La muerte cruzada es el nombre coloquial de la institución jurídica de anulación institucional mutua entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y legislativo. La mañana del 17 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso firmó y publicó un decreto en el que aplica esta medida por la causal de “grave crisis política y conmoción interna”. Con esta decisión, la Asamblea Nacional queda disuelta y habrá elecciones para escoger Presidente y asambleístas.
En cadena nacional, a las 7 de la mañana de ese día, Lasso dijo que “esta es una decisión democrática no solo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
¿Qué dice el decreto?
El decreto firmado por el Presidente el 17 de mayo de 2023 dice que se debe notificar a la Asamblea “la terminación del pleno derecho los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas”.
Además, dice que esto significa “la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional” y que esta disolución “no otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional derecho a reparación o indemnización alguna”. Estas disposiciones están establecidas en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En el decreto, el Presidente también dice que se debe notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, en un plazo de 7 días, haga la convocatoria a elecciones, como lo establece la Constitución en caso de muerte cruzada.
Ya se hablaba de la posibilidad de muerte cruzada desde hace varios meses. Sin embargo, en días previos a la decisión, la posibilidad cobró fuerza. El 15 de mayo de 2023, Juan Pablol Ortiz, secretario jurídico del gobierno de Guillermo Lasso, dijo que ya estaba listo el decreto ejecutivo para declarar la muerte cruzada, pero que será el Presidente quien decida cuándo y cómo se utilice.
Finalmente, Lasso decidió aplicarla la mañana del 17 de mayo, un día después de que comenzara el juicio político en su contra en el pleno de la Asamblea Nacional.
Este es un paso a paso de lo que sucederá ahora
Según la Constitución del Ecuador, el Presidente puede disolver la Asamblea Nacional por tres razones:
- Si se arroga funciones que no le competan constitucionalmente.
- Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- O por grave crisis política y conmoción interna.
Solo en la primera causal, el Presidente necesita la aprobación de la Corte Constitucional.
El 16 de mayo, cuando todavía no se había aplicado la muerte cruzada, la politóloga Arianna Tanca le dijo a GK que ella consideraba que el presidente Lasso argumentaría la muerte cruzada con la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. “Es la más fácil de argumentar”, dijo Tanca.
Si Guillermo Lasso elegía esa causal o la de conmoción social, no necesitaba autorización de ningún otro poder del Estado para declarar la muerte cruzada. Es decir, se hace efectivo sólo con el decreto. Finalmente, Lasso eligió la de grave crisis política y conmoción interna. Así que su decisión se hizo efectiva inmediatamente.
La defensa del presidente Guillermo Lasso en el juicio político en su contra, en la Asamblea Nacional. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.
Una vez que el decreto de Lasso fue expedido, esto es lo que pasará
De manera inmediata, la Asamblea Nacional queda cesada.
Es decir, los 137 asambleístas ecuatorianos perderán su cargo. Deberán abandonar el pleno y sus oficinas de la sede legislativa. Es una orden que deben acatar. Según un mensaje que una funcionaria de la dirección de comunicación de la Asamblea envió en un chat de prensa, el 17 de mayo en la mañana se desalojó al personal que estaba en el edificio del legislativo.
Los asambleístas no tienen la potestad de rechazar la medida.
Esto, a pesar de que más de un legislador, como Yeseña Guamaní, ha dicho que “no acatará” la muerte cruzada.
En términos prácticos, es como si cada asambleísta recibiera un despido intempestivo.
Lo único que podría detener este proceso es si se presenta una demanda de inconstitucionalidad de la muerte cruzada, que sea aceptada por la Corte Constitucional.
¿Cuándo habría nuevas elecciones?
Al mismo tiempo, mientras se disuelve la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene siete días para fijar una fecha para las nuevas elecciones de presidente, vicepresidente, y asambleístas.
El artículo 87 del Código de la Democracia dice que en este caso, el CNE puede disponer que las elecciones se hagan en un plazo menor a 90 días, contados desde la convocatoria. Sin embargo, no establece un máximo de tiempo para hacerlas. La politóloga Arianna Tanca dice que “al no mencionar el máximo, se asume que las elecciones deben ser en 90 días”.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Mauricio Alarcón dice que no cree que eso sea posible. Alarcón dice que se especula que las elecciones serían de 6 a 8 meses después de la convocatoria. “Pero no porque una ley así lo establezca, sino por la experiencia previa en procesos electorales, considerando que se tienen que respetar todas y cada una de las etapas establecidas en el Código de la Democracia, desde la habilitación de sujetos políticos, democracia interna, la calificación, entre otras cosas”, dice. Según Alarcón, “es muy difícil que una elección en primera vuelta se haga en menos de 6 meses”. Además, al ser presidencial, es posible que haya una segunda vuelta.
En ese tiempo, los partidos políticos deben activar sus procesos de democracia interna que incluyen, entre otras cosas, elecciones primarias.
Luego de las primarias, debe haber la inscripción de las candidaturas, luego su oficialización, y finalmente, antes de las elecciones los debates.
Los asambleístas que fueron destituidos por la muerte cruzada, pueden volver a candidatizarse. Siempre y cuando no hayan cumplido el límite de reelección que permite el Código de la Democracia. También podría haber nuevos candidatos a la Asamblea Nacional.
Guillermo Lasso también podría candidatizarse en estas elecciones.
Alarcón dice que las elecciones no son anticipadas, son extraordinarias intermedias. Es decir, el país sí tendrá elecciones en 2025.
Luego de las elecciones que serán en la fecha que fije el CNE, las nuevas autoridades se posesionarán 15 días después de proclamados los resultados, según el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Mauricio Alarcón dice que sin Asamblea Nacional, y mientras duren esos meses sin poder Legislativo, el Presidente puede emitir decretos ejecutivos en materia económica urgente. Esos documentos necesitan un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
En la cadena nacional del 17 de mayo de 2023, Lasso dijo que desde ese día, el gobierno expedirá “una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes”.
El primero que firmó es un decreto ley con la reforma tributaria que había sido enviada como proyecto de ley de urgencia económica a la Asamblea el 11 de mayo de 2023. Con esto se proponían cambios al impuesto a la renta y al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe), también se suman tributos para ciertos sectores, entre otras cosas. Al ser un decreto de materia económica, el Presidente dijo que lo enviará a la Corte Constitucional para que emita un dictamen.
El Presidente Guillermo Lasso compareció en la Asamblea Nacional el 16 de mayo de 2023. Fotografía de la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional.
El juicio político al Presidente
El presidente Lasso firmó el decreto de la muerte cruzada un día después de que comience el juicio político en su contra, era el primer proceso de este tipo desde el regreso de la democracia. Con la Asamblea disuelta, el juicio político contra Lasso no podrá continuar.
El proceso legislativo contra Lasso se hizo por presunto peculado por irregularidades en contratos de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), compañía estatal de transporte marítimo. A pesar de que el contrato en el que hubo corrupción fue firmado en 2018, cuando Guillermo Lasso aún no era Presidente, en el pedido del juicio político se lo acusaba de permitir que se mantenga el contrato de Flopec a pesar de que perjudicaba al Estado.
Las investigaciones contra el Presidente comenzaron después de filtraciones hechas por el canal La Posta que incluía audios en los que presuntamente se vinculaba a Danilo Carrera, el cuñado de Lasso y presidente del directorio del Banco Guayaquil, con una presunta red que gestionaba nombramientos y contratos en el Estado. Según la filtración, la figura central de esta estructura era Rubén Cherres, un amigo de Danilo Carrera que fue asesinado a finales de marzo de 2023.
Además, otra serie filtraciones de La Posta incluía un informe policial de 2021 sobre un seguimiento que se hizo a Cherres y Carrera como parte de una investigación reservada por una presunta estructura de narcotráfico que estaría vinculada a la mafia albanesa. Según La Posta, la campaña de Lasso —con la que llegó a la presidencia— habría recibido 1,5 millones de dólares vinculados a la mafia albanesa.
Después de las filtraciones, la Asamblea hizo una comisión ocasional para investigar las acusaciones contra Lasso. Esa comisión hizo un informe en el que recomendó el juicio político al Presidente por “las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión”. Sin embargo, según los expertos, estos delitos no se pueden cometer por omisión.
El 4 de marzo de 2023, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe hecho por la comisión. Dos semanas después, el 16 de marzo, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, entregó el pedido de juicio político con 59 firmas de respaldo, 13 más del número necesario para el trámite. La primera versión del pedido, que fue enviado a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de admisibilidad, contenía múltiples errores, incluyendo el nombre del Presidente mal escrito y una cita al Código Penal anterior.
Viviana Veloz en la entrega del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.
El pedido decía que Guillermo Lasso cometió concusión o peculado. Según la Constitución, el cometimiento de estos delitos es causal de destitución del Presidente de la República. Sin embargo, la Corte Constitucional solo admitió la causal de peculado y argumentó que los cargos de concusión no cumplían con los requisitos establecidos en Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
Así comenzó oficialmente el proceso de juicio político contra Lasso. La Comisión de Fiscalización tuvo un mes para elaborar un informe en el que recomiende o no el juicio político a Lasso. Al terminarse el plazo, la comisión hizo un informe en el que no recomendaba el juicio político. Sin embargo, ese documento no tuvo los votos necesarios para ser aprobado. Por eso, en una decisión muy cuestionada y calificada de inconstitucional, el proceso pasó al pleno de la Asamblea y así el Legislativo decidió llamar a juicio político a Lasso.
El presidente Lasso fue convocado al pleno de la Asamblea el 16 de mayo de 2023, un día después de que su secretario jurídico dijo que el decreto de la muerte cruzada estaba listo, para presentar sus pruebas de descargo. Después de que sus interpelantes expusieron las acusaciones, Lasso dio un discurso en el que se defendió, acusó a sus acusadores y dio lo que parecía ser un informe de labores por 49 minutos. Después se retiró del pleno.
Los interpelantes tuvieron una hora para responderle y luego se abrió el debate a los asambleístas. Pasadas las 10 de la noche se suspendió la sesión de la Asamblea y se planeaba continuar el 17 de mayo a las 9:30 de la mañana, pero horas antes el Legislativo fue disuelto.
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