reconocer la es que ella y los otros perseguidos como Jorge Glas le dejaron al Contralor evidencia suficiente para que el contralor Pablo Celi sólo tuviese que jalar un hilo para que el manto con que se cubrían se desintegrase.

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¿Cómo llegó Moreno a dar un giro de 180 grados en una historia que parecía resuelta desde el inicio? Existen dos interpretaciones. O siempre fue un infiltrado de la derecha, y esperó 10 años para cumplir con su agenda (lo cual daría más bien para una película de Francis Ford Coppola), o entendió que había tantos casos de corrupción que no tenía más opción que dejar que todo se destape (y volverse héroe) o tratar de esconder sin éxito (y luego ser cómplice) —lo que parece más propio de la historia tarantinesca que vemos.  

La escena final del volumen 1 de Lenín Moreno se filmará frente a las urnas: la consulta popular convocada por el presidente determinará cómo será la secuela. Pero, la venganza no es una estrategia política para el largo plazo. La venganza obliga a mantener la mirada hacia atrás, y el país precisa mirar hacia adelante.

El diálogo convocado por Moreno con distintos actores de la política, el sector privado, y la sociedad civil sirvió para establecer un nuevo tono en la democracia ecuatoriana. Es una ruptura con el gobierno anterior que vio toda intervención política como una pelea a la muerte entre buenos y malos. No obstante, el diálogo representa un medio, y no un fin, y aquel diálogo debe desembocar en acciones concretas: saber hacia dónde vamos con la estrategia de reactivación económica, hasta qué punto podemos endeudarnos en mercados internacionales para mantener un gasto público poco sostenible, o cuál será el papel del Estado con ingresos petroleros limitados. La tarantinesca venganza de Lenín Moreno fue la narrativa principal de su primer volumen, pero no será suficiente para escribir una saga completa. Es necesario entender hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar: nos urge una historia de éxito bajo un modelo económico, político, y social distinto.

Impaqto Quito

“Creer que los agresores tienen un trastorno es demasiado cómodo y superficial”

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En el Ecuador,  cuatro de cada diez niñas son víctimas de violencia sexual y, según Fundación Desafío, 2000 niñas menores de 14 años se embarazan cada año en el país (una de las principales causas es el abuso sexual). En una comunidad indígena de Sucumbíos —en la Amazonía— las niñas entre 12 y 13 años ya tienen un compromiso formal —están casadas o unidas— y en la mayoría de casos estas uniones han sido arregladas por sus familias. En una comunidad indígena de Imbabura —en la Sierra— se arreglaban los matrimonios hasta hace dos generaciones atrás.

Desde hace veinte años, María Amelia Viteri es antropóloga y se ha dedicado a trabajar con mujeres y casos de violencia de género. En los últimos años ha enfocado su trabajo en las niñas. Junto a Plan Internacional —una organización que promueve los derechos de niños y trabaja en 51 países— elaboró un estudio sobre patrones de violencia contra las niñas en el Ecuador. Los resultados revelaron que la violencia las acompaña en todos sus momentos y espacios. Las niñas están doblemente vulneradas por su género y su edad, y María Amelia cree que si el Estado y la sociedad no empieza a fijarse en ellas, la violencia en contra de las mujeres aumentará.

En noviembre de 2017, Plan Internacional propuso que en la Ley Orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres se incluya un capítulo exclusivo sobre las niñas. La organización lo escribió y presentó a diferentes grupos de asambleístas —incluido el presidente de la Asamblea, José Serrano— pero el documento no ha sido considerado hasta el momento.

¿Por qué crees que hubo esa resistencia de que las niñas tengan su capítulo exclusivo en la Ley?

Mi hipótesis es que hay un temor que si incorporas a las niñas en la ley, se pierde el foco de las mujeres. Desde lo político se puede pensar que si has forjado espacios de visibilización para las mujeres que han costado mucho, décadas, las niñas podrían quitar ese espacio. Suena ridículo. Es absurdo. No tiene una racionalidad, sin embargo, creo que es un argumento de quienes no quieren incorporar a las niñas en temas de género y mujeres. Es como que has creado tu área de acción, tus teorías, y te sientes amenazada, o piensas que la ciudadanía se van a confundir, y se va a perder algo. Hay una reticencia por parte de muchas estudiosas de género, de quienes hacen política pública, de las mismas feministas para poder hacer la conexión de que si no trabajas con estas niñas abusadas, cuando ellas se conviertan en mujeres, les va a ir peor. No se dan cuenta que una de las formas de disminuir y hasta erradicar la violencia es mirar a las niñas. Hay tanta reticencia que por ejemplo ahora en la Ley Orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres que estamos revisando no vas a encontrar un artículo para las niñas.

Pero, ¿cuál es la explicación “formal” para que no estén incluidas?

Las que formularon la ley te van a decir “están incorporadas” porque cuando hablas de mujeres casi automáticamente estás hablando de las niñas. Pero quienes hemos trabajando con las niñas te vamos a decir que eso no es suficiente. Hay que poner un foco. Eso no existe, sino ¿cómo explicas que el estudio que hicimos entre la San Francisco y Plan Internacional sea el primero que se hace sobre niñas en el Ecuador sobre la violencia? Específicamente sobre niñas indígenas donde tienes otro eslabón.

¿Cuál eslabón?

El índice de suicidio de las niñas indígenas y campesinas es el más alto en el país. Sin duda alguna hay una relación entre abuso sexual, falta de oportunidades de todo tipo, impunidad absoluta, y el suicidio. ¿Quién te va a hacer esta relación dentro de la política pública? Prácticamente nadie. No hay nada. Esa relación se la viene haciendo desde la Academia desde hace años pero hay que estudiarlo más, hay que estudiar el suicidio y esas relaciones que tiene con el abuso. El presidente Lenín Moreno por primera vez, después de que lanzamos el libro del estudio de la niñas, hizo un manifiesto, dijo “hay cinco o cuatro de diez niñas son abusadas sexualmente”. Lanzó esa cruzada que no se había escuchado nunca en el discurso político.

¿Y en otros países?

Poco o nada. ¿Cuántos gobiernos en el continente ponen su enfoque y recursos en niñas de 0 a 6 años? La edad principal donde aprendes quién vas a ser. Tampoco de 6 a 12, de 12 a 18. Ningún gobierno va a poner recursos y enfoque en la niñez, la va a poner en las universidades, en los posgrados. No se está mirando a las causas estructurales que van a causar la desigualdad absoluta.

Pero por qué si ha habido avances en acceso a educación, por ejemplo, hay tanta desigualdad…

Hay una idea social de que las mujeres buscan su violación porque salen solas en lugar de estar en la casa encerradas, porque salen al espacio público. El espacio público sigue siendo entendido como un espacio de hombres a pesar de que tenemos Presidentas, CEOs, periodistas, Premio Nobel. Tenemos todo pero el imaginario no ha cambiado, se ha mantenido ahí. El imaginario cultural que todavía penaliza a las niñas y a las mujeres y las culpa por el abuso sexual que sufren.

¿Cómo se puede explicar esta desvalorización de las niñas y las mujeres?

Porque las masculinidades dominantes [esa idea machista de que el hombre está por encima de las mujeres en todos los aspectos de la vida] te van a decir que es permisivo tocarlas, porque si nuevamente en tu imaginario cultural la premisa es que los cuerpos de las niñas están disponibles porque valen menos que los masculinos, lo aceptas. La feminidad está entendida como menos importante jerárquicamente. Si atas lo femenino con estos niños que son perseguidos porque tienen cuerpos de niños pero según las pautas de la sociedad son femeninos [amanerados], te das cuenta que reciben violencia porque se los asocia con ese concepto. Si volvemos a cuarenta años atrás de teoría, vemos que las subjetividades de lo femenino están construidas antagónicamente a lo que es ser masculino. En la filosofía no existió lo femenino. Desde esa misma naturalización, ese tropo que pone a la feminidad como menor, como menos capaz. Y cuando menos capaz, digo menos humano, más objeto, más cercano al mundo natural. Esa dicotomía de naturaleza cultura es de la que hablaban tanto los feministas desde los 70. Que la mujer se ubica en la naturaleza, por su aparato reproductor, y los hombres se ubican en la cultura, por tanto el espacio público les pertenece. Esos tropos, no solamente no han dejado de funcionar sino para mí se han intensificado ahora.

¿Qué posible explicación hay para que se haya intensificado?

Hay demasiada atención en la legislación que es importante pero no ha ido de la mano con el cambio de imaginario cultural. La ley ayuda e impulsa cambios pero solita no te va a cambiar la institucionalidad de la familia, de los discursos religiosos, de los medios de comunicación o gubernamentales. El imaginario cultural se dejó intocado y se avanzó en acceso. Hoy hay más mujeres graduándose de la universidad que hombres pero esa desvalorización de las mujeres y de lo femenino en esos espacios no ha cambiado entonces la respuesta se acentúa, se vuelve más violenta.

¿Esto quiere decir que mientras más espacios ocupemos las mujeres, los hombres se sentirán más amenazados porque “invadimos” los lugares que “les pertenecen”?

Sin duda, porque no hemos trabajado con los hombres. Los estudios de masculinidad son relativamente recientes. Pero, ¿cuántas intervenciones has encontrado donde se trabaje con los agresores? Poquísimas. Hay algunos intentos acá en el país pero son mínimos. Hay una comisaría en la que propusimos trabajar con los agresores para entender  qué les motivó, e intentar sanar a esos hombres para que no vuelvan a reproducir.

Pero cómo explicas este aumento de la violencia…

Hay una autora que hizo un estudio de 20 años de literatura de género y de violencia de género porque se dijo “bueno lo que estamos analizando no está funcionando; por varias razones la violencia está aumentando”. Si le quitamos el porcentaje de que hay mayor acceso a las demandas, escribe esta autora, los casos de violencia siguen siendo más altos que hace un década, ¿qué hacemos? Y ella te muestra cómo esa lectura psicológica de creer que los hombres tienen un trastorno [por eso son violentos], es demasiado cómoda y superficial y no vamos a poder encarcelar a la mitad del mundo…porque esa es la incidencia. Y la autora propone que hay que volver a cómo el imaginario cultural se ha dejado intocado poniendo la legislación como la solución, como esa que nos iba a cambiar la manera de ver a las mujeres. Pero ese no es el papel de la legislación.

¿Cómo se puede cambiar esa idea de que las mujeres siguen siendo menos y tienen un lugar específico que les corresponde, y no más?

Te cuento el caso de España en una pastilla: tuvieron una dictadura mortal en la que las mujeres eran nadie. Cuando se acabó la dictadura en apenas 10 años tuvieron leyes a favor de las mujeres: acceso a la universidad y más derechos. De cero a tanto en solo 10 años, fue muy pronto. En lo cotidiano eso se manifestó con una ola brutal de asesinatos a las mujeres. Las estudiosas españolas identificaron cuáles eran la frecuencia de las muertes y descubrieron que eran las mujeres que decían “no voy a estar contigo”, “me voy a separar”, “me voy a divorciar”, “no me voy a aguantar que me controles, que me reclames por no hacer las cosas de la casa”. Esas mujeres eran las que eran asesinadas, ni siquiera golpeadas. Ahí las teóricas españolas dijeron “en estos diez años hemos trabajado con las mujeres de cajón legislación y demás pero nunca trabajamos con los hombres”. Y cuando empezaron a hacer grupos de hombres para ver qué estaba pasando, ellos decían “bueno a mí me educaron para tener una mujer que tenga hijos, pase en la casa, cocine, lave y planche. Eso a mí me dijeron que iba a tener y esa es mi mamá, mi hermana. Pero llegó ese momento de tener esposa y tengo esa otra cosa completamente”. Los hombres se sentían fauleados pensando a mí me dijeron que iba a recibir A y recibí B, y como no tenía ni una herramienta para pensar “bueno, esto a mí me conviene como hombre”, o algún nivel de reflexión, lo único que tenían a la mano era la violencia extrema.

Eso fue en España, y en Ecuador…

El caso de España es un caso ejemplar, un poco más cercano a nosotros, y sirve para pensar en que no puede haber una explicación únicamente psicológica sino también que la violencia a la mujer va de la mano de la construcción social que la desvaloriza.

¿Esta idea de que las mujeres y las niñas son menos está en todo el mundo?

Hay comunidades que no lo hacen, hay una que queda en la frontera entre Beijing-Tibet y otra en Filipinas. Tiene otra distribución, le llaman matriarcado pero es matrilineal. Allí las niñas heredan la fortuna, heredan el apellido, las habilidades, no hay la palabra padre porque los padres son tíos, no hay matrimonio monogámico, las mujeres son las que tienen el poder sobre las esferas y no hay conflicto. Esa es otra forma de pensar lo femenino. Hay otras formas de pensar…hay gente que cree que todo está perdido y así es el mundo, pero de ninguna manera, hay ejemplos concretos de que el mundo se puede pensar de otra manera, y eso ya te descuadra una lectura psicológica para explicar estas violencias.

Volviendo a las niñas, está claro que su género las vuelve más vulnerables que los niños. Pero ¿qué hay de la edad?

La otra variable a este problema es el adultocentrismo. Si tienes una sociedad centrada en los adultos es muy difícil que esa sociedad mire a sus niños. Hicimos un estudio para la Defensoría del Pueblo en el que nos pidieron que veamos si es que en diez años los ecuatorianos habían dejado de usar el castigo físico con sus niños en las familias. Lo hicimos en algunas provincias y el resultado fue que no solo no cambió, aumentó. Nosotros pensábamos que porque ahora hay más acceso a la información sobre cómo educar a los niños sin castigos, hay más derechos para los niños, hay otras formas de relacionarse que no son la violencia física, ni verbal, ni psicológica, debía haber disminuido. Pero no.

Si miras el caso de AAMPETRA te das cuenta que solo 4 familias, de 40, denunciaron. Las mismas familias están protegiendo al profesor y un sistema, no están abogando por sus niños, sus hijos. Si las familias no pueden cuidar a sus hijos y a sus hijas, ¿cómo ves que el resto de instituciones va a poder? La idea siempre es dejarlo a las instituciones, que gobierno actúe, la Academia, las investigadoras, los medios. Y se lavan las manos, cuando la afectación primaria —y eso está más que comprobado— es tu metro cuadrado, desde lo cotidiano puedes influir en el cotidiano.

¿Qué se puede hacer para vernos en diez años y no hablar de lo mismo? Qué se necesita para que un estudio como el de Plan Internacional sobre violencia contra las niñas no se quede en estudio…

Afectar tu metro cuadrado desde donde estés. Se necesita apoyo del gobierno, de los ministerios, del sistema educativo, de los medios. Llegar a sentidos comunes. ¿Por qué crees que la campaña Con mis hijos no te metas es tan exitosa? Porque va al sentido común, “a mi familia la voy a proteger”… no tiene ninguna racionalidad. Solo importa cómo apela a tu sentido común. Entonces cambiemos los sentidos comunes.

Algo que vimos en el estudio es que si dentro del hogar hay violencia de cualquier tipo y se calla, es una familia candidata al abuso sexual porque ya estás facilitando, habilitando la violencia.

Si agarramos el estudio (yo sé que es chiquito) pero si lo tomas como indicador que las familias ecuatorianas siguen usando el castigo físico porque creen que es una forma de educar, ese castigo físico está directamente relacionado con la naturalización de abuso sexual a niños y niñas. En el caso de la Condamine toda la investigación muestra que ese niño fue abusado por este profesor. Sin embargo, el colegio protege al profesor porque los niños son la última rueda del coche. Si el niño es la última rueda del coche, imagínate la niña. Es nadie. Qué le vas a oír.

Generalmente las mamás, como las niñas cuentan, pocas veces les consuelan. Les pegan encima, les dicen “tú has de haber hecho algo”, saben que pasó y están en las narices pero van a perder su apoyo económico, su capital social. es un estigma ser una mujer separada, divorciada.

¿No es también porque las madres han sido víctimas de abuso?

También, lo naturalizan porque lo han visto tanto. Psicológicamente te van a decir que así funciona. Si has naturalizado algo, en lugar de prevenirlo en tu hijo, se vuelve a repetir. Si no tienes ninguna herramienta que te diga “eso no es natural”.

¿Cuáles son esas herramientas que se necesitan?

Sigue siendo la educación, suena trillado, pero es así: una educación temprana. Mientras más temprano entras con herramientas educativas, mejor. Hay que mostrar que hay otro modelo para que la sociedad funcione que no es el patriarcado, donde el hombre es el más importante. Si te fijas, antes las académicas decíamos “las mujeres se quedan en relaciones de violencia estructural por dependencia económica” pero ya no, ya todos estos estudios no sirven porque ves mujeres que son independientes económicamente, incluso ganan más que sus parejas pero siguen teniendo dependencia emocional gigante. Esto porque les han enseñado que esa persona a su lado, por más exitosa e independiente que ella sea, debe estar por encima suyo.

El asesinato resuelto con tierras y vacas

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Sandra tiene dieciséis años. Todas los días se levanta a las cinco de la mañana para ayudar a su mamá a recoger fresas y moras, ordeñar las vacas y darle de comer a los cuyes. Hoy es martes 17 de diciembre de 1985. Sandra se despierta, se quita la pijama y se baña con una olla de agua caliente que María, su hermana mayor, le ha dejado al lado de la cama que comparten. Se cepilla los dientes y se peina el pelo cincuenta veces como ritual de mantenimiento para esa larga melena negra que nace en el flequillo y termina apenas debajo de la cadera. Sandra y María se sientan al borde del colchón a tejerse trenzas. “Para que no se te ensucie. Tienes un cabello hermoso, ñaña”, le dice María. Su camaradería trascendía el común de estas relaciones de hermanas. Mantenían un cariño fortalecido por las tradiciones indígenas que compartían. Tradiciones impartidas por una mamá y papá con raíces cañaris y karanki.  Ñaña significa hermana en quichua y muchos años después, su tía y su madre discreparán sobre su ascendencia indígena: una dirá que son cañaris de la Sierra sur del Ecuador, la otra dirá que no, que son karanki de la Sierra norte del país. Pero esa mañana de mediados de los ochenta, Sandra está solo preocupada por la ropa que se pondrá. Elige un a pieza de ropa interior térmica que le envió su papá desde Estados Unidos, un pantalón de lana, una camisa de algodón, una chompa para evitar el rocío matutino y botas de caucho pintadas con margaritas, su flor favorita.

Antes de salir se mira en el espejo de cuerpo completo que tiene detrás de la puerta de su habitación y sonríe. Una sonrisa confiada de su aspecto y su futuro. Aún no lo sabe, pero este día su sonrisa se convertirá en una mueca agridulce: conocerá a su esposo.

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Sandra era la hija menor de mi tía abuela. Nunca la conocí. Murió seis meses antes de que yo naciera a manos de su esposo. Muchas veces escuché a mi abuela contar la historia. Su matrimonio fue arreglado por su papá desde los Estados Unidos, donde trabajaba, en Nueva Jersey, en una fábrica de textiles. A finales del siglo XX aún se concretaban uniones por conveniencia en el Ecuador, una tradición que aún no está del todo erradicada en ciertos pueblos.

Mi tío abuelo pensó que sería una buena idea ofrecer a su hija menor a uno de los hijos de un importante comerciante cuencano. Una buena idea en términos económicos. “Me llamó para decirme que en quince días se tenían que casar. Que no había excusas”, recuerda mi tía abuela. Su padre le explicó por qué el matrimonio era tan buen negocio: “Nuestras haciendas no sólo compartirán tierras sino los dividendos que produzcan a través de la unión de nuestras familias”, le dijo. Mi tía abuela se quedó en blanco.  “No sabía cómo darle la noticia a Sandra. Ella tan joven, ofrecida a un muchacho de 28 años”.

El expediente está en la Fiscalía de la provincia del Azuay. Mi tía abuela tiene una copia. La causa de muerte es por múltiples traumatismos: una pierna y tres costillas fracturadas, el bazo y pulmón izquierdo perforados y la cuenca del ojo izquierdo rota. Sandra duró tres días en cuidados intensivos del hospital Vicente Corral Moscoso. Una hemorragia interna se la llevó la noche del 13 de mayo de 1986.

Su matrimonio duró menos de cinco meses.

“Sandra no quería barreras, primo. Ella quería estudiar e irse a donde estaba papá. Para ayudar en la hacienda con dinero”. María me recibe en su casa cerca del cementerio de San Diego al sur de Quito. Vive con su esposo y tres hijos. Poco después de la muerte de su hermana, se mudó a la capital y estudió para auxiliar de enfermería. Sobre un buró de la sala, con toques del estilo rococó francés y raspones que le han dejado al menos una docena de mudanzas, hay una serie de marcos con fotografías. Muestran la vida familiar, los viajes a Estados Unidos. En otro, uno muy especial: color crema, con el vidrio empañado por los años y una de las esquinas unida con cinta hay una foto de las hermanas. María, siete años, y Sandra, cinco. Están en uno de los cuartos de la hacienda que aún tienen su padres. Con vestidos blancos, casi idénticos, y un velo que les cubre parte del rostro. Es el día de su bautismo. “Es la única foto que mantengo de ella. Las otras las tiene tu tía”.

Mi tía, la que tejió esos vestidos. La que también tejió el vestido de bodas de Sandra a partir de un largo retazo de tela de algodón. Puntada a puntada sentía una mezcla de alegría y angustia sobre el futuro de su niña. A nadie le gusta que le cosan el futuro.

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Roberto era alto, moreno, con el pelo negro cortado al ras y usa unas pesadas gafas de pasta negra. Sin ellas no veía. En su primer encuentro con Sandra, esa mañana de de diciembre de 1985 en que Sandra se peinaba con su hermana, ambos se dijeron menos de cinco palabras. Ella por pena, él por fastidio.

Roberto había llegado hacía poco de España y su papá quería que se ocupara de las cien piezas de ganado que mantenían con recelo. Tuvo que regresar porque se gastó parte del patrimonio familiar en fiestas por Madrid y viajes a la playa por Valencia. “Se veía en los ojos que estaba obstinado. Que no quería estar ahí. Ahora que te lo cuento, todo parece de novela mexicana. Muchas veces uno no se da cuenta que la vida nos lanza esas incongruencias para probarnos” dice María y escarba en su memoria para recopilar cada uno de los detalles de esa primera cita. Una cita a la que acudieron ambas familias. Hubo chancho asado, arroz con vegetales, choclos al horno y alcohol para el brindis.

Unos días después de esa primera cita, sin amor de por medio, se casaron. Sandra fue la novia más linda de Cuenca el 3 de enero de 1986. Sólo se hizo la ceremonia civil en la casa familiar del novio con la aprobación de ambos padres. Una casona de una planta con un patio central y seis habitaciones. El trámite se resolvió en el patio con algunas sillas de madera y una mesa para firmar los documentos correspondientes. La decoración constó de cadenas de flores -cayenas blancas- colgadas en las columnas que sostenían el techo y un arreglo floral que sirvió de bienvenida a los pocos invitados en el lobby de la casa. De torta: un ponqué de vainilla cubierto con masa pan. Después, con más calma, según convinieron ambas familias, se haría la eclesiástica. Los recién casados vivirían en una casa anexa a la hacienda de mi tía abuela. Una decisión que les haría evidenciar el horror que se vivió el 10 de mayo de 1986.

Nadie en mi familia tiene claro qué fue lo que sucedió. Los gritos alertaron a María, que salió corriendo a la casa de su ñaña. Encontró a Sandra en el suelo, inconsciente y con moretones por toda la piel. Roberto, su esposo, huyó a casa de su padres buscando el consuelo de los cobardes, mientras Sandra iba camino del hospital.

Una delegación de la policía llegó y empezó a hacer las preguntas de rigor ante uno más de la larga lista de casos violencia contra mujeres en el Ecuador. En un estudio realizado por la organización Plan Internacional, en julio de 2017, en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Cañar, Chimborazo y Azuay determinó que mujeres, en especial las menores de edad, son propensas en un 82,5% a sufrir cualquier tipo de agresión. Los espacios de riesgo están en la vía pública —cuando caminan hacia su casa, lugar de trabajo o escuela—, en el campo —en actividades de agricultura o pastoreo—, mingas comunitarias y sus propios hogares. Plan Internacional también encontró que muchos casos de violencia no se denuncian, por desconocimiento de los procedimientos judiciales. En muchas de estas comunidades de la Sierra ecuatoriana rigen las leyes indígenas, y el agresor puede escapar de un proceso penal tras un acuerdo entre los líderes de las comunidad. En estos acuerdos, se estipula cosas como que las penas por agresión van desde trabajos forzados sin salarios, azotes con ortiga y agua fría, pedir perdón a ambas familias o la pena mayor, para el ámbito indígena, que el culpable sea expulsado de su comunidad, lo que significa la mayor deshonra para su familia.

Un matrimonio arreglado para lograr negocios muy occidentales terminó en un crimen resuelto con tradiciones indígenas.

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Lo que queda de Sandra es una tumba en el cementerio municipal de Cuenca y un pequeño altar dentro de la casa de mi tía abuela. Todos los días le enciende velas y le reza lamentos.

Roberto huyó a los Estados Unidos. Se abrió una investigación penal pero nunca pisó la cárcel. Mi tía abuela habla de lo que pasó casi en sollozos: “El papá de su esposo nos recompensó con algunas cabezas de ganado y una porción de tierra de su hacienda. Se disculpó y nos dijo que su hijo nunca volvería a Cuenca. Que cualquier otra cosa que nuestra familia quisiera, para mantener el honor, podíamos pedirlo”.  Es difícil de tragar esta respuesta. Más cuando en la Fiscalía del Azuay aún está activa la orden de captura en contra del asesino, pero no se le ha dado mayor seguimiento porque se da por hecho que el crimen, sucedido hace 31 años, se resolvió bajo leyes indígenas. Sandra murió a golpes, sin causa, a manos de un hombre que se casó con ella pero que apenas conocía y todo quedó en un expediente sin resolver, aún abierto, y algunas cabezas de ganado.

Así funcionaba el esquema de corrupción de Odebrecht

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La Fiscalía General del Estado encontró en sus investigaciones del caso Odebrecht el mecanismo bajo el cual funcionaba la red de corrupción. Según ha dicho la Fiscalía a lo largo del proceso de asociación ilícita en el que está involucrado el vicepresidente Jorge Glas y otras 7 personas, había una “receta” para que los funcionarios públicos recibían coimas de la empresa brasileña a cambio de entregarles contratos.  Son cinco megaobras las que la Fiscalía ha nombrado: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Hidroeléctrica Manduriacu, Refinería del Pacífico (movimiento de tierras), Acueducto La Esperanza.

La información que la Fiscalía recabó en sus investigaciones ha sido considerada suficiente por el juez nacional Miguel Jurado para llamar a juicio Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Pólit, y otros 5 procesados.

Estos gráficos explican cómo, según la Fiscalía, funcionaba el esquema.

1

corrupción Odebrecht

Así era el sistema de coimas de Odebrecht en Ecuador. Gráfico de Mario Ramos

2

corrupcion-odebrechtGráfico sobre coimas de obras emblemáticas. Gráfico de Mario Ramos

 

3

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El esquema de corrupción en el acueducto La Esperanza. Gráfico de Mario Ramos

 

4

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El esquema de corrupción en el movimiento de tierras de la Refinería del Pacífico. Gráfico de Mario Ramos

 

5

Proceso irregular de adjudicación. Gráfico de Mario Ramos

Lama, los refugiados de Mariana

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La heroína de esta historia, Paula Geralda Alves, dejó las plantas que estaba regando al ver la expresión en el rostro del técnico de seguridad del vivero. El hombre había salido corriendo de su oficina en el galpón para encender la radio en una de las camionetas de la empresa. Ceño fruncido, pasos apresurados. Algo iba mal. Eran casi las cuatro de la soleada tarde del jueves 5 de noviembre de 2015 y los ruidos que se escuchaban eran una banda sonora extraviada.

–Parecía avión, helicóptero, tempestad, lluvia, crecida de río. Pero el sol estaba así: lindo y maravilloso… Ese sol, ¿sabe?

Ese sol. Todos los sobrevivientes recuerdan aquel detalle. Era un día soleado, seco, sin lluvia en las afueras de Bento Rodrigues, un pueblo a 124 kilómetros de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais.

Alguien bromeó: es el pau de arara, las viejas camionetas donde los trabajadores —mineros, campesinos— viajan en la parte de atrás, de pie, apretados y en jolgorio, como en una jaula de papagayos. Pero el pau de arara pasó y el barullo continuó. Parecía avión, helicóptero, tempestad, lluvia, crecida de río.

Paula trabajaba en Brandt Meio Ambiente, una empresa que cultivaba mudas de árboles para que la minera Samarco reforestase la tierra después de aplanar las montañas de la zona al extraer itabirito, un mineral de hierro. Samarco, la décima minera exportadora de Brasil, controlada por dos gigantes globales —la brasileña Vale y la australiana británica BHP Billiton— empleaba directa o indirectamente a catorce mil personas en la zona. Paula, la reforestadora, era una de ellas. Cuando el técnico de seguridad encendió la radio, Paula y sus ocho colegas escucharon una confusión de gritos, llantos y la noticia de que Fundão, la represa de desechos mineros, había reventado. Eran los empleados de Samarco que lloraban ante el espanto.

—Se estaban avisando. Pero a nosotros nadie nos había avisado.

Nadie les había dicho a los trabajadores del vivero que a las tres y media de la tarde se había roto una represa llena de lama y que una ola de ese material tóxico iba hacia ellos. Una represa que debía estar llena de tierra dura y compacta, pero que se había llenado de agua sin que nadie lo notase para convertirse en una masa fétida, mezcla de lodo y metal, que corría a quince kilómetros por hora. Una pasta líquida de arsénico, plomo y mercurio, con olor a sal, a barro, a ácido, a porquería. Una masa de color terracota, los residuos venenosos de la extracción del hierro, que raspaba la piel y disolvía la ropa de quien era arrastrado por ella. Antes de desbordarse, la lama había ocupado una represa de 340 hectáreas de superficie —la superficie del Central Park de Nueva York—, con 55 millones de metros cúbicos de desechos, suficientes para llenar diecinueve veces el estadio inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres.

Así comenzó la mayor tragedia ambiental de la historia brasileña, horas antes de que se contaminase una de las mayores cuencas hidrográficas del país, aniquilando uno de los ríos más importantes de Brasil. Así comenzó la muerte de la cuenca del río Doce, una zona de 86 mil kilómetros cuadrados —algo así como la suma de las áreas de Jamaica y Panamá—, que baña 228 ciudades. Tres millones y medio de personas se quedarían sin agua potable durante meses y terminarían secuestrando a punta de pistola camiones cisterna en las calles.

Paula Geralda Alves es la mujer que alertó a todo un pueblo de Brasil luego de que una represa de desechos mineros reventara.

Cuando Paula escuchó el llanto en la radio habían muerto catorce trabajadores de Samarco ahogados o aplastados por la lama. Cinco personas más morirían en Bento Rodrigues en los siguientes diez minutos: dos niños y tres ancianos. Pero en ese momento, nadie sabía nada. En el pueblo quedaban la mitad de sus seiscientos habitantes. Estaban los abuelos, las costureras, los profesores, los niños en edad escolar. También estaban algunos agricultores, de vuelta a casa tras concluir la jornada en el campo. Nadie les había avisado nada.

—¡No sé ustedes, pero voy a avisar a mi gente! gritó Paula, mientras salía corriendo del galpón para subirse a su moto y acelerar hacia Bento Rodrigues.

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Bento Rodrigues, el caserío al que se dirigía Paula, no llegaba a trescientas casas. Eran un poco menos de setecientos diez vecinos; la mayoría trabajaba para Samarco o para alguna de las empresas que le brindaban algún servicio, como el vivero. Los otros se dedicaban a cultivar pimentabiquinho un pequeño ají en forma de gota, de un color rojo brillante. Había un par de riachuelos con sus respectivos puentes, casas blancas con tejados anaranjados, patios grandes, una escuela. Pero también había una amenaza en las montañas que rodeaban a Bento: las represas de Fundão y Santarém. La primera en teoría llena de tierra compacta, y la segunda repleta del drenaje de agua de la minería y de Fundão.

Bento Rodrigues, Bento para los vecinos, comenzó como un caserío en el siglo XVIII, bautizado con el nombre de un bandeirante, uno de los pioneros de la época colonial brasileña, cuando adentrarse en el país-continente prometía tierra y riquezas. Bento-el-bandeirante encontró su promesa: una mina de oro.

En Bento-el-caserío, quedaba una de las primeras iglesias de Minas Gerais, São Bento, fundada en 1718 cuando este ya era un importante centro minero. Por el centro del pueblo pasaba la Estrada Real, un camino histórico brasileño, ahora una ruta turística que recorre los lugares más importantes del Brasil imperial. Ahí quedaba el Bar da Sandra, un punto que aparecía en las guías turísticas alabando la sazón minera de la dueña. Había un hotel-hacienda a la entrada del pueblo, y también había una cascada de quince metros de altura, la Cachoeira de Ouro Fino. Hasta ahora nadie ha borrado las fiestas patronales de julio de la lista de recomendaciones turísticas en la web del municipio de Mariana. Sobre su mapa se dibujan diez distritos. Cada uno formado por un puñado de pueblos. Eso eran Bento Rodrigues y Paracatú de Baixo antes de que los cubriera la lama.

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Las peores tragedias en la industria minera se leen como un ensayo sobre la claustrofobia. La mayoría de las veces son historias de hombres enterrados bajo tierra, mineros a los que podemos imaginar en una cueva oscura y húmeda, rogando porque la ayuda llegue antes de que se les acabe el oxígeno o se desplome el túnel. Pero el accidente más grave de la historia de la minería en el planeta ocurrió bajo un sol brillante, con un cielo despejado, cuando una enorme corriente de lama atravesó montañas y, aprovechando los cauces de los ríos, cubrió dos pueblos en menos de tres horas y se derramó días más tarde, en el océano Atlántico, después de arrastrar personas y vacas, cerdos, caballos, perros, gatos, gallinas, patos, peces, sapos, pájaros, larvas y miles de especies vegetales endémicas de dos estados brasileños: Minas Gerais y Espírito Santo.

La lama también asesinó al río Doce, un río de 853 kilómetros de largo a donde van a desembocar las aguas de los ríos Casca, Guandú, Manhuaçu, Piracicaba, Santo Antônio y Xopotó. La cuenca más importante en el Sureste de Brasil. El Nilo brasileño. El drenaje de dos estados. Las aguas que bañan 40 ciudades. El lugar sagrado de un puñado de tribus. El dulce lugar de juegos de miles de niños. La vía por donde entraron los exploradores europeos desde el siglo XVIII para estudiar a las plantas y a los indios bocotudos, el corredor por donde llegaron los colonizadores durante esos mismos años. En el siglo XX, por el valle del río Doce —o Vale do Rio Doce— pasó el ferrocarril de Vitória a Ouro Preto. En el siglo XXI una de las propiedades de la Vale —la poderosa minera fundada con el nombre de Vale do Rio Doce— acabó con sus aguas. Demoró dos semanas y un día.

Una calle de Bento Rodrigues, tras el desastre.
Fotografía de Romerito Pontes.

Los desechos químicos también asesinaron a un capítulo de la literatura brasileña. En 1781, el fraile Santa Rita Durão —nacido en un pueblo a pocos kilómetros de Bento Rodrigues— mencionaba al río Doce en el poema épico Caramuru, que cuenta la historia de Diogo Álvares Correia, un náufrago portugués adoptado por los indios tupinambás. El siglo pasado, Rubem Braga escribió sobre el río en el estado de Espirito Santo en las crónicas Barra do Rio Doce, en 1949, y O lavrador, en 1954. El río da el título a una canción instrumental del músico Beto Guedes, quien en 1979 incluyó Rio Doce en el álbum Sol de primavera. El epígrafe de este libro, Lira itabirana, fue escrito dos siglos más tarde por el poeta Carlos Drummond de Andrade y anuncia las lágrimas y amargura que la Vale vertió en el Doce. En 1996, el caricaturista Ziraldo publicó O menino do Rio Doce, sobre su niñez a la orilla del Doce. Ziraldo tenía la certeza de que había nacido el día en que vio el río por primera vez.

Las autoridades ambientales del Ministerio Público de Espírito Santo y del Servicio Autónomo de Agua y Alcantarillado de Minas Gerais lo declararon muerto diez días después del horror. Los ríos perecen en largas agonías, después de décadas de maltrato, como el Ganges, en India, lleno de cadáveres en descomposición o el Salween, en el sudeste asiático, repleto de metales pesados y abandonado por los peces. Cuando llega la noticia de que ahí no hay más peces, más alga, más nada, ha pasado tantos años pudriéndose que hace tiempo es tomado por un cadáver viviente. El río Doce murió de súbito. La burocracia extendió por adelantado el certificado de defunción. El río antes lleno de peces, niños y pescadores apareció oscuro y marchito. Durante una semana, las personas se reunieron en los puentes o en las márgenes del río para ver llegar la lama y llorar mientras los peces saltaban de las aguas, sofocados, y un par de minutos después flotaban, muertos.

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Paula, la señora del vivero, subió a su moto, una Joy Plus roja a la que llama Berenice, y salió gritando por las calles de Bento:

—¡La represa reventó, corran que la represa reventó, corran que la represa reventó!

Atrás habían quedado sus compañeros y sus gritos.

—Paula, vuelve, Paula, vuelve, Paula, vuelve, pero no les había hecho caso a sus colegas.

Lo que ellos veían, y que Paula no vio, era una catarata de lama que se precipitaba doscientos metros entre las montañas para luego recorrer dos kilómetros y trescientos metros hacia Bento llevándoselo todo. Lo que ellos veían desde el vivero y fuera de peligro, era a Paula en su pequeña moto roja con la lama a pocos metros de las llantas. Ellos, sus compañeros de trabajo, vieron a la pequeña Paula —con su poco más de metro cincuenta de obstinación— cruzar un puente que en unos minutos quedaría arrugado y arrancado como un papel por ese mar espeso y achocolatado.

–Gracias a Dios resultó. Las personas escucharon, salieron corriendo. Si salvé a una sola persona me siento feliz, dice Paula, a quien ahora llaman heroína.

En el relato bíblico de Sodoma y Gomorra, un dios castigador está a punto de arrasar con un pueblo de pecadores y envía a que un ángel salve a Lot, un hombre justo, con la condición de que él y su familia se marchen sin mirar atrás. Su mujer vuelve la vista a su antiguo hogar y queda convertida en estatua de sal. Aquel 5 de noviembre de 2015, Paula Geralda Alves fue la mujer que no volteó a mirar atrás mientras gritaba a sus vecinos que huyeran. No fue a buscar a su hijo, no fue a buscar a su madre. Fue a salvar a su pueblo. A todos. Sólo se dio cuenta de lo que había hecho días después.

Sólo cuando llegó a lo alto de la loma y vio que casi todo mundo estaba a salvo, mientras los sobrevivientes subían a camiones y camionetas para intentar salir de allá, Paula miró hacia atrás. Habían pasado sólo seis minutos desde que subiera a Berenice para dar la voz de alarma. Al mirar no vio nada más que barro ácido y apestoso. En seis minutos, a Bento se lo había tragado la lama.

La espiral eterna

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Este es el enredo político y jurídico en que está el Ecuador: el Vicepresidente —que no tiene funciones desde junio de 2017— está en prisión, y su reemplazo momentáneo es su compañera de partido, María Alejandra Vicuña. Glas, y los pocos amigos que hoy le quedan en el poder —entre ellos las legisladoras Marcela Aguiñaga y Soledad Buendía— creen que el nombramiento, aunque provisional, de Vicuña es inconstitucional, y plantearon una acción constitucional en contra de su designación que un juez rechazó en primera instancia. Glas insiste que él pidió (y se autorizó) las vacaciones pero Johana Pesántez, Secretaria Jurídica de la Presidencia dice que no. A finales de octubre de 2017,  la Contraloría General lo sancionó destituyéndolo de su cargo como vicepresidente por irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Singue. Pero por más cantinflesco que esto suena, la decisión de la Contraloría no significa que, en efecto, Glas haya dejado de ser el segundo mandatario, pero tampoco quiere decir que sí lo sea. Todo sucede en Alianza País, el agonizante partido de gobierno, herido de muerte por la fracción total entre quienes se aferran al recuerdo de Rafael Correa y quienes dicen abrazar una nueva forma de ‘revolución ciudadana’, comandada por Lenín Moreno.

El caos es total: juristas y politólogos de toda ralea intentan dar con la explicación precisa al limbo en que está Glas, pero no logran ponerse de acuerdo. Opinólogos de todos los colores creen tener la respuesta al intríngulis legal y constitucional en que está sumido el tablero político del Ecuador, pero no hay opción que no saque a flote nuevas dudas. Si hace una década Rafael Correa pateó el tablero político, Lenín Moreno lo ahogó al atarle el lastre incómodo del futuro de Jorge Glas.

La decisión de la Contraloría lejos de aclarar el panorama, ha traído más confusión. La primera duda que genera es sobre qué tanto poder tiene un Contralor —en este caso, Pablo Celi— para instituir una autoridad electa por votación popular. El artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado faculta al organismo a destituir a funcionarios públicos, sin que exista excepción alguna. “No existe una norma específica para la destitución de un Vicepresidente”, dice María Paula Romo, abogada y exasambleísta. Recuerda que en los últimos años, se ha aplicado esta misma norma para destituir a otros dignatarios de elección popular.

En 2016, Cirilo González fue destituido por el Concejo Municipal luego de que la Contraloría señalara responsabilidad en 17 “desviaciones administrativas”.  González era alcalde del cantón Balzar de la provincia del Guayas, y dice que tiene una sentencia que lo restituye como alcalde y que no se ejecuta, según afirma, por presiones de Marcela Aguiñaga. En otro caso, que linda ya con los límites de lo increíble, la Contraloría resolvió tres veces la destitución al Alcalde Manuel Casanova de Quinidé (diciembre de 2014, mayo de 2015 y agosto de 2016), en la provincia de Esmeraldas, e incluso la Fiscalía le formuló cargos por enriquecimiento ilícito. Los concejales se autoconvocaron en noviembre de 2016 para destituirlo acogiendo la resolución de la Contraloría y lo volvieron a hacer en enero de 2017. Quinindé llegó a tener dos alcaldes: Casanova y Ángel Torres, nombrado por la mayoría de concejales. La pugna duró tres años, hasta que en septiembre de 2017, Torres fue posesionado como alcalde encargado y Casanova quedó fuera.

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El caso de Jorge Glas tiene similitudes con los de Casanova y González, pero la ambigüedad de la legislación hace que sea un proceso más complejo y menos claro aún. María Paula Romo cree que la vía para resolver la situación de Glas es la Asamblea Nacional. “Todos coincidimos en que este no es un proceso normal, no está reglado. Haciendo un paralelismo con lo que ha pasado en alcaldías y prefecturas, la Asamblea podría convertirse en ejecutora de la decisión de la Contraloría y votar con mayoría simple una resolución que confirme que el Vicepresidente de la República ha sido destituido”, dice. Por el momento la Asamblea —sumida en la fractura del bloque de Alianza País— no se ha pronunciado, aunque el Contralor Pablo Celi notificó ya de la destitución de Glas a José Serrano, presidente de la Asamblea.

La ruptura interna del Movimiento País es una pieza clave en el enredo: si la mayoría parlamentaria cambia, Glas podría finalmente ser relevado de su cargo por las irregularidades en el Campo Singue —quizás la menor de las acusaciones que pesan sobre el Vicepresidente sin funciones. Un acto casi rutinario podría convertirse en la razón para su muerte política.

La versión corta de la historia es que Glas participó en una adjudicación llena de irregularidades en 2012. Era Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COHL), el organismo a cargo de los procesos de licitación petrolera. El campo fue concesionado al consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador incumpliendo normas precontractuales y de la fase de explotación. La más notoria fue que el 244% de la producción planificada para veinte años se hizo en tres años y el funcionario a cargo de la estimación de producción pasó luego a ser empleado de la petrolera. El nombramiento de la hija del entonces ministro Wilson Pástor como alta ejecutiva de Dygoil 14 días después de la firma del contrato entre el Estado ecuatoriano y Dygoil, también levantó sospechas en la Contraloría pues Pástor fue también responsable de la adjudicación.

El procedimiento de la sanción contra Glas es uno de los recovecos del laberinto. Recorrerlo es recoger estos pasos: la Contraloría hizo un examen especial al proceso entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016. Revisó los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y Dygoil-Gente Oil Ecuador.  El informe final —hecho público a principios de agosto de 2017—  determinaba la responsabilidad civil y administrativa de cerca de 20 personas, entre ellas, Jorge Glas, Según la Contraloría, había indicios de responsabilidad penal de los involucrados, pero como no es competencia suya dirimir si hay delitos o no, el caso está en manos de la Fiscalía que tiene abierta una indagación previa para determinar si es que, en efecto, hubo algún delito. Menos de dos meses después, la Contraloría resuleve que, efectivamente, Jorge Glas falló en el cumplimiento de sus deberes como funcionario público (era Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, en esa época). Por lo tanto, debía ser destituido de su cargo ministerial (que no ocupa desde noviembre de 2012, un detalle que ahonda la confusión sobre el cargo, destino y suerte del ingeniero Jorge Glas).

El vicepresidente sin funciones se defendió de las alegaciones de la Contraloría: “Llama la atención que se pretenda la destitución del cargo de ministro de Sectores Estratégicos, que dejé en 2012. Su autoridad sabía que la famosa pena de destitución no tendría eficacia jurídica, sin embargo, la dictó. Soy vicepresidente constitucional de la República, el régimen de mi destitución lo estatuye la Constitución de la República”. Su exposición no convenció a la Contraloría, que procedió con la destitución, le impuso una multa de 5 mil 840 dólares y le notificó la medida el 27 de octubre. El mismo día, notificó al Ministerio de Trabajo de la sanción a Glas y el 30 de octubre lo hizo a la Asamblea Nacional. En el documento dirigido a José Serrano, presidente del Parlamento, Celi le pide que en el ejercicio de sus competencias “adopte las decisiones pertinentes”. Con eso, traslada la responsabilidad de ejecutar la destitución a la Asamblea. El caso administrativo se vuelve una potencial causal de juicio político.

La Asamblea no ha dicho nada.

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Qué va a pasar es algo que ni el más diestro de los oráculos podría adivinar. No se sabrá a ciencia cierta hasta que el Ecuador encuentre un consenso político y jurídico. El constitucionalista Rafael Oyarte dijo en una entrevista radial que Jorge Glas es ya un exvicepresidente. “Cuando la Contraloría establece responsabilidades administrativas no distingue, no hay una salvedad para funcionarios electos. Lo único que dice la norma es que en caso de ser un funcionario nominado, quien debe operativizar la destitución, es el órgano nominador”. Puso un ejemplo: si la Contraloría ordenara la destitución de un ministro, quien debería ejecutarla es el Presidente de la República, quien lo nombró. Pero, según su explicación, si es que es una autoridad electa, no tiene un órgano nominador, la destitución es directa. “Y eso ya ha ocurrido”, dice. Recuerda los casos de los alcaldes de Quinindé, Balzar y el prefecto de Orellana, que enfrentaron la destitución con figuras similares a las que se está aplicando a Glas. “En el Ecuador el Contralor es un hombre muy poderoso, tanto que le puede sacar hasta al Presidente de la República. Me puede parecer escandaloso pero es así”.

Con él coincide María Paula Romo. La discusión también se ha centrado en el cargo del que se le destituye a Glas: Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. La destitución aplicada desde el momento en que se dictó la sanción —octubre de 2017— tiene además como consecuencia la prohibición de ejercer cargos públicos durante un período de dos años, lo que significaría que Glas no podría ser vicepresidente, función que tampoco cumple a cabalidad desde que Lenín Moreno le retirara sus funciones, el 3 de agosto de 2017. Hay en Jorge Glas y su cargo una paradoja de tiempo y espacio.

El Contralor Pablo Celi ha dicho que  que a él no le corresponde establecer si Jorge Glas pierde su función como vicepresidente pues según él, “la Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes” pero no aclara quién debe ejecutarlas. La defensa de Glas, a través de su cuenta de Twitter se pronunció: Jorge Glas es Vicepresidente por mandato popular y la Contraloría no tiene facultades constitucionales para destituir al Vicepresidente, según su abogado, Eduardo Franco Loor.

Frente a los medios de comunicación, Franco citó los artículos 129 y 130 de la Constitución que establecen las causales para destituir a un Vicepresidente: por arrogarse funciones que no le corresponden, por grave conmoción social o política o mediante un juicio político. Esta vía, que fue el primer recurso que intentó usar la oposición —y falló estrepitosamente— reaparece como la vía más efectiva para que Glas deje definitivamente la Vicepresidencia. “Decisión de Contralor es otro elemento para avanzar con juicio político a Vice y destituirlo como tal por estar inhabilitado” tuiteó el asambleísta socialcristiano Luis Fernando Torres. El jefe de bloque de Creo, Roberto Gómez, dijo que las firmas para un segundo intento de llevar a juicio a Glas superan las 60 que se presentaron la primera vez. El martes 7 de noviembre, con 55 firmas, se presentó el pedido de juicio político contra Glas; eso dice mucho de la oposición que suma 63 asambleístas, 8 no firmaron.

La única solución legítima para cortar el nudo político en que se ha convertido la legalidad y constitucionalidad de la permanencia de Glas en el gobierno parece estar en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el país sigue viviendo un situación inédita: su vicepresidente  electo no tiene ni funciones, ni despacho, ni la capacidad real de ejercer el cargo para el que fue elegido, porque está preso, aunque él insista que se ha ido de vacaciones. El fraccionamiento del movimiento que lo llevó al poder por segunda ocasión contribuye también a su debilitamiento. Glas pierde apelaciones, amigos, influencia y poder político. Lo único que parece seguir ganando son acusaciones, y quizás su única esperanza de seguir en el poder es que el enredo que aún lo mantiene en el poder no se desate.

¿Qué se ganó y qué se perdió en la década del gobierno de Rafael Correa?

Evaluaciones sobre la década de Rafael Correa en el poder se harán muchas y desde muchas perspectivas. Quizás sea un poco pronto para intentar hacer un balance objetivo de dicho gobierno, pero es posible intentar uno con el Índice de Competitividad Global que realiza anualmente el Foro Económico Mundial  y que tiene como socio local a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

El índice se compone de 12 categorías que van desde instituciones hasta infraestructura, de Educación y Salud hasta el grado de sofisticación de los negocios. En 2007, el primer año de Correa en la presidencia, Ecuador estuvo en la posición 104 de 140 países, un posición más bien vergonzosa. El país escaló posiciones hasta ubicarse en un decoroso puesto 71 en 2013, pero cerró en el escalafón 97 en 2017, cuando se cumplieron diez años de gobierno correísta.

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Las instituciones son fundamentales para explicar el desarrollo de un país, dijo Daron Acemoglu, uno de los más prestigiosos economistas contemporáneos. Ecuador ha tenido problemas institucionales desde siempre. El gobierno de Correa fue incapaz de solucionarlos: en “institucione”, el puesto del país en el Índice de Competitividad Global dice que en 2007 el país bajó apenas un peldaño en diez años: de 129 a 128.

¿Qué está mal en las instituciones de Ecuador según el Foro Económico Mundial? Casi todo, el sistema judicial no es imparcial, el tiempo que toma empezar un negocio es largo, y lo es más cerrar uno en caso de quiebra. En otros aspectos, como confianza en los políticos o protección de propiedad intelectual, el país se ubica en muy malas posiciones.

La categoría donde peor evolucionó Ecuador de la mano de Correa fue en materia macroeconómica. En 2007 estábamos en el puesto 16, cuando la economía crecía, el nivel de déficit y deuda eran bajos, y Ecuador contaba con fondos de contingencia. Una década después, el país está en el puesto 91. Las razones de tal descalabro son la caída del PIB en 2016, un déficit fiscal recurrente, una deuda creciente y la ausencia de fondos para épocas de crisis.

Correa se jactaba de haber gestionado la economía ecuatoriana de manera ejemplar, pero los números dicen otra cosa. Si vemos cuánto crecieron los países sudamericanos en la última década (incluye la previsión de crecimiento del 2017 de la CEPAL), Ecuador está en sexta posición entre diez países, lo que no es muy impresionante.  

Lo que es peor:  Ecuador está en la lista (con Brasil, Argentina y Venezuela) de países cuyas economías se contrajeron cuando se acabó el boom de las materias primas. Perú, Colombia, Paraguay o Chile aunque crecieron menos, nunca llegaron a niveles negativos, lo que muestra que su modelo económica era más sostenible que el ecuatoriano.

Donde hay mejoras importantes durante la década pasada es en aspectos como Salud y Educación primaria, Educación superior e infraestructura. En menor medida también hay mejoras en la categoría innovación, mercado financiero y tecnología. En Salud y Educación primaria pasamos del puesto 92 al 61, en Educación Superior pasamos del 115 al 77, y en Infraestructura del 108 al 72.

Estas son sin duda las áreas donde el gobierno de Correa puede presumir: la escolaridad en todos los niveles aumentó, lo mismo que la esperanza de vida. También hubo mejoras en todas las categorías de infraestructura: carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, entre otros. Esto no quiere decir que no existieran problemas como corrupción, derroche e ineficiencia en su construcción —aristas que no recoge el Índice de Competitividad.

Hay otros aspectos donde los problemas que arrastraba el Ecuador, lejos de ser resueltos empeoraron. Por ejemplo, el funcionamiento del mercado de bienes y el mercado laboral. Las restricciones y rigidez del nuevo marco laboral creado durante el gobierno de Rafael Correa hicieron que Ecuador pasara del puesto 122 al 126. Aquella idea de la izquierda radical de que cuanto más duro se es con los empresarios, mejor protegido está el trabajador ha sido ampliamente demostrada que no funciona. Lo que suele suceder es que las empresas reducen sus contrataciones ante lo costoso de incorporar un nuevo empleado.

Las últimas dos categorías del índice se refieren al entorno de negocio y a la capacidad del país de innovar. Aquí los resultados son mixtos, pues la categoría de sofisticación de negocio empeoró: del puesto 99 al 105, producto —entre otras cosas— del mal entorno creado para el sector privado. Por el contrario, la categoría de innovación mejoró: del puesto 129 al 111 —las mejoras experimentadas a nivel de educación universitaria se reflejaron positivamente sobre la capacidad del país de innovar.

Correa gobernó durante un largo boom de materias primas que duró ocho de sus diez años en el poder. Tuvo un capital político que ya hubiera querido cualquier presidente ecuatoriano anterior o alguno de sus colegas sudamericanos, y tuvo respaldo en el Legislativo para realizar cualquier reforma. Sin embargo, la posición de Ecuador en el Índice de Competitividad Global solo mejoró 7 puestos. Eso califica para estar por encima  de Venezuela (-22), Brasil (-16), Argentina (-4), Chile (-5) o Uruguay (-1), pero por debajo de Colombia (+8), Perú (+11) o Paraguay (+12). Evidentemente, el ranking tiene limitaciones: corrupción, autoritarismo y calidad democrática no son medidos. En todos ellos, el gobierno que terminó el 24 de mayo de 2017 tiene un record bastante negativo.

El gobierno del Ecuador de la década que algunos han llamado ganada (otros robada, perdida, y un sinnúmero de adjetivos) fue incapaz de resolver problemas estructurales. Su mal manejo económico impidió al sector privado beneficiarse de las mejoras en capital humano producto de adelantos en Salud y Educación. En algunos aspectos se ganó, en otros claramente se perdió, —pero el sabor que queda después de 10 años de ‘Revolución Ciudadana’ es que se pudo haber hecho mucho más y sobre todo se lo pudo haber hecho mejor: generando consensos, de manera honesta y sin sectarismos.

Fotografía de Andrew Turner.

|Profundidad|

Puerto Rico, colonia

El paso del huracán María y sus efectos muestran cuán colonia es Puerto Rico. A más de un mes de uno de los peores desastres naturales en la historia de la ‘Isla del Encanto’, aproximadamente 70% de los puertorriqueños todavía no tiene electricidad, un 28% continúa sin acceso a agua potable, y solamente el 29% de toda la infraestructura vial de la isla está habilitada.

Entre agosto y octubre, Texas, Florida y Puerto Rico fueron abatidos por los huracanes Harvey, Irma y María. A pesar de que las tres áreas fueron declaradas ‘desastres mayores’, no todas recibieron ayuda federal de la misma manera. Según cifras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), para Houston se aprobaron 1300 millones de dólares de asistencia individual —fondos para cubrir gastos de reconstrucción de hogares y propiedad privada—, a Florida 879 millones. Pero para Puerto Rico apenas 123 millones, a pesar de que la isla quedó devastada en su totalidad.

El olvido es tal, que la administración de Trump tomó más de un mes para aprobar ayuda total para la isla, a pesar de la solicitud continúa de las autoridades boricuas. La posición oficial del Presidente resume cómo Washington ve a Puerto Rico. Después de los desastres en Houston y Florida, Trump visitó las zonas afectadas en aproximadamente cuatro días. A Puerto Rico llegó con un retraso de casi dos semanas, y cuando llegó amenazó: FEMA no se quedaría en la isla para siempre mientras lanzaba rollos de papel a los damnificados.

La precaria condición ha sido denunciada por expertos de las Naciones Unidas como una alarmante violación de derechos humanos. Al momento, la cifra oficial de muertos es de 51 pero desde el paso del huracán, 911 muertes (solamente cremaciones) han sido registradas como ‘causas naturales’, y no se podrá saber si deben ser incluidas en la lista de víctimas. El equipo de médicos forenses no realizó las examinaciones físicas de los cuerpos ya que el Gobierno local autorizó que las funerarias tomen la decisión directamente de cremar los cuerpos.  

A su vez, el riesgo de un brote masivo de leptospirosis aumenta. Esta bacteria se encuentra en la orina de roedores y otros animales y tiende a propagarse después de inundaciones a través del agua potable o infecciones de heridas abiertas, según la Organización Mundial de la Salud. La isla típicamente ve entre 63 y 95 casos al año pero solo en un mes ya van 76 confirmados, según Carmen Deseda, epidemióloga oficial de Puerto Rico.

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Puerto Rico por más de un siglo ha sido una colonia de los Estados Unidos. Ha vivido sistemáticamente maltratada y abusada ante la indiferencia mundial. Esta relación colonial inició en 1898 cuando Estados Unidos anexó la isla tras la Guerra hispano-estadounidense. Como explica Ángel Rivera, escritor puertorriqueño, la isla sufrió una transformación de “un colonialismo mercantilista a un colonialismo capitalista”, convirtiéndose durante la primera mitad del siglo XX en una fuente de recursos (azúcar, tabaco, café) para el fortalecimiento industrial norteamericano.  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la recientemente creada ONU inició un proceso de descolonización. El 24 de julio de 1952, Estados Unidos utilizó un mecanismo legal para convertir a su colonia, reconocida por la ONU, en un Estado Libre Asociado.

Dejó de ser legalmente una colonia, pero tampoco se convirtió en el estado número 51 de la Unión, ni en un país independiente. Era una figura político-legal, que como dice Javier Hernández-Acosta, de la Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico), “todavía al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué es”.

Esta ambigua categorización hace que los puertorriqueños no puedan defender ni solicitar ayuda como cualquier otro ciudadano estadounidense. A pesar de que pagan todos los impuestos (seguridad social, roles de pago, importaciones y exportaciones, commodities, excepto impuesto federal) no tienen el mismo trato ni acceso a una representación real.

En 2016, según los Servicios de Renta Interna (IRS), Puerto Rico pagó al Estado federal, 3 mil 400 millones de dólares en impuestos, muy cerca de los aproximadamente 4 mil 400 millones de Vermont o Wyoming. A pesar cumplir con sus obligaciones, al ser un Estado libre asociado, la isla no tienen representación política.

El pago de impuestos sin representación política fue el germen del movimiento independista de las colonias norteamericanas contra Gran Bretaña en siglo dieciocho. Más de doscientos años después, Puerto Rico vive el mismo drama: solo tiene una figura simbólica en el Congreso, un miembro sin capacidad de voto.

Tomando en cuenta el tamaño de la isla, si  Puerto Rico fuera un Estado más, tendría aproximadamente cinco miembros en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. Esto cambiaría el panorama: con siete representantes podrían cabildear para conseguir apoyo y fondos. Pero al ser una colonia, simplemente deben hacer lo que el poder imperial ordena.

El Congreso de Estados Unidos tiene el poder de frenar cualquier acción que tome el gobierno local. Además controlan los asuntos económicos y fiscales, las relaciones exteriores, la migración y el comercio. La isla no puede hacer tratados comerciales ni recibir embarcaciones en sus puertos que no sean de Estados Unidos.

Según el Buró de Censo (que posee información hasta el 2010) se registra que en cantidad de dólares federales gastados per cápita, Puerto Rico recibió 5600 dólares, 23% menos que  Nevada, el menor de los 50 estados. Y sobre la ayuda federal a gobiernos locales, la isla recibió 1848 dólares per cápita —22% menos que el promedio general de los 50 estados.

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Puerto rico es una colonia económica de Estados Unidos”, dice Lajos Szaszdi León, analista internacional y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de Puerto Rico. “Los principales negocios de todo tipo son norteamericanos, los de puertorriqueños han cerrado por no poder competir con los negocios del norte como las farmacias Walgreens, farmacias CVS, tiendas Home Depot, McDonald’s, Burger King, Pollos Kentucky”. Por ello, la conversión a un Estado más, o su independencia, nunca han sido opciones para el gobierno estadounidense.

Como cualquier otra relación colonial, la isla ha sido utilizada para beneficiar los intereses económicos de la potencia imperial, pero ha recibido muy poco a cambio.  Entre 1976 al 2006 fue un paraíso fiscal para las multinacionales norteamericanas. Las empresas instaladas en Puerto Rico no debían pagar al fisco por las ganancias obtenidas en este territorio. Esto causó un ‘boom’ económico pero como toda burbuja llegó a su fin cuando la política de exoneración tributaria terminó. Durante esas tres décadas en la isla no se aplicó ninguna política de industrialización a futuro o mecanismo para evitar una crisis económica a este nivel.

Esto llevó a que se emitan bonos y creciera el endeudamiento público, que actualmente se sitúa en 72 mil millones de dólares. En 2015, el entonces gobernador Alejandro García Padilla declaró impagable la deuda, pero al no ser un estado, no pudo acceder a la Ley de Bancarrota, como lo hizo Detroit en 2013.

En junio del 2016, Barack Obama firmó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), que creó la Junta de Supervisión Administrativa y Financiera (JSAF). Era la inauguración de la nueva etapa colonial de Puerto Rico.

Un artículo del Harvard Law Review argumenta que esta ley contradice los estándares de la ONU sobre soberanía. Es decir que ‘Promesa’ es legalmente una estrategia neocolonial. A través de la JSAF, se tiene “una ‘agencia externa’ con control directo y significativo sobre el gobernador y a través de él o ella control sobre el poder ejecutivo de la isla”, dicen los autores. Esta Junta, además, tiene control sobre las decisiones económicas y sociales de la isla, lo que ha resultado en recortes en programas de Educación pública y Salud.

El renovado control colonial hace que la situación de la isla siga empeorando. Y el futuro no es prometedor: el huracán arrasó con el 80% del valor de las cosechas, lo que representará una pérdida de 780 millones de dólares. La incapacidad de cobrar impuestos o servicios básicos (luz y agua) resultará en una falta de circulante del gobierno para el final de 2017. Las cifras de desempleo que bordean el 15% y de pobreza extrema del 45% de la población incrementarán. Y según expertos, la isla enfrentará un éxodo de casi el 10% de su población hacia los Estados Unidos.

Una cruda realidad que resultará en más subordinación política, social y económica. Es entonces que las palabras de Ramón Romero Rosa, ideólogo obrero puertorriqueño, escritas en su ensayo ‘La cuestión política y Puerto Rico’ en 1904 resuenan un siglo más tarde, “el país se desmiembra en la lucha interna y el monstruo sigue con la boca abierta”.

Fotografía de Working Families Party bajo licencia.

|Profundidad|

La “responsabilidad civil culposa” de Marcela Aguiñaga y el caso Samanes explicados

La “responsabilidad civil culposa” de Marcela Aguiñaga y el caso Samanes explicados

 

  • ¿Qué resolvió la Contraloría en el caso venta de terrenos para el parque Samanes?

 

La Contraloría General del Estado encontró “responsabilidad civil culposa”. Después de un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado entre el 1 de enero de 2010 y el 4 de febrero de 2016  al proceso de compraventa de terrenos en los que hoy se encuentra el parque Samanes de Guayaquil, encontró responsabilidad civil culposa de ocho funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que participaron en dicha compraventa.

Foto: portada del informe

 

Fotografía de Agencia Andes.

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Leila Guerriero, el tiempo, el ego y la edición

|Placeres|

Leila Guerriero está parada frente a su mesa, tiene las manos juntas, en gesto oratorio, y balancea de un lado a otro su delgadísima figura. Los churros, siempre en una especie de caos perfecto, apenas se mueven, mientras cuenta que Rodolfo González Alcántara, el campeón de malambo que protagoniza su libro Una historia sencilla, era un hombre muy católico. “Antes de cada baile sacaba su pequeña Biblia azul, se paraba delante de ella, juntaba las manos así, y rezaba con este movimiento”. Leila Guerriero está cuatro escalones por encima de los reporteros y editores que la escuchan en silencio en un auditorio del Centro Cultural Benjamín Carrión de Quito, donde ha dado un taller de tres días. Mientras se mece de un lado a otro, recordando a González Alcántara, las campanas de una iglesia cercana repican. Son las once de la mañana del viernes 10 de noviembre de 2017, y no se sabe si era Leila Guerriero quien esperaba a las campanas para contar esa historia, o si las campanas esperaban que Leila Guerriero contara esa historia para repicar: su periodismo narrativo, celebrado como uno de los mejores de nuestra lengua, parece estar fundado en un conocimiento natural del tiempo y los ritmos. Cuando se habla con ella —o cuando se la escucha durante quince horas— queda claro que ese conocimiento viene de un orden y una distancia con el mundo que observa que no tienen nada de místico, sino más bien de un rigor y una disciplina tan obsesivos como terrenales.

Escribes, editas, das talleres, conferencias, viajas por el mundo. ¿Cómo divides tu tiempo para alcanzar a hacer todo lo que haces?

No hay mucho secreto en eso: si decidís hacer una enorme cantidad de cosas, y asumís la responsabilidad de hacerlas, tienes que hacerlas bien —yo, por lo menos. Tengo mucha capacidad de concentración y trabajo. Y como tengo muchos frentes abiertos, trato de ir cerrando cosas. Si me pongo a editar un libro no lo dejo por otra cosa, soy muy metódica, empiezo y termino, empiezo y termino.

Lo que viene más mechado con todo lo demás es el reporteo de las nota que, con los viajes, lo tengo que interrumpir. Pero todo tiene que ver con cuánto a uno le gusta lo que hace, y cuántas cosas está dispuesto a dejar de lado por hacer lo que te gusta. Qué sé yo: de pronto tengo que renunciar a un viaje de placer, o una vacación, o un fin de semana en vez de ir al cine me tengo que quedar escribiendo, digamos, pero no lo vivo como renuncia. Exprimo mucho el tiempo hasta lo último, digamos, a veces un poco sádicamente.

¿Tienes alguna forma especial de concentrarte?

No, no, la verdad que no.

Pero, por ejemplo, veo que no tienes redes sociales. No las tienes para…

Precisamente para no desconcentrarme. Pero también porque siento que no tengo tantas cosas para decir todo el tiempo. Y si las tuviera, no tendría sentido tener redes sociales porque yo ya digo mucho, y no necesito decir más de lo que ya digo. Realmente creo que hoy el grado de conexión que uno tiene con todo a través de la web, en general, sin tener redes sociales, ya es excesivo. Y a mí sí me produce un grado de desconcentración alto el hecho de estar pendiente de las páginas webs de los diarios, de las noticias que me llegan de no-sé-qué-cuánto, el mail —ya todo eso es demasiada desconcentración y no me gusta la idea de sumarle más. Pero método para concentrarme no tengo ninguno. Salvo que cuando me siento a escribir, me despejo diez días de la agenda, de ningún tipo de obligación de nada, ni ir al banco, ni presentar un libro, ni dar una charla, ni un viaje. Y me encierro y me encierro. Bueno, salgo a hacer alguna compra, de comida, digamos, y eso. Pero trato de no hablar por teléfono, pero no hago ‘om’ y me concentro.

Leila Guerriero

Leila Guerriero en su visita a Quito en noviembre de 2017. Fotografía de Marcelo Ayala/Paralelo Media para GK

Tus textos tienen un ritmo que parece natural, como si pudiesen leerse con un metrónomo, y tus lectores se han acostumbrado a reconocerte en ese ritmo, en esa voz, en ese estilo. Sin embargo, dijiste hace poco que has ido cambiando desde unas formas más barrocas hacia algo de una elegancia más bien minimalista, ¿qué es lo que une a todos tus textos?

Uno es la peor persona para hablar de su trabajo. Pero yo creo que lo que recorre mis textos, además de  cierta búsqueda de la elegancia en las formas, es una mirada en diagonal, de no mirar lo obvio, y un trabajo desde la prosa de ir contra lo previsible. Eso creo que es lo que recorre todos mis textos, incluso aquellos textos barrocos que ya no me gustan tanto. Hay una especie como de imprevisibilidad e insolencia, que se refleja naturalmente a través del uso de determinadas palabras. Hay, también, cierto dinamismo: a mí me gusta la prosa dinámica, con descripciones, con escenas, con diálogos. Algo que siempre estuvo en los textos míos, más allá de la minucia de decir los adjetivos y esto, es cierta cosa visual. Yo escribo como si filmara, como si estuviera grabando un documental. Pienso en imágenes.

¿Esas imágenes tienen, desde el inicio, un ritmo determinado, una música?

Depende. En ocasiones sí, porque es necesario: a veces tienes que aunar. Por ejemplo, estás contando una escena de mucho movimiento y necesitás que la forma del texto acompañe un movimiento vertiginoso. Entonces, intentás encontrar una forma narrativa para ello. Pero a veces estás haciendo lo mismo, contando una escena con un movimiento vertiginoso y decidís hacer todo lo contrario: imponerte el desafío de que se note el vértigo sin que la prosa sea vertiginosa. Depende de muchas cosas, sobre todo de lo que necesite el texto para llegar al mejor lugar posible.

¿En qué momento hallas esos tiempos, esos ritmos?

Escribir es encontrar la atmósfera, el clima, el ritmo, la música. Y lo descubro a medida que lo voy escribiendo. Es una cuestión como de intuición: darme cuenta si el texto está pasado de ritmo, si la música está muy alta, muy baja. Si tiene una atmósfera demasiado lúgubre cuando el clima no es ese el que quiero. Un amigo mío, Juan Gabriel Vásquez, escritor colombiano fabuloso, dice que escribe para averiguar qué es lo que quiere escribir. Y yo creo en eso, incluso en la no ficción. Uno escribe no sólo para averiguar qué es lo que quiere escribir, sino también cómo lo quiere escribir.

Responder a tu pregunta es un poco imposible, porque si bien tengo claro el principio del texto, después todo lo demás entra en un terreno de bruma. Pero tengo claro que si tengo entre manos una escritora de 87 años que es un animal literario, y no se sabe si ella es o no una leyenda que se inventa a sí misma, ya voy teniendo una idea de que ese principio no puede ser un principio jocoso.

Resolviste la escena del baile de Rodolfo González Alcántara en el campeonato de malambo después de salir a correr. En una columna dijiste que correr influía en tu escritura, ¿qué otros aspectos de la vida cotidiana influyen en tu trabajo?

Hay tres situaciones que son muy de escritura para mí: correr, ir al cine e ir en auto escuchando música, haciendo zapping radial en el estereo del auto. Si es en una ruta, aún mejor: la cabeza se me dispara hacia las imágenes que voy viendo, y la música mezclada, me van evocando una enorme cantidad de cosas. Ahí surgen muchas columnas de esas. Por ejemplo, la de Comulgar surgió corriendo. No todas surgen corriendo, pero muchas veces resuelvo situaciones de escritura de textos que estoy escribiendo o me vienen ideas para escribir columnas, o un principio o un final. Cuando me cuesta mucho encontrar un final, suelo salir a correr o hacer alguna de esas tres. Por supuesto, la frase te puede llegar en cualquier momento. Puedes estar cocinando un salmón al horno y escuchaste una palabra que alguien dijo en la televisión y ya está. A mí me pasa: estoy cenando con mi marido y él dice algo, o veo algo en la tele y digo ‘ay, ya está ya está, un momento, ya vengo’ y voy corriendo al estudio, tomo nota y vuelvo, y sigo cenando. Él ya está acostumbrado a eso.

¿Dirías que son momentos como de epifanías?

No sé si son epifanías, porque epifanías son más bien como el estado en que yo escribí las descripciones de los malambos de Rodolfo González Alcántara. Esos sí fueron momentos de mucha iluminación desde el punto de vista de la escritura. No se puede escribir todo el tiempo en ese estado: sé que esos momentos son pocos, y sé que voy a tener pocos de acá hasta cuando me muera. Pero esos momentos son casi… como si uno tiene la pared acá (se pone las manos por encima de los ojos) e hiciste así (levanta la cabeza por sobre su propia mano) y viste todo. Es como correr el velo.

Aparte de los bailes de Rodolfo González Alcántara, ¿cuál otro momento de epifanía tuviste?

Una columna que escribí que se llama Arbitraria, que también escribí corriendo. Salí casi enojada con la idea de que me estaban preguntando mucho qué consejo le doy a los periodistas y yo había dicho veinte millones de veces que no me gusta dar consejos y no me gusta dar consejos, y salí como ‘boah’, me puse los cosos, y salí a correr, y recuerdo perfecto que estaba corriendo y vi un rayo de sol cayendo sobre una hoja de un árbol y pasó algo. Llegué a mi casa, y sin quitarme la ropa de correr ni nada, escribí la columna de un tirón. Por supuesto, después la corregí y la corregí. Hay otra columna sobre Ute Lemper, una cantante alemana, que la tenía escrita en el momento en que la estaba viendo. Salí de su recital, y fue como… siento que esa columna fue como nada más sentarme a la computadora y decir: vení.

De estos momentos que usas para escribir ¿vas sola? ¿te hace falta la soledad para escribir?

No, en el auto por lo general voy con Diego, mi marido. Pero así vaya con alguien voy super metida para adentro. Pero no para todo el mundo es importante la soledad para escribir. Para mí lo es. Conozco gente que escribe en bares, que necesita del bullicio: Martín Kohan, Roberto Merino. Martín Caparrós escribe en cualquier lugar. Quizá sí la soledad de no estar con alguien con quien tengas un afecto —no sé, si estás con un amigo me imagino que no podés decirle ‘callate que me voy a poner a escribir’.

Dijiste que no se podía ser un buen periodista sin ser un gran lector. ¿Cuáles son tus lecturas recurrentes?

Son pocas. El diario de Cesare Pavese, la poesía de Lorrie Moore, de Louise Glück, de Sharon Olds, que es una poeta que conocí hace muy poco pero que no puedo dejar de leer desde que la encontré. Hay más, pero podría ser un poco largo y tedioso… Qué sé yo: algunas páginas de Fogwill. Cosas que me encienden a la hora de escribir, pero después, el mundo de la lectura para mí es como un mundo que se alimenta todo el tiempo: siempre hay más y más y más, y menos tiempo para todo.

¿Le dedicas un tiempo específico diario?

No. Es muy fragmentado. En el transporte público, antes de dormir, en los viajes leo mucho, en los hoteles, en los aviones, en las esperas de los aeropuertos. No soy una de esas personas que se sientan en un sillón y le dedican dos horas —ojalá pudiera, pero no, abandoné ese hábito, porque leo mucho. Cuando leo por trabajo, sí, me siento seis, siete horas en el estudio a leer. Pero cuando leo por placer soy una lectora andariega: me gusta mucho leer en el movimiento.

Hay una crónica tuya sobre Guayaquil…

Sí, sobre el alcalde Nebot.

Sí, y hablas del fresco que tiene en el techo

Sí, ¿aun existe eso?

Sí, eso no se va a ir nunca…

¡Ni él!

Quién sabe, pero bueno: un gigante, un equipo de antropología forense, un mago sin mano, una ciudad del Pacífico ecuatoriano, un país remoto, ¿cómo escoges tus personajes, tus temas?

Cuando uno elige un tema es porque quiere dar una visión, decir algo de uno mismo. Por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense: a mí  todos los temas relacionados con la dictadura me resultan muy interesantes, el desafío de contarlos de una manera que no sea la misma. El gigante González me llamaba la atención porque siempre lo veía en el programa de Susana Giménez, esta gran diva argentina o qué sé yo, presentado como el pobre deportista. Y yo lo veía y pensaba ‘este tipo debe tener algo más que contar que la misma historia que va y cuenta siempre, que necesita plata y qué sé yo’. Fue un tipo que casi llegó a jugar en la NBA en una época en la que la Argentina no tenía jugadores en la NBA, no era como ahora. Entonces, lo que me mueve es quizá alguien que veo y veo y veo mucho, al contrario de lo que se piensa —que el periodismo es aquel periodismo que va y busca historias muy raras y qué sé yo—, y que a pesar de verlo tantas veces sigo sintiendo una curiosidad que no está saciada, hay algo que me llama la atención de alguien y digo nadie me está contando la historia de esto. Entonces voy yo y la cuento.

¿Es esa tu motivación?

A mí todo me da curiosidad. Tengo un enorme gusto por la escritura. Tengo una enorme curiosidad lo cual significa que quiero entender. La curiosidad detrás lo que lleva implícito es la necesidad de ver, de comprender, de saber por qué. Y aunado a eso, una pulsión de escritura muy marcada, muy brutal: es la conjunción perfecta. No digo que me salga perfecta —lo que quiero decir, nada, es cómo, al contar historias, la curiosidad se sacia… El periodismo es la excusa perfecta para meterte en lugares en los que no te podrías meter de otra manera.

Pero sabes que te sale bien…

No,  bueno, no sé, trato de que me salga lo mejor posible. Sí, no, yo soy una persona como decía ayer, muy segura de mí misma. No creo estar haciendo barbaridades, pero también tengo un sentido de cierta humildad, creo que bastante razonable y acendrado para medir el tamaño de a dónde llego. Y ojalá pueda llegar más lejos.

Justamente, hablaste del ego hace unos días, ¿no crees que vivimos en una época donde los periodistas estamos muy ególatras?

Pero todo el mundo. Es como la Era del Yo. Está todo el mundo mirándose: si no te sacas la selfie con el cantante, es como si no hubieras ido al recital. Yo y el cantante. Yo y la torre Eiffel. Yo y el arco del triunfo. Es como: ‘el arco del triunfo existe porque me tiene a mí al lado’. Me parece un poco gracioso: es el signo de la época. Todo el mundo está como muy egocéntrico y mirándose el ombligo.

Cuando dices ‘gracioso’, es ese el adjetivo o…

No, sí es, porque me parece un poco pueril. Lo veo pueril. Todas las épocas tienen algo que las marca. Yo repelo la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Tampoco hay que tomárselo como en broma, porque no me parece, solo que me parece que ese es el signo de la época, el de la época anterior habrá sido otro. A ver, digo, los ochentas y noventas tampoco fueron años maravillosos. Pero sí, el ego —no solo el de los periodistas, sino de todo el mundo— es algo que marca mucho este tiempo.

Leila Guerriero

Leila Guerriero, habla sobre el oficio, el ego y el tiempo. Fotografía de Marcelo Ayala/Paralelo Media para GK

Hablando de egos, recuerdo una columna tuya sobre los editores. El párrafo inicial decías algo sobre los egos y defectos de los periodistas, decías que los editores también, y hacías una lista, como de una tipología (el exagerado, el bipolar, el que no sabe lo que quiere, entre otros).

¡A todos nos han tocado todos!

Pero, a lo que voy, estas tipologías, ¿te pasaron, son reales?

¡Obvio! Sí, claro. A ver, digamos, no necesariamente cada uno de esos es uno solo. Tengo muchos años en el oficio, y no solo me tocaron a mí, sino que sé de la existencia de esos editores porque colegas me cuentan y me dicen ‘che, tal no sé qué’, pero sí, sí, claro. Son tipologías, digamos.

¿A ti quién te edita?

En general, entrego los textos y no hay mucha edición. O sea, yo me autoedito. Siempre hay algo, alguien que te dice ‘che, el personaje nació en 1972 y en 1974 tenía 18 años, ¿cómo puede ser?’, pero no recuerdo señalamientos tipo ‘el principio tiene que estar al final, el final al principio’.

¿No te ha desbaratado nunca un editor un texto (en el buen sentido)?

No, no. Una vez un editor de Granta, por ejemplo, quería publicar un fragmento de un texto mío. Entonces había que cortar el texto largo, y él quería cortar el arranque, y empezar por el tercer párrafo. Pero el texto empezaba con una frase muy llamativa, con una mala palabra y qué sé yo, y yo le decía que eso le cambiaba todo el sentido al texto, le di argumentos claro de por qué había que mantener esa parte, que podíamos cortar otras partes, pero que el principio ponía al lector en un lugar muy evocativo de cómo una mujer grande se enteró de niña de determinada cosa. Y desde ahí era un recorrido cronológico de cómo esa chica se iba haciendo mujer. Caer en la mitad del texto con una brutalidad tal, casi que arrasaba el estilo general del texto, que era precisamente mucho más evocativo y sereno. Y lo entendió bien. Nunca tuve un problema, ni tampoco me hicieron sugerencias radicales.

¿Y qué es un buen editor?

El buen editor, como decía en ese texto, es el que te quiere ver brillar, el que te ve desde abajo, desde la arena y te quiere ver hacer malabares imposibles en tu trapecio. Sabe que ese es tu momento, no el de él. Un editor es sobre todo una persona súper escindida, que sabe que ese es el momento del autor, no del periodista, y que nunca transforma nada en algo personal, que trabaja en pro de la salud del texto.

Y tú, ¿cómo eres como editora?

Tendrías que hablar con alguien a quien haya editado. Pero yo trato de ser muy respetuosa, porque entiendo que cuando alguien me manda un texto me lo manda como mejor le salió, porque si no no me lo mandaría. Eso cuenta antes que nada. Pero también soy exigente, hago muchas idas y vueltas, idas y vueltas, y en general llego a tener una relación de muchísima intimidad con los autores, porque es así: estás viendo lo más íntimo de los autores que es la obra desnuda, antes de que salga a ver al público. Y creo que lo distingue a un editor decente es la discreción. Y trato de ser así: yo no ando por ahí contando las cosas que hago, autor por autor. Puedo hablar en general, pero no voy contando a quién le dije que la coma tal estaba mal puesta, y qué sé yo. Y me parece que eso es algo que los autores aprecian, saber que hay un pacto de confianza. Decir ‘bueno, estamos los dos en ropa interior acá, y yo sé que no vas a salir a contar de qué color es mi ropa interior. Entonces confío en vos, confío también en que me vas a ayudar a que mi texto brille’. Cuando vos lográs esa confianza con un autor, lográs que el autor esté trabajando en pro de la salud del texto que es todo lo que querés en la vida. Y eso lo que querés, lograr la complicidad del autor para que el texto llegue al mejor lugar posible. La tarea de un editor es simplemente pedirle más al autor y decirle ‘brillá más, más, más.’

Haces mucho a tu ritmo, tu método, de una manera muy propia, pero ¿cuántas cosas te faltan por hacer?

¿En el periodismo? Todo. Siento que recién empieza. Terminar varios proyectos que tengo abiertos. Quiero seguir haciendo crónicas cada vez más difíciles.

¿Cómo mides ese grado de dificultad?

Por el desafío que implica. Por ejemplo, el acceso a una persona, o que sea un tema complicado porque es políticamente incorrecto, o porque abordarlo de una manera políticamente incorrecta te pueda exponer de una manera muy completa, o determinados círculos sociales que son de muy difícil acceso. También pienso en personas que han sido miradas tradicionalmente con mucho prejuicio, por el motivo que fuere. Me encantaría hacer un perfil de Rafael, el cantante español, ponele. A mí no me gusta la música que hace, pero es una especie de ícono de una época, de una manera de ser, de vivir y de cantar que ya no es, y me parece interesante. Miguel Bosé, qué sé yo, pienso en personajes de habla hispana que me resultan interesantes. Siento que tengo muchísimas cosas que hacer.

¿Y en la vida?

Eso que tiene que ver con el tiempo. Tener un manejo más relajado, y abrir espacios para cosas que no tengan solo que ver con el trabajo —lo que pasa es que mi trabajo me encanta.

¿Eres una workaholic?

No, trabajo mucho pero no lo siento. No creo que es una adicción. El adicto al trabajo está tapando con el trabajo alguna cosa que está muy mal en el fondo —y yo no tengo eso. En mi vida, no hay nada que esté muy mal. Hace veintiaños que me analizo y no creo estar engañada. El workaholic evita un vacío de algún tipo —creo, no me quiero meter a diagnosticar— con el exceso de trabajo. Yo tengo exceso de trabajo porque en un punto todo lo que me ofrecen me gusta y está bueno. Entonces decir que no me cuesta mucho —pero igual digo mucho que no.

Fotografía de Marcelo Ayala/Paralelo Media para GK.

UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Siete contratos no petroleros que grafican la estrecha relación Ecuador-China

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El acceso público a la información en el Ecuador es un derecho, pero iniciar esas búsquedas es como pisar una trampa: uno cae en el pozo de la burocracia, de los tecnicismos, de las respuestas evasivas y, en algunos casos, en el total silencio. Hice 13 pedidos de información, apenas fueron respondidos 3. Con ellos, logré acceder a siete contratos en distintas áreas. Cinco directamente atados a préstamos de bancos chinos que siguen un modelo ya utilizado en los siglos diecinueve y veinte por Estados Unidos: sus bancos desembolsan la mayoría o totalidad del monto para el proyecto, y esos montos se pagan a las empresas contratistas chinas. El dinero prestado por China se queda en China.

La relación sino-ecuatoriana se ha consolidado en la última década al punto de que en 2007 el Ecuador le debía poco más de 7 millones de dólares a China.  En octubre de 2016, el monto se había multiplicado mil veces. La cifra exacta era de 7 mil millones 973 mil de dólares. Pero los detalles de esos préstamos no se conocen. En los contratos a los que tuve acceso no están especificadas las tasas de interés, por lo que no se puede saber más que lo que allí se estipula. Toda la información recabada sobre China en este reportaje no ha considerado los contratos relacionados a la venta anticipada de petróleo. Aquí la lupa recae sobre los contratos con empresas chinas para bienes y servicios no petroleros.

Minas-San Francisco

Proyecto Minas San Francisco

Ilustración de Paula de la Cruz

En el último día de marzo de 2012, arrancó la construcción de esta obra. Se haría en 1460 días —un poco más de cuatro años. Había sido adjudicado a Harbin Electric International tres meses antes, por un monto menor al presupuesto referencial que era de 474,6 millones de dólares. Recién un año después de iniciada la obra, el entonces Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, viajó a China para la firma del convenio de financiamiento por 312 millones y medio de dólares, el 95% del total del contrato.

En febrero de 2016, un mes antes de que se suponía sería entregada, Harbin pidió una ampliación del plazo de entrega. Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en julio de 2017, aún no estaba terminado: faltaba un poco más del 3% de la obra por completarse.

Mazar-Dudas

proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas

Ilustración de Paula de la Cruz

Esta obra ha costado 20 millones de dólares más de lo previsto. Según Paúl Urgilés, funcionario de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), en agosto de 2014 la inversión era de 57 millones de dólares. Cneec fue declarada como contratista incumplida por faltas en el proyecto hidroeléctrico Mazar-Dudas y allí también Celec dio por terminado de forma unilateral el contrato que había sido firmado el 20 de octubre de 2011 (y los dos contratos complementarios de enero y julio de 2014)

Delsitaniasagua

proyecto Delsintanisagua

Ilustración de Paula de la Cruz

El proyecto Delsitanisagua no solo ha costado millones de dólares, sino, tristemente, tres vidas. En julio de 2014, un desprendimiento de tierra provocado por las lluvias en la zona de Río Blanco, donde estaba ubicado el campamento de Hydrochina, provocó la muerte de tres trabajadores de la empresa. La fecha de entrega inicial del proyecto habría estado cerca para entonces, pero después de que el contrato se firmara en octubre de 2011 se autorizó una prórroga. La primera unidad generadora debía entregarse finales de julio de 2017, la segunda a finales de septiembre de 2017 y la tercera a finales de octubre de 2017. Hasta abril de 2017 estaba listo en poco más de un 83%.

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En Salud, los contratos chinos están también atados al financiamiento del gigante asiático. Según el Ministerio de Salud Pública en su área solo hay tres contratos firmados con empresas chinas, pero todos dependen de los fondos del Banco de Desarrollo de China.

 

Mi Emergencia

Gráfico de Proyecto Mi Emergencia

Ilustración de Paula de la Cruz

Adjudicado en abril de 2012, el contrato para el proyecto ‘Mi emergencia’ establecía que los precios no se podrían reajustar. Es todo lo que se puede decir, porque en el documento entregado por el Ministerio de Salud Pública no se detalla qué bienes, obras o equipamiento son los que suministraría la compañía china Camc Engineering Co para “fortalecer el sistema de atención de emergencias”.  El plazo para su cumplimiento era de un año contado desde el pago del anticipo del 70%.  El detalle del programa está vacío en el sitio web del Ministerio de Salud.

 

Unidades  operativas de Salud

Unidades operativas de Salud financiadas con préstamos chinos

Ilustración de Paula de la Cruz

Un contrato atado parcialmente a un financiamiento específico. El China Development Bank cubriría 25 millones 435 mil dólares. El financiamiento de los restantes 34 millones no aparece en la información entregada por el Ministerio. Adjudicado en octubre de 2016, era una compraventa, adquisición e instalación de equipos, como por ejemplo, 1621 armarios por un valor de más de 1,2 millones de dólares. Otros productos en la lista eran 48 ecógrafos y 2767 camas hospitalarias.

 

Equipamiento biomédico y mobiliario clínico

Equipamiento biomédico financiado con préstamos chinos

Ilustración de Paula de la Cruz

Un contrato dos veces adjudicado. La ministra de Salud Carina Vance lo adjudicó el 28 de noviembre de 2014 por cerca de 62 millones de dólares a China Sinopharm International.  Diez días después, rectificó y volvió a adjudicarselo a la misma empresa pero por 11 millones de dólares menos (exactamente, 60.129.867 dólares). El Ministerio de Salud me entregó las copias de los contratos, pero no incluyó los informes técnicos: no se puede saber cuál es la justificación para la variación de la cuantía. Entre el mobiliario que incluía el contrato hay 450 cunas para recién nacidos, 2500 camas de hospital, 1460 camillas, 20 ecógrafos para ginecología, 40 ultrasonidos 3D/4D, 301 sillas de rueda, entre otros. Pero como no tuve acceso a los documentos adicionales al contrato, no es posible saber si se entregó lo que estaba estipulado y a tiempo.

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El Ministerio de Educación no entregó más que un contrato, firmado por cerca de 200 millones de dólares para la construcción de unidades educativas provisionales.

Unidades educativas construidas con fondos chinos

Ilustración de Paula de la Cruz

En las especificaciones de este contrato se explica que se entregará 30 módulos 9×6 metros para aulas, módulos para baterías sanitarias, para laboratorios, entre otras. Aunque en el contrato no se detalla una línea de crédito con el Banco de China, en la documentación de respaldo sí se define que el monto financiado por esa entidad es de 187 millones 622 mil 281 dólares, y que otros 32 millones 914 mil dólares se financiarán con recursos fiscales.

El total asignado por el Ministerio de Finanzas para este proyecto es de 210 millones 136 mil dólares: 13 millones más de la cifra estipulada en el contrato entre el Ministerio de Educación y la empresa China Railway.

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Estos contratos, conseguidos con dificultad, revelan  un poco de la cara no petrolera de la relación China-Ecuador. Sin embargo, en el negocio del crudo hay muchísimo más dinero en juego: Según un reportaje de diario El Comercio, un examen especial de la Contraloría, aprobado en diciembre de 2016, encontró irregularidades en tres contratos de preventa petrolera con una subsidiaria de Sinopec y con la tailandesa PTT. Otro reportaje de diario Expreso señala que Ecuador firmó créditos por las preventas por 14 mil 470 millones de dólares, de los cuales el país ha recibido 12 mil 858 millones de dólares, equivalente al 88.8%. Pero esa es otra investigación. Lo que está claro es que la presencia china es ya una constante, aunque sus compañías aún no se adaptan del todo a la cultura empresarial y laboral ecuatoriana, y existan cuentas y asuntos pendientes.

Ilustración de Paula de la Cruz.

Claves para entender la cancelación de DACA en Estados Unidos

|Contexto|

El gobierno de Donald Trump suspendió DACA el 5 de septiembre de 2017, afectando así a los dreamers —jóvenes que llegaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran menores de edad y que no han podido regularizar su situación—.

Durante el gobierno de Barack Obama se creó la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, que les daba beneficios para que pudieran estudiar y trabajar sin correr el riesgo de ser deportados.  Son aproximadamente 800,000 mil jóvenes que entraron al programa desde el 2012en su mayoría estudiantes universitarios. México, El Salvador y Guatemala son los primeros tres países de origen de este grupo de jóvenes.

Trump dio plazo a los beneficiarios hasta el 5 de marzo del 2018 para resolver su situación migratoria. Si hasta esa fecha, en que pierden su cobertura DACA, no retornan a sus países de origen, no regularizan sus estatus migratorios de alguna manera o el Congreso no les presenta un proyecto de ley que los convierta en ciudadanos legales, estarán sujetos a la deportación.

 

El 12 de junio del 2012, durante el gobierno de Barack Obama, la Secretaría de Seguridad Nacional comunicó que DACA estaba habilitado. Quienes llegaron antes de los 16 años a Estados Unidos y que hasta la fecha de habilitación del DACA eran menores de 31 años podían aplicar a la medida. Con ello, podían diferir su remoción por un periodo de dos años. Durante este tiempo, les era posible tener el permiso legal para trabajar, licencia para conducir y seguro social a pesar de carecer de un estatus regularizado. Incluso, al término de dos años podían pedir una renovación para continuar con DACA por dos años más.

China, el socio feroz

|Profundidad|

La agresiva expansión de China en América Latina ha marcado la última década. Ecuador y Venezuela han sido dos de los principales destinos de financiamiento, tecnología y mano de obra china. La alianza sino-venezolana nació con la creación del Fondo Chino Venezolano, a través del que el gobierno de la autodenominada Revolución Bolivariana entregó contratos millonarios a empresas chinas para la ejecución de obras de infraestructura, edificación de viviendas o construcciones para el sistema eléctrico, entre otras áreas. En el Ecuador la cercana y estrecha relación con China marcó la década de Rafael Correa en el poder: siete de cada diez obras en ese período fueron hechas por una empresa china, casi siempre atadas al financiamiento por un banco chino. Algunos de esos proyectos, tanto en Ecuador como en Venezuela, son hoy proyectos fallidos. La revisión de algunos de esos acuerdos muestra la ‘letra chica’ y las exigencias impuestas por los chinos a la hora de hacer negocios con Venezuela.

La fórmula china para amarrar a Venezuela

Venezuela se agarra a China. A mediados de septiembre de 2017 la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) publicó por primera vez la cotización del petróleo venezolano en yuanes. Fue la respuesta de Caracas a las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump para impedir al Gobierno venezolano emitir nueva deuda. “Hemos decidido iniciar una nueva etapa del comercio exterior con la utilización de monedas convertibles a nivel internacional más allá del dólar”, había advertido el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a inicios de septiembre, tras conocerse la medida de Estados Unidos.

La cotización del crudo venezolano en yuanes parece algo más que un símbolo. Luce como el corolario de la relación que Caracas y Beijing forjaron desde el Gobierno de Hugo Chávez nada más empezar el nuevo siglo. Aunque concebida inicialmente como la fórmula para el “desarrollo” de la Venezuela “socialista”, ha derivado en una dependencia del país caribeño con la nación asiática.

Quizás 2008 sea el momento en el que Venezuela unió su destino al de China. Ese año se inauguró la oficina del Fondo Chino Venezolano que a la postre resultó en un peculiar y cuestionado esquema de financiamiento de al menos 50 mil millones de dólares, soportado con el petróleo venezolano, la compra de mercancías chinas y la contratación de sus empresas para obras de infraestructura, vivienda o el sistema eléctrico, entre otras áreas.

“Esto es una fórmula maravillosa, financiamiento para el desarrollo. Es un desarrollo socialista”, auguró Chávez en mayo de ese mismo año. Más de una década después, habiéndose ejecutado tres tramos de ese fondo binacional, con una Venezuela encaminada al cuarto año consecutivo de contracción y al borde de la hiperinflación, los resultados para la nación suramericana son más que dudosos.

Sólo Odebrecht, el gigante brasilero caído en desgracia por las acusaciones de corrupción en casi toda América Latina, puede presumir de acuerdos tan favorables con el chavismo como los logrados por compañías como China Railway Engineering Corporation (CREC), China Camc Engineering (CAMCE) o Citic Construction Co. Ltd. (CITIC), entre otras.

La fórmula ecuatoriana para los contratos con China

La relación entre el Estado ecuatoriano y varias empresas chinas es profunda y difícil de desentrañar. Los contratos que los unen son difíciles de acceder. Conocer sus montos precisos, condiciones, instituciones involucradas es una tarea compleja: no existe una oficina estatal ni un solo portal web que agrupe toda la información. Los datos están dispersos entre las entidades gubernamentales que los han firmado, donde todo sucede lentamente, y no siempre se logra toda la información que se ha solicitado: de trece pedidos de información, apenas tres tuvieron respuesta positiva mediante la entrega de siete contratos. Dar razones para explicar qué motiva el laberinto que hay que recorrer para dar con los contratos de las empresas chinas sería especular. Sin embargo, hay una verdad evidente: la falta de transparencia es una de las raíces de la corrupción.

La falta de transparencia tiene, además, un costo. Un estudio del grupo FARO —hecho en 2011 con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo— determinó que, por ejemplo, en el área petrolera, la falta de transparencia le cuesta al Ecuador por lo menos el 2,87% del producto interno bruto —más de dos mil millones de dólares. Dos mil millones de dólares es mucha plata. Dos mil millones de dólares de plata pública es aún muchísimo más: no solo alcanza, por ejemplo, para pagar en su totalidad por la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair; además, es plata que ha salido de los impuestos que pagan los ciudadanos. Por eso, acceder a los contratos que firma el Estado no debería ser un viacrucis que solo los periodistas estamos dispuestos a recorrer, sino un libro abierto, en algún formato digital, al que todos tengamos acceso.

En el tortuoso camino de encontrar la información, encontramos un denominador común en los siete contratos que nos entregaron: la contratación fue hecha bajo régimen especial, una modalidad que permite, en ciertos casos, contratar bajo parámetros más flexibles. En cinco de esos siete, la obra estaba atada al financiamiento de bancos chinos. Ambas posibilidades están previstas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, aprobada en 2009. Según la concejala y exvicealcaldesa de Quito Daniela Chacón, esta modalidad de contratación resulta muy beneficiosa para políticos que “quieren hacer las cosas sin transparencia”. Chacón dice que el hecho de que los propios contratos determinen los procesos de contratación (y la forma en que se regularán) crea un vacío para fiscalizar. La transparencia pierde en estas condiciones.

La ‘letra chica’ de grandes negocios en Venezuela

El 30 de julio de 2009 CREC, una de las firmas perteneciente al holding China Railway Construction Corporation (CRCC), selló un contrato con el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) por 7.500 millones de dólares para la construcción del sistema ferroviario del “eje norte-llanero, tramo Tinaco-Anaco, bajo la modalidad llave en mano-monto total cerrado”. El propio Chávez había autorizado la contratación de esa compañía en el “punto de cuenta” 073-2009 de fecha 3 de marzo de 2009, basado a su vez en el convenio de cooperación económica y técnica que suscribieron ambos Gobiernos el 24 de septiembre de 2008 en Beijing.

Aunque los pagos estaban sometidos a “valuaciones por obra ejecutada”, la empresa se aseguró la posibilidad de que el precio final pudiera subir aún más en el transcurso de la misma por “obras adicionales”

“Obtener crédito con la segunda economía del mundo, lo que es un gran aval para nosotros. Además, lo importante es el destino que se le ha dado a esos recursos”, presumía en 2011 Jorge Giordani, entonces Ministro de Planificación y mentor económico de Chávez. Pero el tren hoy es un proyecto inacabado. Pese al desembolso millonario –la cifra hoy representa un 70% de las reservas internacionales de Venezuela y excede el costo de la reciente ampliación del Canal de Panamá-, la obra que permitiría el viaje de trenes entre el centro y el oriente de Venezuela a 220 kilómetros por hora está en ruinas. Según el contrato, CREC debió culminarla en “40 meses continuos contados a partir de la firma del acta de inicio”.

Venezuela pagó a la CREC el 10,66% del total en 2009, otro 26,67% del “monto total cerrado” en 2010, un 30% en 2011 y finalmente el 32,67% restante en 2012, de acuerdo a lo pactado. Aunque los pagos estaban sometidos a “valuaciones por obra ejecutada”, la empresa se aseguró la posibilidad de que el precio final pudiera subir aún más en el transcurso de la misma por “obras adicionales”. También dejó por sentado que los gastos asociados a la importación de maquinaria y equipos para realizar la obra correrían por cuenta del Estado venezolano.

“El IFE será responsable de pagar todos los gastos relativos a la admisión temporal de equipos o nacionalización de los materiales, partes y piezas requeridos para la ejecución de la obra, así como todos los gastos referidos a la importación y nacionalización de aquellos equipos, materiales, partes y piezas destinados a ser incorporados en la obra”, refiere la cláusula 95 del contrato. En caso de “existir tardanza en la introducción al país de los bienes y equipos importados, por causas no imputables a CREC y siempre y cuando la importación se haya tramitado con la debida antelación, tal retraso dará lugar a una prórroga automática del plazo de ejecución por el mismo tiempo que dure el retardo”. Esta última disposición no es menor, si se toma en cuenta que los puertos venezolanos figuran entre los más ineficientes de la región.

Pese al monto millonario y a la envergadura de la obra, en el contrato también quedó establecida la posibilidad de que CREC subcontratara a empresas sin mayores restricciones. “CREC deberá notificar al IFE de los subcontratistas que pretenda contratar y el IFE se reserva el derecho de improbar dichos subcontratos, cuando a su juicio existan razones fundadas para tal decisión lo cual hará dentro de los 11 días continuos, contados a partir de la recepción de la notificación y recepción de los documentos del subcontratista”, precisa la cláusula 83 del acuerdo.

Gracias a esa disposición la empresa china, tras cobrar al Gobierno en dólares, pudo contratar en bolívares a constructoras venezolanas, a las que terminó imponiendo condiciones más rigurosas que las fijadas por el IFE a la propia CREC. “El precio del presente contrato no puede ser modificado o ajustado”, dicen los contratos que CREC suscribió con Consorcio Maquivial-Otassca y con Basis C.A, dos de las compañías subcontratadas en 2010. Dicha cláusula no sólo fue una camisa de fuerza para las empresas locales en medio de una economía que ya acumulaba una inflación de dos dígitos, sino que también permitió a CREC jugar en una economía con varias tasas de cambio, incluyendo la del mercado “paralelo”, muy por encima de las tasas oficiales. “Aunque la obra se financiaba con el Fondo Chino, esos pagos se hacían en moneda nacional. ¿Cómo vendían ellos (los chinos) los dólares? Eso era algo que los chinos no detallaban a los contratistas”, explica una fuente conocedora del proyecto, pero que prefiere el anonimato.

En el caso del acuerdo con Consorcio Maquivial-Otassca se lee hasta que “la falta de pago no dará lugar a la paralización de los trabajos por parte del contratista”, mientras que en el contrato con Basis CREC estableció que “el contratista debe trabajar los fines de semanas como también días feriados”, disposición que choca con la legislación laboral venezolana. “Para adelantar los tramos de los fines de semana, los chinos que estaban en las obras tomaban las maquinarias de los privados”, agrega la fuente consultada.

El contrato entre CREC y el IFE también quedó permitida la posibilidad de contratación de personal chino. En principio la empresa debía “hacer uso del recurso humano en su mayoría de nacionalidad venezolana” (Cláusula 21), pero en los casos de contratación de personal chino se acordó que “el IFE cooperará y prestará todo apoyo necesario para tramitar y expedir las visas de trabajo o de cualquier otra naturaleza, que permitan la permanencia de tal personal en territorio venezolano de forma legal y por el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos” (cláusula 91). Este asunto se repite en otros contratos de empresas chinas con el Estado venezolano y, en algunos casos, ha sido motivo de reclamos por parte de sindicatos afines al Gobierno.

Los cuestionamientos también han salido desde China. La Administración Nacional de Ferrocarriles, el regulador del sector en China, en julio de este año sancionó y multó a CRCC, la casa matriz propietaria de CREC, por atajos y incumplimientos en varios proyectos de sus subsidiarios, así como modificaciones sin consentimiento en las obras ferroviarias que ha participado.

El financista de las obras faraónicas en Ecuador

El vínculo entre China y Ecuador se fortaleció en 2009. El quiebre entre el gobierno del expresidente de Ecuador Rafael Correa y los organismos que tradicionalmente habían financiado el país (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) lo obligó a buscar plata al otro lado del mundo. “Hay un trato preferencial a China”, dice Carolina Viola, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que estudia temas laborales y ambientales en los proyectos sino-ecuatorianos. “Porque en un momento en que Ecuador recibía cero financiamiento externo, China le cubrió las espaldas”.

En esa coyuntura, el gran país asiático se convirtió en el gran financista del Ecuador. Según Paulina Garzón, especialista en inversión China en América Latina, las empresas chinas obtuvieron el 70% de los contratos públicos más grandes en los sectores minero, petrolero e hídrico durante el gobierno de Correa. La investigadora Diana Castro ha podido establecer  que son 21 empresas contratadas por entidades públicas de 10 áreas para al menos 63 proyectos: construcción de hospitales, escuelas, puentes, edificios, vías.

Según Castro, también ha tenido dificultad para acceder a los contratos entre China y Ecuador. Contratos que suelen estar atados a los créditos para pagar por las obras que se van a ejecutar y son, en general,  5% más caros que los que otorga el Banco Mundial.

La década pasada se caracterizó por su hambre de obras faraónicas. La Plataforma Financiera Gubernamental, un mega edificio construido para acoger a 3800 funcionarios públicos de las áreas económicas del Estado, es una de ellas. Fue construida por la compañía china CAMC, y los montos de su contrato han variado según quién (y cuándo) informaba de sus costos. La estructura fue criticada por el aumento de precio sin aparente justificación. El urbanista John Dunn escribió: “Por primera vez en Quito se ha construido una edificación que rompe la condición geográfica del valle que contiene a la ciudad. Ya no se puede ver al [volcán] Pichincha desde la avenida de los Shyris y desde la calle Japón [en el centro norte de Quito]. Quizás hemos confundido “monumentalidad” con ‘hipertrofia’”.

Días antes de su inauguración, después de una fuerte lluvia, la gigantesca obra se inundó. Los parqueaderos se llenaron de tanta agua, que los vehículos quedaron sumergidos hasta la mitad.

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Así variaron los costos de la Plataforma Financiera en Quito construida por una empresa china.

No es el único proyecto en manos de una empresa china con inconsistencias e inconvenientes. La hidroeléctrica Quijos se promocionaba como otra de las obras emblemáticas de Rafael Correa. Su construcción fue adjudicada a la compañía china National Electric Engineering (Cneec) por 94 millones de dólares. Debía empezar a funcionar en 2015. Pero ni costó lo que se esperaba, ni se entregó cuando se suponía: el presupuesto subió a 110 millones de dólares, y la entrega se aplazó a marzo de 2016. La última información disponible de Corporación Eléctrica del Ecuador – Celec (junio de 2015) dice que el proyecto Quijos estaba completado en poco más del 45%.

En diciembre de 2015, la Celec terminó de forma unilateral el contrato con la empresa china. “Por incumplimientos en las normas técnicas, de calidad y de ingeniería en la ejecución de la obra”, según dijo Manuel Andrade, jefe de la obra civil del proyecto y funcionario de Celec. También explicó que estaba en proceso el cobro de 25 millones de dólares por las garantías de cumplimiento de contrato. Pedimos a Celec que confirme si había sido recaudado el pago pero nunca obtuvimos respuesta.  Esa misma empresa había sido declarada como contratista incumplido por faltas en el proyecto hidroeléctrico Mazar-Dudas, una de las ocho centrales hidroeléctricas de la autoproclamada Revolución Ciudadana, el proceso de gobierno liderado durante diez años por el presidente Rafael Correa.

Coca Codo Sinclair fue también obra emblema y obra en problemas. Otra de las ocho centrales hidroeléctricas construidas durante el gobierno de Rafael Correa,  según el Ministerio de Energía, hasta abril de 2017 estaba terminada en un 95%. Cuando se licitó en 2008, la convocatoria internacional venía condicionada: era abierta pero estaba atada al financiamiento. Las únicas oferentes fueron dos empresas chinas. Sinohydro Corporation ganó el mano a mano con una propuesta de 1979 millones de dólares, alrededor de 400 millones de dólares más que el costo que se había pronosticado en el Plan de Electrificación 2006-2015. Hay que poner en perspectiva estos números: 1979 millones de dólares alcanzarían para lanzar cuatro veces un transbordador al espacio (o construir unas dos mil escuelas del modelo ‘Siglo 21’). La diferencia entre lo planificado y lo que costó, 400 millones de dólares, habría pagado las 80 escuelas del milenio que el gobierno de Rafael Correa alcanzó a edificar hasta dejar el poder en 2017 (cuando tuvo que dejar de producirlas por falta de recursos, y preferir el menos suntuoso modelo de las escuelas Siglo 21).

El multimillonario proyecto Coca Codo Sinclair estuvo rodeado de cuestionamientos técnicos y de acusaciones de irregularidades en su ejecución. En el libro Ecuador made in China, el activista político Fernando Villavicencio detalla tres problemas de Coca Codo: no tenía estudios técnicos que justificaran la potencia (la cantidad de energía que puede generar) de la hidroeléctrica. Tampoco tenía los estudios definitivos para la contratación cuando se lanzó la licitación. La Contraloría, encargada de supervisar el uso de los bienes y dineros del Estado, determinó que entre marzo de 2010 y febrero de 2012 no se aplicaron todas las multas que debía recibir Sinohydro por incumplimientos. Debían ser 425 mil dólares diarios, pero según el organismo de control solo se penalizaron las fases I y II del proyecto, dejando fuera incumplimientos de fiscalización o retrasos en la incorporación de personal y equipo, entre otros. “En el desarrollo del proyecto, no acató las órdenes de fiscalización y supervisión, respecto a la entrega de la planificación; difirió el inicio de labores en varios frentes de trabajo, retrasó la terminación de varios hitos contractuales, incumplimientos para los cuales no existen sanciones en el contrato”.

La ejecución del contrato empezaría cuando el Eximbank entregase los fondos para la obra. Pasaron ocho meses hasta que el banco chino desembolsó al Estado ecuatoriano el 1682,7 millones de dólares, es decir el 85% del costo total del proyecto. Las obras se iniciaron más de dos años después, el 28 de julio de 2010.

En una cadena de radio y televisión en septiembre de 2014, el entonces presidente Rafael Correa se quejó por los retrasos: “Esto tiene que estar terminado en febrero de 2016. Ya me quisieron convencer que cuatro mesesitos no más porque se trabó la tuneladora, no vamos a aceptar eso, el contrato es muy claro”, dijo en su habitual tono, y aseguró que había ordenado que se  tomasen las medidas para que se multara a la constructora si no se entregaba en febrero de 2016: “Cada día de atraso es más de un millón de dólares que pierde el país.”, dijo Correa. Pero su advertencia quedó en las palabras: la inauguración se hizo nueve meses después de la fecha inicialmente programada, el 18 de noviembre de 2016, con la presencia del presidente chino Xi Jinping.

La creciente presencia china en Ecuador nace del interés en la riqueza en materias primas del país sudamericano. Pero no es el único factor. Según Yang Yong, investigador del  instituto de Investigación Hengduan Mountain, hay, también, un gran factor político: “China está buscando mayor comunicación, y especialmente mayor cooperación económica con los países sudamericanos. Ecuador es uno de los países que tempranamente estableció relaciones diplomáticas con China, y por eso China lo prefiere”. En ese escenario altamente politizado, los proyectos hidroeléctricos no siempre han salido bien. Las compañías chinas necesitan reflexionar y aprender de esto, si quieren que la situación general mejore, dice Yang.

Cuentos chinos

El incumplimiento de las obras no ha frenado las contrataciones de empresas chinas por parte del Gobierno venezolano. En julio pasado la empresa China Camc Engineering, subsidiaria de la China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) y que en 2007 constituyó en Caracas la sociedad Camce Sudamérica, fue designada por el Gobierno de Maduro para un proyecto de explotación de níquel. Previamente, en febrero de 2016, se había anunciado un “memorando de entendimiento” para que la compañía también participara al sureste del territorio en la “certificación de los recursos del Arco Minero del Orinoco”, el plan con el que Venezuela busca contrarrestar la caída de los ingresos petroleros.

Esos negocios se suman a los logrados por CAMC en áreas como la eléctrica, la agrícola e infraestructura en más de una década y que superan los 3 mil millones de dólares, a pesar de que la propia Contraloría General de la República advirtió irregularidades de esta compañía en la ejecución de su primer contrato en 2003. Se trató del acuerdo por la construcción del “Acueducto Bolivariano del estado Falcón”, al noroeste de Venezuela, considerado en ese momento como “uno de los proyectos hidráulicos de mayor importancia que se desarrolla en Venezuela” y gracias al “convenio de préstamo” del 20 de diciembre de 2002 entre el Ministerio de Finanzas venezolano y el Banco de China, según el informe de gestión de 2007 elaborado por la Contraloría General de la República.

El documento es un inventario de irregularidades e incumplimientos de Camc. “Se observaron deficiencias en la planificación y en sus procesos administrativos que redundaron en la disminución del alcance de la obra y costos adicionales al proyecto. Tal situación se vio reflejada en el retraso de 352 días en su culminación, gastos cuya descripción no se relacionan directamente con el proyecto, ni con el objeto de la contratación, pagos superiores a los establecidos contractualmente; omisiones de aspectos relevantes en las cláusulas contractuales (lapsos de garantías de las obras); incorporaciones de cláusulas contractuales confusas, entre otros”. La Contraloría General de la República recomendaba, además, “instar a la empresa china Camc a proceder a la sustitución de 335 metros de tubería” por no corresponderse con las especificaciones técnicas acordadas y exigía a las autoridades “velar por que los costos de excavación, extracción y transporte, no sean relacionados a través de valuaciones al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente”.

Conclusiones similares a las de la Contraloría General de la República pueden sacarse del contrato suscrito en noviembre de 2005 entre Citic Construction Co Ltd, subsidiaria de Citic Group, y el Ministerio para la Vivienda y Hábitat venezolano. En ese primer acuerdo entre ambas partes para la edificación de 20 mil viviendas por 905 millones de dólares, la empresa china estableció condiciones de confidencialidad como que “no se requerirá que el contratista revele al empleador, o a ninguna tercera parte a nombre del empleador, cualquier información financiera o comercial, ni cualquier documento relacionado con el contratista, sus subcontratistas, proveedores, transportistas, agentes, fabricantes nombrados, consultores y su personal (de cualquier nacionalidad, incluyendo chinos, venezolanos o de un tercer país)”.

Al igual que CREC para la construcción del ferrocarril Tinaco-Anaco, Citic incluyó en el acuerdo la opción de contratar personal chino. Una cláusula del documento estableció que “el empleador deberá hacer los arreglos para que el contratista esté autorizado a operar la actividad del personal expatriado del contratista de nacionalidad no venezolana de acuerdo con la normativa china sobre el trabajo (tales como, sin limitarse a, topes sobre las horas de trabajo diarias)” y que en el caso de que el “empleador no consiga estas exenciones dará como resultado que el contratista tenga derecho a una extensión de tiempo”.

Exoneraciones de impuestos, pago del contrato “exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de Norte América” y la opción de realizar “aumento de precios en cada pago por inflación de material y mano de obra” fueron otras de las condiciones impuestas por Citic a las autoridades venezolanas en ese primer acuerdo de noviembre de 2005. Algunas de esas condiciones fueron suavizadas por la contraparte venezolana en un “addendum del contrato” firmado casi un año después, en agosto de 2006. Sin embargo, Citic había logrado amarrar un negocio muy favorable en suelo venezolano. En esa primera modificación el contrato pasó a cotizarse en euros. “Cada casa tuvo un costo promedio de 80 mil euros”, sostiene un constructor. De acuerdo a su versión, al igual que en casos como los de CREC o CAMC, el contrato con Citic se revisó en varias oportunidades hasta el punto de que en 2011 se le hicieron más cambios al acuerdo inicial y el precio de las casas no dejó de subir. Los hechos parecen darle la razón ya que fue en julio pasado cuando el presidente de la República entregó algunas viviendas construidas por Citic en el Fuerte Militar Tiuna, en Caracas, uno de los seis sitios en que los que la empresa china debió edificar las viviendas.

“Le doy las gracias a China, a las empresas chinas, a los trabajadores y empresas venezolanas, gracias por todo lo que han hecho de manera permanente porque nuestro comandante echó las bases de esta nueva Ciudad Tiuna en la parroquia El Valle”, expresó Maduro ese día. En la web de CITIC una nota de prensa también se hizo eco del evento. “Durante su discurso (Nicolás Maduro) expresó su agradecimiento a CITIC Construction por sus grandes contribuciones a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) (…) También leyó con entusiasmo los nombres de los principales asistentes chinos uno por uno y agradeció sinceramente al pueblo chino por sus contribuciones a la construcción y desarrollo de Venezuela”.

Ambas opiniones distan de la de los académicos y economistas venezolanos. En 2016 el profesor e investigador de la Universidad de Carabobo, Giovanni Gómez Ysea, solicitó ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y a la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la revisión del esquema de financiamiento con China “por ser estos acuerdos ilegales y onerosos con cláusulas leoninas en contra de los intereses de la República que han causado y siguen causando daños patrimoniales irreversibles a la nación”.

Para Alejandro Grisanti, economista y socio de la consultora Econalítica, el pecado está en los términos en que se concibió la relación entre ambas naciones. “Creo que la relación ahorita con China ha sido sumamente negativa, de la canasta de proyectos de inversión en el sector no petrolero que supuestamente ha debido desarrollar China prácticamente ninguno de esos proyectos de inversión se están viendo o funcionando, muchos de ellos están en infraestructura y otras áreas, pero de esa canasta de proyectos es muy poco lo que se ha terminado y lo que uno ve”.

Aunque considera estratégica la alianza entre el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y el que más demanda energía, Grisanti insiste en que el resultado para Venezuela no es favorable. “El balance a hoy es negativo, el balance a hoy es que se dio en condiciones de mucha desigualdad, se dio con condiciones de importación de bienes finales en lugar de bienes de capital, es necesario que Venezuela tenga una relación más de tú a tú con China y que pueda establecer objetivos estratégicos de largo plazo”.

Casos como el de Chery, Haier o Yutong, compañías chinas que durante años han inundado el mercado venezolano con sus productos y sin apenas invertir confirman las palabras del economista.

En el Ecuador, no ha sido solo el Gobierno central el que ha favorecido a las compañías chinas. La compañía China Road and Bridge Construction (CRBC) le compró al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) el hotel Quito. Según una valoración inicial, el hotel —uno de los más tradicionales de la ciudad— fue vendido en 30.8 millones de dólares, 7 millones de dólares menos de la valoración que hizo Price Waterhouse. En octubre de 2017, ya en el gobierno de Lenín Moreno, la Contraloría General del Estado, encargada de supervisar el uso de bienes y fondos públicos en el país, emitió su informe final en el que se hacen observaciones a la venta, mientras trabaja en determinar si existen responsabilidades civiles o penales de quienes estuvieron a cargo de realizarla, entre ellos el presidente del directorio del Biess, Richard Espinosa. Espinosa podría ser destituido por otro informe de la misma entidad relacionado a presuntas irregularidades en el manejo de la deuda del Estado con el Instituto de  Seguridad Social.

La misma CRBC es la beneficiaria de uno de los proyectos viales más polémicos del Ecuador. Impulsada por el Municipio de Quito, dirigido por el opositor Mauricio Rodas, la así llamada solución vial Guayasamín —un puente ideado para aliviar el cada vez más caótico tráfico capitalino— despertó, desde su concepción, críticas de urbanistas y ciudadanos: no solo causaría un embudo de automóviles en horas pico y causaría la posible desaparición de los moradores del barrio Bolaños, sino que haría a la ciudad menos amigable para los peatones. En protesta por su implementación la concejala Daniela Chacón renunció a la vicealcaldía de Quito.

En abril de 2016, Rodas anunció la construcción del proyecto que, según dijo, beneficiaría a 300 mil personas que van de los valles circundantes a Quito y viceversa. El costo de la solución vial era de más de 130 millones de dólares. CRCB administraría la autopista por 30 años y cobraría un peaje por pasar por ella, como estaba previsto en un contrato de más de 500 páginas.

Sin embargo, los propios estudios de vialidad hechos por CRCB dicen que la obra será eficiente por solo cinco años, desde su inauguración. Después, la cantidad de automotores crecerá tanto que la ‘solución vial’ colapsará también. El contrato condiciona a los próximos ocho alcaldes de Quito: una de sus cláusulas dice que si el municipio construye otras vías alternativas entre el valle de Cumbayá y Quito (o se crea alguna alternativa que pueda causar que menos personas circulen a través de la solución vial), CRCB puede dar por terminado el contrato de forma unilateral y exigir que se le indemnice las pérdidas por el tiempo que todavía quede de vigencia del contrato.

Según Daniela Chacón, los informes técnicos que respaldan la Solución Vial Guayasamín son insuficientes. “El informe de viabilidad de la Secretaría de Movilidad y de Planificación tiene una hoja y media que está cubierta, en buena parte, por antecedentes. El informe financiero no explica claramente porqué se otorga una concesión de treinta años, ni en qué se fundamenta el valor del peaje asignado, ni por qué la rentabilidad de la empresa china debe ser del 15%”. Para Chacón, parecería que la fórmula financiera sólo se aprueba en función de la rentabilidad de la empresa. Desde agosto de 2017 está la obra está suspendida porque se encontraron restos arqueológicos en los terrenos donde irían las bases de la autopista. Un año antes, el Municipio de Quito y CRBC acordaron que se harían los estudios definitivos y se resolverían falencias detectadas en el proyecto original. Sin embargo, hasta la fecha los estudios aún no son entregados y estarían recién en un 70% de compleción. La obra, en general, no habría pasado del 3% de su construcción.

***

Desde los tempranos 2000, la política estatal china de ‘zhou chu qu’ (salir) alentó a grandes industriales chinos, como Sinohydro y Gezhouba, a buscar proyectos en el extranjero. “Estas compañías fueron en su momento ministerios, luego se convirtieron en empresas estatales y, después, en compañías en las que el Gobierno aún tiene mayoría”, dice Darrin Magee, experto en temas hídricos de la universidad Hobart & William Smith Colleges. Según Magee, estas empresas tienen divisiones internacionales, y están ejecutando proyectos hidroeléctricos básicamente en cualquier lugar donde se necesite ‘desarrollo’. Especialmente si la construcción de represas, carreteras, y otra infraestructura facilita el acceso de China a recursos minerales, madereros y agriculturales.

Cuando el mapa político en América Latina giró hacia la izquierda, el gigante en expansión vio la oportunidad: alejado de sus financistas tradicionales, países como Ecuador, Venezuela y Bolivia, buscarían fuentes alternativas para cumplir las promesas de desarrollo de sus líderes populistas. Chávez (y Maduro) en Venezuela vieron en los bancos chinos y las empresas chinas la resolución de la ecuación del progreso nacional. Rafael Correa, en Ecuador, los siguió muy pronto. Pero los resultados de la alianza con China, anunciada como una fórmula para el desarrollo venezolano desde hace más de una década, son discretos. Algunos de ellos son hoy proyectos fallidos. Algo similar sucedió —y sucede aún en Ecuador—, donde la construcción de megaobras por compañías chinas no ha estado exenta de problemas, retrasos y terminaciones por incumplimiento.  Ambas historias son apenas un trazo de la huella de la extensión china por América Latina.

 

*Este texto es una alianza entre Armando Info de Venezuela, Diálogo Chino del Reino Unido y GK de Ecuador realizado con fondos de Open Society Foundation

Diálogo Chino

Más tropas estadounidenses en América Latina: si no es colonialismo, ¿qué es?

|Profundidad|

La presencia militar estadounidense en la Amazonía latinoamericana crecerá. La iniciativa Amazon Log 2017 del gobierno de Michel Temer en Brasil, la operación América Unida reunirá a los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia en la ciudad trifronteriza de Tabatinga, del 6 al 13 de noviembre del 2017. La iniciativa es liderada por el Comando de Logística del Ejército Brasileño y está inspirada en el ejercicio realizado por la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) en Hungría en 2015 que tuvo un despliegue de aproximadamente 1700 militares. Los objetivos Para la versión latinoamericana —según el ejército brasileño—, los objetivos son crear una base logística multinacional temporal para operaciones de control de migración ilegal, asistencia humanitaria, operaciones de paz, acciones contra narcotráfico y cuidados ambientales. Sin embargo, como lo dijo el diario Gauchazh, enseñar a un ejército extranjero a combatir en territorio nacional debería ser considerado alta traición.

El problema de este ejercicio es la magnitud y apertura que se ha dado a los Estados Unidos para ingresar a la selva latinoamericana. Por lo que uno de los riesgos es que la base ‘temporal’ se convierta en permanente, como ya sucedió en Hungría.

Aunque las autoridades brasileñas lo niegan, el interés de los Estados Unidos en la región debe ser medido con la vara de la Historia. El altruismo, cuidado a la naturaleza o lucha contra el narcotráfico —estandartes para su presencia en la región— hacen eco a inserciones en otras partes del mundo (especialmente Medio Oriente): detrás de toda acción militar norteamericana siempre estuvo —y está— el objetivo de apoderarse de recursos para intereses nacionales.

En el caso de América Latina, la abundancia de recursos naturales da razón a la presencia estadounidense. Según el Banco Mundial, la región cumple un rol global en el combate el cambio climático ya que posee las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Una noticia ‘agridulce’ para los latinoamericanos, ya que para  analistas como Gabriela Cálderon, el poseer recursos naturales no siempre es una ‘bendición’. El excandidato presidencial demócrata Bernie Sanders piensa igual. “Las guerras del futuro serán por el agua”, dijo Sanders. Entre los diez países con mayores reservas del mundo se encuentran Brasil (primero), Colombia (sexto) y Perú (octavo) —coincidentemente, los tres involucrados en la operación América Unida.

Inclusive iniciativas como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado por UNASUR en 2008 para encargarse en implementar políticas en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología de la defensa; será observador oficial de la Operación América Unida. “De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentágono y se diluyen los espacios propios de la región sudamericana”, comenta Raúl Zibechi, periodista uruguayo.

En 2004, el Departamento de Estado comisionó un reporte confidencial a Peter Schwartz, consejero de la CIA y ex Director de Planificación del grupo Royal Dutch/Shell; y Doug Randall, del Global Business Network. En las conclusiones finales, los autores argumentan que el cambio climático y la escasez de agua son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y razones para futuras conflictos militares. Trece años más tarde de dicho reporte, Estados Unidos se prepara para asentar una base más en orilla del Amazonas.

Pero el agua no es el único interés estadounidense en la región. Telma Luzzani, periodista argentina, explica en su libro ‘Territorios Vigilados’, que “en el Amazonas se encuentra el 95% de las reservas de niobio, fundamental para el acero de las naves espaciales y de los misiles intercontinentales”. Según Luzzani, el 96% de las reservas de titanio y tungsteno, utilizados en la industria aeronáutica espacial y militar están en la región “además de ser rica en petróleo, gas, uranio, oro y diamantes”.

El próximo ejercicio militar es solo una pieza más dentro de un patrón creciente de militarización y amenazas regionales. Solo en lo que va del 2017 se han realizado otros dos ejercicios militares en el Pacífico y el Caribe: Teamwork South con Chile y Tradewinds, frente a las costas de Venezuela con 18 países y más de 2500 militares.

La libertad de estas acciones militares demuestra el resurgimiento de la presencia estadounidense en la región, que se redujo durante los distintos mandatos de gobiernos progresistas en América Latina.

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El asentamiento de bases en América Latina y el Caribe ha pasado por diferentes etapas desde la posguerra, pero es desde finales del siglo XX que toma su rumbo actual. En 1999, como parte del acuerdo Torrijos-Carter, la base militar Howard en Panamá que albergaba al Comando del Sur, rama del ejército encargada en operaciones para la región, se desmanteló. Esto llevó a que el Departamento de Defensa de Estados Unidos replantee su estrategia. Bajo el estandarte del Plan Colombia, la ‘Guerra contra la Droga’ y operaciones humanitarias, se aplicó dos modelos de bases militares en Latinoamérica.

La primera, Main Operating Base (MOB), una base militar con infraestructura y acuerdos aprobados por los gobiernos: Guantánamo en Cuba, Soto Cano en Honduras y varias en Puerto Rico. A pesar de que estas siguen activas, el modelo fue desechado porque genera rechazo de los habitantes nacionales y tienen un costo elevado en infraestructura y logística.

En lugar de ellas, se optó por el modelo Foward Operating Locations (FOL) o Bases de Operaciones de Avanzada. Estas se caracterizan por tener poco personal militar pero la capacidad de incrementarlo si fuera necesario. Las cuatro reconocidas y oficiales en la región, iniciaron sus actividades en 1999 y son están en Aruba, Curazao, El Salvador, y Manta (que no renovó el contrato en 2009).

Como lo explica Robert Kaplan, exasesor del Pentágono entre 2009 y 2011 “a menudo, el papel clave en la gestión de un FOL es desempeñado por un contratista privado”. Algo que “le gusta al país anfitrión porque puede afirmar que no está realmente trabajando con el ejército estadounidense. Pero el mismo hecho de que una relación con las fuerzas armadas de los Estados Unidos sea indirecta en lugar de directa facilita las tensiones”.

Pero el nuevo nombre tampoco convenció a los locales, que comenzaron a sospechar y rechazar estas intervenciones en territorio. Entonces la denominación FOL cambió a Cooperative Security Location (CLS), Puesto de Seguridad Cooperativa. Sin embargo, son lo mismo y su número sigue aumentando.

Aunque no hay una cifra oficial, se sabe que hay cerca de 75 bases estadounidenses en América Latina. Algunas son MOBs, FOL o CLS. Otras llevan nombres como Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Los países que encabezan la lista Panamá (12), Puerto Rico (12), Colombia (9) y Perú (8).

Mapa de bases militares estadounidenses en América Latina

Mapa de bases militares estadounidenses en América Latina. Elaboración de Martín Pastor

En 2016, Colombia suscribió un acuerdo de cooperación con la OTAN para el intercambio de información, estrategias y protocolos de ejército con los miembros de esta organización, entre los que se encuentra los Estados Unidos. Mauricio Macri, presidente argentino, anunció que volverá a permitir la instalación de bases militares permanentes en Argentina, una en la triple frontera con Paraguay y Brasil y otra en Ushuaia, en Tierra del Fuego. En Brasil, el gobierno de Temer incrementó un 36% al presupuesto militar, meses después de aprobarse la Propuesta de Enmienda Constitucional, PEC 55, que congeló el presupuesto de Salud y Educación pública por los próximos 20 años.

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La presencia militar extranjera está legitimada a nivel gubernamental en América Latina. Además, se afianzarán las alianzas militares con Estados Unidos, algo que abrirá la puerta para una nueva fase de adoctrinamiento en las fuerzas armadas latinoamericanas, donde Brasil cumple un rol crítico. Según Héctor Luis Saint Pierre, coordinador de Seguridad Internacional, Defensa y Estrategia de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales, hay un respeto especial en Sudamérica por la escuela militar brasileña. “Entonces, Brasil es un socio estratégico para la formación doctrinaria de los militares del continente. Si Estados Unidos tiene buena relación con la armada brasileña, es más fácil difundir su mensaje entre los militares de la región”.Una verdad escalofriante, que recuerda a la Escuela de las Américas, institución de adoctrinamiento militar e ideológico de los Estados Unidos, encargada de formar a escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamérica durante los años 70, 80 y 90.

Volver a modelos de defensa de corte colonial solo representa un retroceso y peligro para el proceso de integración regional y la paz. Con la presencia estadounidense socavando las soberanías nacionales, apoyados por el retorno de líderes de ‘derecha’, la idea de Latinoamérica unida sin imposiciones imperialistas se convierte nuevamente en un sueño. De forma alarmante la región se sigue llenando de bases estratégicas de los Estados Unidos para controlar recursos, personas y operaciones militares, y entonces ¿si eso no es colonialismo qué es?

¿Por qué fue sentenciado Carlos Pareja Yannuzzelli?

|Contexto|

A la medianoche del 24 de octubre de 2017, Pareja Yannuzzelli, Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador y Diego Tapia, exgerente de Refinación fueron sentenciados por presunta asociación ilícita, figura que fue cambiada por los jueces, pues inicialmente se los investigada por delincuencia organizada. Con esta última sentencia, Pareja Yannuzelli suma 11 años de prisión pues en febrero de 2017, fue condenado a 5 años por cohecho dentro del caso Petroecuador, en el que se investiga a funcionarios de la estatal petrolera por supuestas irregularidades en el manejo . Además, se le sentenció a él y a nueve procesados más, al pago de 25 millones de dólares.

Más allá de los monstruos

|La vida de los otros|

En Hollywood hablan de un ‘momento Weinstein’, después de la caída en desgracia del poderoso productor de cine, acusado de abusos sexuales y violación: Hombres con mucho poder y mucha plata han tenido que responder por sus actos abusivos. Eso es insólito en una industria que ha protegido y celebrado a acusados de violación como Roman Polanski y Woody Allen. Es un giro significativo e histórico: se desnudan las dinámicas de poder corrosivas dentro de una industria de alcance mundial. Hombres como Kevin Spacey, Harvey Weinstein y Louis C.K. ya no son intocables, todopoderosos. Pero hay un riesgo del que debemos estar muy alerta: pensar que se trata de ‘otros’, de casos excepcionales, de monstruos solitarios,  en lugar de reconocer que vivimos en una cultura diseñada para que hombres con poder abusen de él sin temor a las consecuencias de sus actos.

La creación de un monstruo es demasiado fácil. Impide que hagamos el mea culpa necesario como sociedad y como hombres. Para la prensa esto también es una mina de oro. El ‘momento Weinstein’ está revelando trapos sucios a diario. Ya hasta es extraño hablar de escándalo, cuando parece tratarse más bien de un patrón y no de una anomalía. La dinámica es la misma: las compañías que los auspician expresan su sorpresa y decepción, y son seguidas por otras celebridades. Los comediantes Jon Stewart, Stephen Colbert y Pamela Adlon, por ejemplo, han sido fuertemente criticados por su cautela, defensa y silencio acerca de las acusaciones contra C.K., quien era su amigo personal.  En Ecuador sucedió algo parecido cuando Antonio Ricaurte, entonces concejal de Quito, publicó un video insultando a la concejal Carla Cevallos diciéndole ‘ofrecida’. El quiteño promedio respondía ofendido que “a las damas no se las toca ni con el pétalo de una rosa”, como si ese discurso no fuera la otra cara de la misma moneda machista y misógina. ¿Y detuvo algo nuestra condena masiva? No. Noticia fue, nada más. Muy pronto, el tema se volvió el periódico de ayer.

En Hollywood está pasando lo mismo. Están barriendo la basura debajo de la alfombra para no tener que hacerse cargo de quién lo ensució todo en un principio.  Desaparecer los trabajos de C.K. del catálogo de HBO, por ejemplo, es una medida punitiva que no cambiará la cultura que solapó sus acciones y descartó las voces de las víctimas por tanto tiempo. Al contrario, al quitárnoslo de la vista nos libra de analizar la relación entre las temáticas que obsesionaban al comediante, sus acciones, y el tipo de privilegios que lo protegieron. Además nos permite seguir, sin culpa, como si no fuera también nuestra cruz, como si no tuviéramos que hacernos cargo, como sociedad, de los hombres que criamos.

Esto es particularmente cierto con Louis C.K. por la profundidad y recurrencia con la que trató el tema de género en su acto y en sus guiones. C.K se destacó por su autoreflexión, y su capacidad de reconocer y sacar a la luz los aspectos más problemáticos y violentos de sí mismo. Ahora, entendiblemente, lo critican por ‘esconderse a plena luz’, de buscar engañar a un público haciéndose pasar por conciente, autoflagelante y reflexivo.

No creo que sea tan fácil. En un comunicado C.K. aceptó que las acusaciones eran verdaderas y dijo que estaba consciente del alcance de sus acciones y que ha intentado, a la vez, aprender y huir de ellas. “No me perdono por nada esto”, dijo. “Y debo reconciliarlo con quien soy. Que no es nada en comparación con lo que sé que ellas deben hacer”.

Desaparecer la comedia que surgió de ese conflictiva relación con su propia masculinidad sería un grave error. En su serie Louie, el alter-ego de Louis C.K. defiende la masturbación en una entrevista porque “es relajante y no hace daño a nadie”. Luego, desafiante, le dice a su interlocutora cristiana —quien se opone a la masturbación— que después de la entrevista pensará en ella al hacerlo. En otro episodio, Louie intenta forzar a su amiga Pamela a besarlo en una escena muy difícil de ver. “Eres tan estúpido que ni siquiera puedes violar bien”, le grita ella empujándolo y retorciéndose de sus brazos. La escena termina después de que él la besa mientras ella, arrinconada, cierra los ojos y aprieta los labios.

Lo fuerte de estas escenas es que muestran a un personaje querido, un padre de familia, abusando de su poder. No se trata del arquetipo sórdido del violador, sino de un hombre común y corriente. Las escenas incomodan, sin duda, pero suponen una confrontación con lo que Hannah Arendt llamó “la banalidad del mal”. Reconocer que hay estructuras de poder que privilegian cierto tipo de experiencias y descartan otras significa también reconocer nuestra propia participación en la construcción cotidiana de la violencia sexual.

El convertir a estas figuras  —y su trabajo— en inpronunciables será, a la larga, contraproducente. Va más allá del debate sobre si debemos separar al artista de su trabajo. La pregunta no es tanto ‘¿Podemos admirar el trabajo de Polanski y condenarlo a él?’, como ‘¿qué tipo de relación existe entre la visión de este artista y sus acciones?’.

El discurso del monstruo es paradójicamente autoindulgente. Eso no significa que la sociedad no demande y pida justicia para las víctimas. Pero si eso queda en el castigo mediatizado del escándalo, habremos desperdiciado una oportunidad para repensar, muy seriamente, sobre los hombres que somos —y que seremos.

Fotografía de Dan Nguyen bajo licencia CC BY-NC 2.0.

La paradoja de tolerar la narrativa intolerante

|La vida de los otros|

“La era de la religión organizada

controlando todos los aspectos de la vida

ha llegado a su fin. Ninguna religión en

particular tiene todas las respuestas”

Morihei Ueshiba, El Arte de la Paz

Los asistentes de las marchas del 14 de octubre en algunas ciudades del Ecuador vestían ropa blanca pero cargaban un mensaje que no se podía esconder detrás del color de “la inocencia de las consignas religiosas pacíficas”. La multitud congregada por los voceros de la fe católica y evangélica marchó en contra de una ley que busca proteger a la mujer pero que, según ellos, puede destruir a la familia y distorsionar la mente de los niños. Para defender a esa “familia tradicional” usaron mensajes que fueron considerados de odio y discriminación hacia la comunidad LGBTI y hacia quienes piensan diferente a ellos. La primera pregunta es si esta marcha en contra de la inclusión de la identidad de género en la educación y en contra del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es libertad de expresión. Y la segunda es si la libertad de expresión aplica cuando se convoca una marcha —vía redes sociales— con mensajes discriminatorios.

La plataforma de convocatoria para esta y otras marchas con discursos discriminatorios fueron las redes sociales, especialmente Twitter, que como bien lo escribe Mike Monteiro se ha transformado en una incubadora de violencia, una herramienta útil para el resurgimiento del racismo, del fascismo y del nazismo. El ejemplo clásico que usa  Monteiro es la estrategia de Donald Trump para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Usó la táctica más simple de todas: el racismo. Y empezó a escribir de manera tendenciosa y maligna en contra de otros grupos étnicos y sociales culpándolos de la decadencia en Estados Unidos. Desde que se sumó a Twitter en 2009, Trump empezó a acumular seguidores; ahora es presidente de su país y él lo agradece a las redes sociales. Monteiro ha reclamado varias veces al CEO de Twitter para que detenga el discurso de odio de Trump. No ha tenido éxito y al parecer en esta red social los derechos se ejercen al revés: mujeres y académicos son censurados mientras acosadores sexuales, nazis y extremistas siguen lanzando sus misivas con total impunidad como comenta el CEO de Vizlegal, Gavin Sheridan.

Esto no parece justo y parecería que la libertad de expresión es indisoluble y no importa si aquellos a los que se permite hablar son nazis, extremistas religiosos o abusadores de mujeres.

Otro ejemplo que demuestra cómo el odio se disfraza de libertad de expresión es el supremacista blanco y nazi confeso, Richard Spencer, quien cuenta con apertura en medios, redes y ahora universidades. Su lobby alt-right —una versión moderna del conservadurismo extremo, pero con un nombre nuevo que trata de desligarse de las aberraciones del pasado— genera conflictos y cada vez aumenta el nivel de violencia por donde quiera que va con su campaña de limpieza racial. El 20 de octubre, Spencer, pese al rechazo y las protestas en su contra (y gracias a la libertad de expresión), logró obtener un espacio dentro de la Universidad de Florida. La institución tuvo que invertir 500 mil dólares para la seguridad del evento (que podría haber sido cancelado). El encuentro concluyó con nazis golpeados, white supremacists rociados con gas, y con tres fanáticos seguidores de Spencer disparando a quienes protestaban en contra de la ideología nazi. Y eso que esta vez nadie murió como en su anterior presentación en Charlotesville, Virginia, donde tres fallecieron.

Permitirle al fascismo opinar y desperdigar sus teorías es libertad de expresión pero también es un crimen (o la antesala de un crimen). La relación entre los grupos religiosos y el fundamentalismo ha sido mencionada como una preocupación por las Naciones Unidas. Un informe de julio 2017 sobre derechos culturales hace un llamado para dar una respuesta urgente a la ola de fundamentalismo y extremismo en el mundo. Ambos, según el informe, representan las principales amenazas contra el sistema de derechos humanos, especialmente los de la comunidad LGBTI. El término fundamentalismo, en este caso, es usado para referirse a grupos cuyo postulado central es el rechazo a la igualdad y la universalidad de los derechos humanos.

Cuando se les da espacio a los fundamentalistas casi siempre las cosas acaban mal. En la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, a mediados de octubre, los organizadores —basados en el mismo concepto de la libertad de expresión— tuvieron la idea de permitir que los editorialistas nazis estén presentes. Todo acabó en conflicto. Lastimosamente, en Alemania, después de sesenta años la extrema derecha ganó elecciones y al igual que con los conservadores republicanos en los Estados Unidos, la ultra-derecha, celebra este tipo de espaldarazos políticos, que proveen las herramientas para evitar la emancipación de grupos vulnerables. En los 40 y 50, durante la guerra fría, los liberales norteamericanos silenciaron a los movimientos comunistas retirando su derecho a la libertad de expresión e incluyéndolos en listas negras y en sumarios ilegales, cerrando todo tipo de evento y participación política aduciendo que si los comunistas llegasen al poder, negarían aún más y despiadadamente la libertad de expresión. Esto dio paso a la cacería de brujas del Macarthismo.

Actualmente, en Estados Unidos bajo el paraguas de la Libertad de Expresión, se permite a racistas, nazis y demás dar discursos y organizar marchas sin ninguna censura mientras que a académicos que critican esos discursos se los censura y se los amenaza con expulsar de su trabajo en Universidades. El Papa Francisco ha tenido posiciones contradictorias sobre dicha libertad, después de los ataques a Charlie Hebdo en 2015, dijo que: “si alguien ofendiera a su madre este lo golpearía en la cara” haciendo referencia a las ofensas contra la fe. Así mismo, ha expresado que la iglesia debe entrar al debate del progreso social aunque a veces pareciese que el Papa prefiere proteger la fe y no las libertades. En América del Sur, a ratos parecería que estamos entrando a una nueva fase de “autoritarismo-religioso”. En Paraguay, por presión religiosa retiraron el término “género” de su ley. En Brasil el poder político de los evangélicos es amenazador.

Hay diferentes maneras de explicar este fenómeno y desde la Academia algunos lo han logrado, como Stein U. Larsen. En 2011 colaboró en el libro “Repensando la Naturaleza del Fascismo” y en su introducción menciona que: “El fascismo es considerado una ideología dirigida a desacreditar a diferentes personas a causa de sus supuestas debilidades mentales o su raza”. Larsen no está muy equivocado, a veces subestimamos la normalización de estas acciones y la fuerza influyente de “superioridad moral” que posee una religión sobre la vida de las personas que, inclusive, las juzga o diagnostica desde la absoluta ignorancia. De la misma manera, el profesor de Historia de la Universidad de Cambridge, John Pollard, en 2007 y 2011 revisó el estado de la relación histórica entre la religión y ciertos gobiernos, y en sus escritos no es difícil entender que el mejor vehículo para la protección y promoción de los intereses religiosos en la política es el fascismo. Así se  logra influenciar a los sectores sociales uniéndolos bajo un solo precepto en contra del derecho de las minorías, moviéndolos bajo los hilos de la fe. La marcha del 14 de octubre fue una acción político-religiosa categórica que arrojó resultados: lograron que se cambien términos como orientaciones sexuales e identidades de género en el proyecto de ley. Una acción sin ninguna base en la ciencia, con un entendimiento un poco limitado de la biología reproductiva, de la ecología del comportamiento e inclusive del derecho.

Las teorías científicas no responden a una ideología, son acercamientos a la verdad que varias veces han sido manipuladas por intereses atroces y atacadas por creencias. La teoría de la evolución de Darwin pese a sus irrefutables pruebas continúa bajo ataque. En Estados Unidos, basta leer el reporte 2016 del entendimiento público de la ciencia y la tecnología de National Science Board para encontrar que solo el 49% de los estadounidenses reconoce la evolución y que provenimos de un ancestro animal. Y de acuerdo a National Science Foundation 1 de cada 4 personas aún piensa que el sol gira alrededor de la tierra.

En el Ecuador hay quienes difunden falsedades —en redes sociales— producidas por organizaciones como la conservadora y poco creíble Association of American Physicians and Surgeons (AAPS). Las mentiras de esta organización han tenido que ser aclaradas por organizaciones médicas serias como la Sociedad Americana Contra el Cáncer. En el Ecuador, una de las figuras más visibles en este proceso en contra de la inclusión del género y la identidad sexual en la ley de defensa de la mujer, ha utilizado y publicado información del American College of Pediatricians (ACPeds), otra organización conservadora, supuestamente científica, y anti GLBTI ajena a la American Academy of Pediatrics. El comunicador médico y psiquiatra de niños y adolescentes, Jack Turban, ha explicado los falsos estamentos con los que la ACPeds manipula e interpreta a su antojo la ciencia para engañar a lectores y legisladores.

La historia nos ha enseñado que al dogmatismo en todas sus formas y a la intolerancia no se los ignora porque cada vez que ignoramos a un cura o a un pastor evangélico con un discurso discriminatorio, una joven con una identidad de género diferente —a la que ordena la biblia— podría ser internada en una clínica clandestina para que sea torturada, o se podría quitar la vida. Los derechos humanos no son una ideología, pero el dogmatismo sí. En un estado laico es inconcebible que se hayan obligado cambios a una ley basados en creencias religiosas cuya narrativa —libre de expresarse— no admite discusión alguna, pero que nos demuestran que, al parecer, la legalidad en el Ecuador es un asunto de poder religioso y no de justicia. Los derechos de las personas GLBTI y de las mujeres fueron negados por el dilema de la libertad de expresión y por la fuerza del absolutismo religioso.

Fotografía de Evan Nesterak bajo licencia CC BY 2.0 .

“Las niñas están invisibilizadas desde su nacimiento”

|La vida de los otros|

Cuando Plan Internacional planeaba la campaña Por ser Niña, a su directora en Ecuador, Rossana Viteri, las organizaciones que trabajan por la niñez, las que trabajan por las mujeres, y quienes se enteraban de su lucha le preguntaban cuál era el problema con las niñas. Le enseñaban indicadores que no mostraban ninguna discriminación: más niñas van al colegio, a la escuela, a la universidad. Su rendimiento es mejor. Entonces, le insistían: ¿cuál es el problema de discriminación contra las niñas? Enfocarse en ellas, le decían, ¿no era discriminar a los niños? Viteri y su equipo supieron entonces que debían mostrar que la situación de las niñas va mucho más allá de esos indicadores. Plan Internacional es una organización no gubernamental que está en 51 países. Gracias a su trabajo, las ONU declaró en 2012 al 11 de octubre como el día internacional de la Niña. En el Ecuador, Plan Internacional trabaja desde hace 50 años. En ese tiempo ha detectado discriminaciones contra la niñas que no se registran, pero que suceden a diario, y que podrían parecer sutiles, pero tienen implicaciones profundas, como, por ejemplo, cuando una niña camina de su casa a su escuela y se siente insegura.

¿Cómo respondes cuando te preguntan por qué luchar por las niñas?

Primero porque entre niñas y mujeres somos más de la mitad de la población de cualquier país; 50.4% de la población mundial. Segundo porque la prevención de la violencia tiene que iniciar en estadios muy tempranos, de otra manera estaremos siempre atendiendo casos y lo que debemos hacer es prevenirlos, así realmente salvaremos a las niñas. Una vez que ha ocurrido un abuso sexual, por ejemplo, las consecuencias son gravísimas, las huellas —por mucho que hagas— son imborrables. Y tercero porque las niñas, según las diferentes investigaciones que Plan ha hecho desde hace diez años en todo el mundo, revelan que la constante es que sufren más discriminación que los niños y que su situación de vulnerabilidad es mayor.

Son más vulnerables a la violencia, al incesto, a quedarse fuera del sistema educativo, a tener menos oportunidades, a ser discriminadas por su condición de niñas. Por otro lado están invisibilizadas lo que las convierte en población de mayor riesgo ya que ni siquiera están en las políticas públicas.

¿El Código de la Niñez no las protege?

El Código de la Niñez data del 2003. Es anterior a la Constitución de Montecristi de 2008. Con la Constitución un montón de leyes tuvieron que ser actualizadas y eso no ocurrió con este Código. Peor aún, se elaboraron y aprobaron otras leyes, se crearon los consejos de igualdad que debilitaron el Código de la Niñez, en particular debilitaron el sistema de atención integral de niñas.

¿Qué significa esto en la práctica?

Son dos concepciones diferentes: el sistema de protección de la niñez se amparaba en una visión de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Era una protección específica, entre 0 y 18 años como manda la Convención y también el artículo 341 de la Constitución del Ecuador. Este dice que debe haber un sistema de protección especializado para niños y niñas. El asunto es que en la práctica juegan otros intereses y una visión de no especificidad que tiene que ver con eficiencia. Con la idea de que si en el mismo consejo atiendo a niños, jóvenes y adultos mayores, entonces alcanzan los recursos y se es más eficiente como Estado. El otro argumento para quitar esta especificidad es que como el Ecuador ha avanzado mucho en la garantía de derechos, ya no es tan necesario especializarse en niños. Cuando se aprobaron los consejos de igualdad —de género, intergeneracional, de los pueblos, migración, discapacidad— el que antes era solo de niñez se convirtió en niñez, juventud y adultos mayores, y cambió toda la institucionalidad que existía.

¿Cómo esto afectó a las niñas y niños directamente?

Por ejemplo, antes en un municipio existía un Consejo de protección integral de derechos de la niñez y una junta. El consejo dictaba la política pública para la niñez y la junta tomaba medidas administrativas y lo que ya tenía que ver con la justicia ordinaria, por ejemplo un caso de abuso sexual, era derivado a la justicia. Pero este consejo de derechos de la niñez se convirtió en el consejo de derechos (en general). Si antes no podían con todos los casos de infancia, imagínate si van a poder con los de infancia, juventud y adultos mayores, peor si no existe incremento de recursos. Al contrario, se sabe que los municipios han venido perdiendo fondos por la situación económica complicada del país.

Entonces todo esto ha causado que en vez de tener una institucionalidad que proteja de mejor manera a las niñas y niños desde la Constitución, eso se ha ido debilitando. Ahora, por ejemplo, estamos en la labor de incidir para que incluyan a las niñas en la preparación de la Ley Orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres.

¿Qué han propuesto?

Actualmente las niñas están en dos artículos, en el sujeto y en el objeto de la ley y nunca más. Entonces les estamos pidiendo que las incluyan de verdad, y hemos elaborado para ello una sección completa sobre las niñas y las adolescentes. ¿Crees que tenemos algún nivel de receptividad para esto? Ni en las organizaciones feministas ni en el Estado, “porque esa ley es de las mujeres, punto”.

¿Cómo es que las niñas son excluyentes en una ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres?

Desde una organización experta en niñas, la única explicación que podemos darte es que las niñas están permanentemente invisibilizadas desde el nacimiento. Otra vez por estos patrones de comportamiento, por esta cultura que las pone en el escalón social menor y que así sigue el resto de la vida. Es que no hay otra explicación. Hablas con las organizaciones de infancia y te dicen “es niños y niñas, aquí no hacemos diferencia” ustedes trabajando con las niñas están discriminando a los niños.

¿Cómo respondes a eso, a que se está discriminando a los niños?

Les decimos que no estamos discriminando, estamos trabajando en nuevas masculinidades, los niños tienen que ser nuestros grandes aliados de la igualdad de género. Si se trabaja desde pequeños, van a llegar a la etapa adulta como papás o como pareja completamente diferentes: no van a tener que probar que son hombres y machos cada segundo de su vida.

Sobre la propuesta de incluirlas a las niñas en la ley, ¿qué han hecho y falta por hacer?

Desarrollamos una sección que tiene seis capítulos, uno sobre garantías de derechos, cuáles son esos derechos, otro sobre la prevención del embarazo, otro sobre medidas especiales de protección, otro sobre trabajo infantil doméstico que es donde empieza toda la discriminación, como cuando se dice “las niñas sí hacen trabajado doméstico, los niños se pueden ir a jugar”.

Entonces, con esta sección hemos llevado adelante una serie de iniciativas para incidir en la Asamblea. Ya comparecimos ante la comisión ocasional y la presentamos. Algunas asambleístas han reaccionado muy bien, el presidente de la Asamblea se comprometió a incluir la sección. Lo hicimos también a nivel de Presidencia, Vicepresidencia de la República, y lo hablamos con la primera dama, Rocío González. La Vicepresidencia le dijo a las niñas “nos vamos a jugar el todo por el todo para que las niñas sean incluidas en esa ley”. Hemos enviado cartas con la sección y los argumentos a los asambleístas que trabajan en niñez y adolescencia, al bloque de derechos de la mujer. A todos. Desde nivel local, nuestros gerentes locales están acercándose a los asambleístas para darles a conocer y desde el territorio convencerlos para que vengan a la capital cuando les toque votar con una visión un poquito diferente. Pero también hemos estado haciendo acercamientos a las organizaciones de infancia y de mujeres.

Todo eso es bueno, ¿no?

Sí, pero en general este proceso ha sido muy difícil. Entonces ahora solo digo “quiero ver para creer”.

¿Por qué ha sido muy difícil?

Porque las niñas no están en ningún lugar, no son un sujeto de derecho. Para que te tomen en cuenta es difícil: fíjate como han sido los movimientos de mujeres y feministas. Si tú hablas con mujeres sobre cómo estaban hace cincuenta años, te dirán que no existían pero ahora existen y están en la agenda pública. Se han convertido, gracias a tantos esfuerzos, en sujetos de derechos. Pero ahí todavía no están las niñas. Las niñas están en este concepto de pequeñitas, frágiles, dulces, sumisas, a las que hay que proteger desde una visión de protección de alguien que es débil, de un objeto de protección.

¿Cómo cambiar ese chip?

El discurso nuestro está orientado a que se asuma que las niñas pueden y por eso hemos hecho estas tomas de poder en la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, para visibilizar que las niñas son agentes de cambio. Si bien mostramos el problema, también mostramos que las niñas tienen un potencial enorme que el país está desperdiciando por estos estereotipos de género. Y que las niñas cuando les das una oportunidad, lo mismo que ha ocurrido con mujeres en el mundo, la revierten a sus hermanos, familia y comunidad. Ese es el cambio que necesita el Ecuador pero no es solamente un cambio de leyes sino de patrones culturales, de comportamientos hacia las niñas y hacia los niños también.

§

En 2016, Plan Internacional lanzó el proyecto Cartas de Niñas que recogió mil cartas de niñas en 16 provincias del Ecuador. Escribieron qué les pasa, cómo es su vida. Si habría que señalar un patrón en las cartas, dice Viteri, sería la mezcla entre miedo y violencia que sufren en todos lados. Violencia en casa con sus más cercanos, en la escuela con los profesores, y con los pares. Viteri califica a los testimonios como grotescos porque evidencian lo que sufren en su día a día: violencia en el trayecto entre la casa y la escuela, violencia porque si se quedan embarazadas les van a botar de la casa, miedo a que les saquen de la escuela por la pobreza.

¿Qué pudieron concluir con esta experiencia de las cartas?

Nuestra reflexión estaba orientada a responder qué generación estamos construyendo, si son niñas que están siendo educadas y criadas en ambientes de miedo y violencia. Cómo puedes apuntar a una sociedad armónica cuando estás poniendo todos los ingredientes para que no sea así. Cuando llega la violencia adulta como tema en un país, como ahora que se está elaborando una ley de violencia de género contra la mujer, hay que entender que esa violencia empieza desde que esas mujeres son muy chiquitas, en algunos casos desde el embarazo de las madres. En otro estudio cualitativo que realizamos sobre patrones de violencia hacia las niñas, de las niñas violentadas en sus hogares el 61% piensa que se lo merecía. Esto revela cómo la violencia está naturalizada en las prácticas de crianza en los hogares, y lógicamente conlleva a la desvalorización de la mitad de la población, que somos las mujeres. Son niñas que crecen con una bajísima autoestima. Entonces, ¿cómo se van a defender cuando sean jóvenes adultas cuando alguien las golpee? Seguramente no lo harán porque ya están acostumbradas a que sea así, la pelea se perdió mucho antes.

¿Qué rol juegan aquí las madres de estas niñas?

En este mismo  estudio de patrones culturales, las entrevistadas nos dieron un dato que me espeluzna: 82% de las mamás dijo que difícilmente sus hijas van a evitar ser víctimas de violencia sexual. Al publicar este estudio tuvimos que quitar los nombres de los testimonios porque los entrevistados se abrieron tanto que después podíamos estar en aprietos: las mujeres entrevistadas pasaban de la negación total, de decir “aquí en mi territorio ese problema no tenemos”, hasta contarte las historias más grotescas de violencia sexual. Y decir “bueno, esto es lo que nos pasa, y así somos y las mujeres desde la Biblia y la Conquista han sido golpeadas”. Otro comentario que me llamó la atención fue una mujer que dijo “nos educan y nos han educado con que el hombre es el que manda y al que jamás se le puede alzar la mano”. Entonces no es que son mujeres del campo frágiles o débiles físicamente, son mujeres fuertes. Sin embargo, el rato en que el marido las golpea, dicen “alzarle la mano está absolutamente prohibido porque es él quien manda”.

Si las chiquitas crecen con eso, ¿cómo se defienden de la violencia sexual o de cualquier tipo de violencia?

Quizás esto no cuente como que se están defendiendo, pero en las últimas semanas se han destapado varios casos de violencia sexual a niñas y niños en el país. ¿Qué crees que signifique esto?

Desde el análisis nuestro, ojalá todos estos casos de violencia sexual que se están destapando lleven al Ecuador a un punto de inflexión. ¿Cuándo has visto en Ecuador tantas denuncias de abuso sexual seguidas? Es momento de revisar las cosas que se han debilitado y revisar qué no se está haciendo desde nivel de lo normativo, como te comenté  del debilitamiento del Código de la Niñez. El Ecuador se quedó muy rezagado en actualizarse en comportamientos que van de la mano con una Constitución que es garantista de derechos. Ahí solamente no es el Estado quien tiene una responsabilidad, sino una sociedad civil que tiene corresponsabilidad con respecto a niñas y niños.

¿Cómo más se puede mostrar esta urgencia de pensar en las niñas y sus derechos?

A través del potencial de las niñas que es enorme y lo vemos. Ellas solo necesitan un empujoncito para que muestren esa capacidad que tienen. Cuando a las niñas con las que nosotros trabajamos, que son de los sectores más marginales del país, les preguntas qué quieres ser de grande, no hay una que te responda “quiero ser ama de casa”. Ellas quieren ser presidentas, asambleístas, doctoras, enfermeras, abogadas de los derechos de los niños, médicas para cuidar a su familia. Entonces, este potencial enorme demuestra que invertir en las niñas, en género, es invertir en el desarrollo del país. Ya están absolutamente probado, en una cantidad de estudios, que el costo de la prevención versus el costo de la violencia es 2, 3 4 veces menor. Las niñas son una apuesta segurísima que nadie la ha realizado y ya es tiempo que pongamos los ojos en las niñas porque es un grupo que se quedó rezagado. Ni con mis colegas de otras organizaciones de infancia he logrado una conexión mayor cuando hablamos solamente de niñas. Pero es necesario hablarlo y entenderlo.

En el Ecuador se cometen al menos 2 delitos sexuales contra menores cada día

|La vida de los otros|

La estadística es silenciosa y triste. Nadie habla de ella, ni organizó una marcha, a pesar de que cada vez son más los casos que se conocen sobre crímenes sexuales contra niños y adolescentes. Los ejemplos más recientes y masivos sucedieron en la academia AAMPETRA y en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Pakari, ambos en Quito, y en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil. En la primera, 41 niños sufrieron violencia sexual; en el segundo, la cifra de víctimas llegó a cien. Y a pesar de estos números, aún hay una especie de acuerdo tácito de que estos son casos casos excepcionales, cuando la realidad es que el Ecuador, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es algo cotidiano.

Las cifras disponibles provienen de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. La primera es la encargada de receptar las denuncias, y el segundo es el órgano administrativo de la Función Judicial. Las denuncias no siempre se convierten en casos judiciales. Por eso el número que recibe la fiscalía no es, necesariamente, el mismo que el de casos en el Consejo de la Judicatura.

Además, como en varios países de América Latina, muchos delitos no se denuncian y, por tanto, no se registran. Según el laboratorio de políticas públicas Ethos de México, en el Ecuador de cada diez delitos apenas se denuncian dos. El país empata en un triste tercer lugar con Brasil, apenas superados por México y El Salvador. Si bien las autoridades judiciales locales niegan que la cantidad sea tan alta, lo cierto es que el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de alguna forma violencia sexual podrían ser muchas más que las que aquí se anotan.

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Entre 2014 y 2017, hubo 1247 casos de abuso sexual. Mil doscientos cuarenta y siete. Sin contar los cien niños del colegio réplica Aguirre Abad. El abuso sexual, según la legislación ecuatoriana es forzar un acto de “naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal”. Según la abogada especializada en temas de género Carolina Baca, el acceso carnal es cualquier forma de contacto que no incluya la penetración por vía vaginal, oral o anal. “Puede ser tocar, besar, pero no llegar a la penetración”. Según Baca, las denuncias de abuso podrían no reflejar el número real de casos porque la gran mayoría de las veces sucede en los círculos más cercanos de las víctimas: la casa y la escuela.

“Hay una relación de poder muy desigual entre la víctima y la figura de autoridad que abusa de ella. Muchas veces, ni siquiera saben que están siendo abusados. Se sabe, por estudios recientes, que la mayoría de las víctimas no denuncia”, explica. Además, Baca dice que en el Ecuador hay una carencia de profesionales que permitan probar el abuso. “En los casos de violación la prueba viene de una evidencia física: una niña con una desfloración, una lesión, pero en el caso del abuso eso no existe”, dice Baca. En su libro De la oscuridad hacia la luz, la psicóloga especializada en niñez Mónica Jurado explica dice que cuando el abuso se vuelve parte de la vida cotidiana, “lo que prevalece es el terror, que es lo que inmoviliza al sujeto: el niño teme que algo espantoso sobrevenga, pero desconoce cómo protegerse y resguardarse de ese peligro”. Los niños, niñas y adolescentes abusados viven en un reino de terror.

El país está en deuda con ellos, dice Baca. Explica que no hay especialistas, por ejemplo, para casos en que la víctima sea menor de 3 años: “Es gente que se especializa en entender el lenguaje de los niños de esa edad. Tampoco tenemos quienes hagan análisis de contexto de los casos”.  Los análisis de contexto son peritajes que toman en cuenta el contexto socioeconómico, pero Baca dice que deberían agregarse el enfoque de género. “Permite ver en el caso las relaciones de la víctima, las relaciones de poder entre el agresor, la víctima y otros familires”. Dice que la violencia sexual no es aislada, y estos análisis permiten identificar la situación de la víctima ants del hecho violento, por ejemplo, si fue manipulada, o agredida de otra manera.

Por eso, dice, las campañas de educación con enfoque de género son necesarias. “Entendido que el enfoque de género no significa enfoque de mujeres o para mujeres”, explica y dice que el enfoque de género permite entender “las formas de relacionamiento, el ejercicio violento de la masculinidad y la agresión que sufre la víctima, sea niña o niño. Te permite tener un enfoque diferencial, y ver que no solo es la violencia sexual, sino un ejercicio de poder”. Querer que los niños estén informados, de forma responsable y clara, sobre sexualidad, es cuidarlos. Lo contrario —el silencio, el tabú, la ignorancia— es abrir la puerta para que cualquiera se meta con ellos.  

Los efectos en los niños son profundos, aunque —según Unicef— muchas veces asintomáticos. “Muchos muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes. Las manifestaciones adquieren diferentes expresiones súbitas o solapadas”, dice un reporte de 2016. Entre esos efectos están el incremento de pesadillas y problemas para dormir, conducta retraída, estallidos de angustia, ansiedad, depresión, rechazo a quedarse solos con una persona en particular, conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizados. Los menores de tres años pueden presentar lesiones genitales y reacciones inespecíficas que, en un principio, parecen inexplicables: irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito. “En cualquiera de estos casos, no debería descartarse la sospecha antes de una cuidadosa evaluación por parte de profesionales especializados” dice el informe.

Mónica Jurado explica en su libro que las consecuencias del traumatismo del abuso sexual se conocen como ‘procesos de desmantelamiento psíquico’. Provocan apatía, falta de deseo de vivir, un vacío en la búsqueda de supervivencia, de intercambio y de relación consigo mismo y con el entorno “por lo tanto, se caracteriza por sujetos que se abandonan y que pierden toda su capacidad de auto-conservación” —escribe Jurado— “En ellos está presente la sensación de desamparo”.

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Nadie marchó, ni se indignó, ni pidió rasgándose las vestiduras que nadie se metiera con los 845 menores violados en los últimos tres años y medio. 79 en 2014, 312 en 2015, 305 en 2016 y 179 en nueve meses de 2017. En esos mismos tres años, hubo 66 casos de acoso sexual a menores. El acoso ha sido otra de las formas de violencia de mayor impunidad, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. El reciente caso del productor de cine Harvey Weinstein lo demuestra: son decenas de mujeres las que el ejecutivo hollywoodense chantajeó sexualmente bajo la oferta —o amenaza— de cambiar su carrera. Muchas no lo denunciaron: Weinstein tenía demasiado poder sobre sus vidas como para que ellas no se callasen. La relación desigual entre las partes hace que la víctima calle. Y esas eran, todas, mujeres adultas, algunas con carreras consolidadas.

En el caso de niños, niñas y adolescentes el balance de poder es aún más desigual. Puede ser una el profesor de colegio, el médico que las atiende, el patrón de la casa en que trabaja, o un familiar. Según Unicef, sólo una minoría de los casos se conoce y se denuncia. “La gran mayoría de los niños suelen callar por temor a represalias y por culpa o vergüenza” dice un informe de la organización de 2016.

Casi todos los demás delitos de naturaleza sexual se cuentan entre 2014 y 2017 por decenas —y en algunos casos, por centenas. Comercialización de pornografía infantil, 22. Contacto por medios electrónicos para fines sexuales con menores, 54. Corrupción de niñas, niños y adolescentes, 84. Distribución de pornografía a menores, 10. Estupro, 325. Explotación sexual, 22. Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos, 3. Pornografía infantil, 52. Trata de personas, 44. Exhibición de pública de menores con fines sexuales, 4. Son cerca de tres mil, en total. De ese total, el 90% serán niñas y adolescentes. En el mundo, la media es apenas inferior: según datos de las Naciones Unidas, ocho de cada diez menores agredidos sexualmente son niñas y adolescentes.

Las que más los padecen son las niñas. Por ejemplo, según el Ministerio de Educación entre 2015 y septiembre de 2017 hubo 405 denuncias de violación “en el contexto educativo”. 349 víctimas son niñas. Es decir, 9 de cada 10 casos. Las denuncias de abuso sexual en ese mismo ámbito fueron 566. Carolina Baca dice que el proceso de selección de los maestros debe mejorar, y las cifras respaldan su pedido: desde 2015, 185 docentes han sido sancionados administrativamente. Otra vez: nueve de cada diez. Es difícil creer que alguien en el Ecuador piensa en los niños.

Los relatos en los casos AAMPETRA y colegio réplica Aguirre Abad son espeluznantes. “En el caso AAMPETRA, el abusador introducía marcadores en las vaginas de las niñas”, dice Carolina Baca. La doctora Virginia Gómez de la Torre, coautora del estudio Vidas robadas, dice que estos casos masivos podrían mostrar un problema aún mayor: la existencia de una red de pornografía infantil: “En el colegio réplica, los abusadores amarraron a los niños a un árbol y les orinaron encima. Esos son pedidos de catálogo de los pederastas internacionales”. Si no fuera por las madres que tuvieron la valentía de denunciar, las cosas seguían sucediendo. La exrectora del plantel aceptó que no denunció lo que sucedía. “Son las madres las que le ponen el cascabel al gato”, dice Gómez de la Torre. Son las madres las que nos están alertando de que esto es algo más frecuente de lo que muchos suponen: entre 2010 y 2014, hubo un promedio de 114 casos de abuso en escuelas y colegios.

La realidad en el Ecuador es sombría. Son trece delitos de los cuales estos casi tres mil niños, niñas y adolescentes han sido víctimas. Si se cuenta a aquellos que fueron víctimas indirectas porque presenciaron, vieron los efectos o sufrieron las secuelas de la violencia intrafamiliar, la cifra asciende meteórica y escalofriantemente: el Consejo de la Judicatura registra cerca de 125 mil casos entre 2014 y lo que va de 2017. Hay casi tantos casos como gente en la ciudad de Ibarra. Si es cierto que en el Ecuador solo se denuncian 2 de cada 10 delitos, el verdadero total podría pasar de seiscientas mil: el 10% de todas las niñas, niños y adolescentes que hay en el Ecuador. En estos números no se cuentan los más de dos mil embarazos de menores de 14 años, que —explica Virginia Gómez de la Torre— en su mayoría son producto de violencias sexuales. “Hay gente que dice ‘esas chicas también tienen noviecitos que son sus pares’, pero esos casos son los menos”.

Por todas estas víctimas nadie salió a las calles, ni dijo que un proyecto ley los amenazaba. Para muchos, el Ecuador es un santuario de la familia tradicional, donde los niños son protegidos por los valores y principios que la supuesta ideología de género pretende destruir. Pero los datos, los cada vez más públicos casos de violencia, demuestran que en el país las cosas ya están muy mal para los niños, niñas y adolescentes. Y no se han aprobado leyes, ni se autorizado el matrimonio entre personas del mismo género, ni se ha promovido la educación sexual inclusiva y directa. Todos estos delitos sucedieron en el Ecuador que no escoge con la misma vehemencia las razones para marchar.

Ilustración de Paula de la Cruz.

¿Por qué fue sentenciado Carlos Pareja Yannuzzelli?

A la medianoche del 24 de octubre de 2017, Pareja Yannuzzelli, Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador y Diego Tapia, exgerente de Refinación fueron sentenciados por presunta asociación ilícita, figura que fue cambiada por los jueces, pues inicialmente se los investigada por delincuencia organizada. Con esta última sentencia, Pareja Yannuzelli suma 11 años de prisión pues en febrero de 2017, fue condenado a 5 años por cohecho dentro del caso Petroecuador, en el que se investiga a funcionarios de la estatal petrolera por supuestas irregularidades en el manejo . Además, se le sentenció a él y a nueve procesados más, al pago de 25 millones de dólares.

|Contexto|

Hallan el cadáver de Santiago Maldonado, desaparecido en Argentina

Santiago Andrés Maldonado Peloso fue un artesano y tatuador de 28 años que desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una protesta del pueblo mapuche contra las propiedades rurales del grupo Benetton, una compañía italiana de ropa que tiene grandes extensiones de territorio en la provincia de Chubut. Durante tres meses, fue buscado insistentemente por sus familiares y activistas, hasta que su cadáver fue reconocido por su familia el 20 octubre de 2017. “Pudimos mirar el cuerpo, reconocimos los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago”, dijo su hermano Sergio.

Maldonado nació el 25 de julio de 1989 en la ciudad 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, Argentina. En 1997, a la edad de 18 años, se mudó a La Plata, capital de la misma provincia, donde estudió Bellas Artes. En 2017 se mudó El Bolsón, provincia de Río Negro, en la región sureña de la Patagonia.

Santiago Andrés Maldonado Peloso fue un artesano y tatuador de 28 años que desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una protesta del pueblo mapuche contra las propiedades rurales del grupo Benetton, una compañía italiana de ropa que tiene grandes extensiones de territorio en la provincia de Chubut. Durante tres meses, fue buscado insistentemente por sus familiares y activistas, hasta que su cadáver fue reconocido por su familia el 20 octubre de 2017. “Pudimos mirar el cuerpo, reconocimos los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago”, dijo su hermano Sergio.

Maldonado nació el 25 de julio de 1989 en la ciudad 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, Argentina. En 1997, a la edad de 18 años, se mudó a La Plata, capital de la misma provincia, donde estudió Bellas Artes. En 2017 se mudó El Bolsón, provincia de Río Negro, en la región sureña de la Patagonia.

|Contexto|