Fui director ejecutivo de Fundación Pachamama durante su infame proceso de disolución un 4 de diciembre de 2013. En esa época, en este mismo medio, desahogué parte de la frustración que sentí durante aquellos días en los que viví cómo se consumaba una injusticia, ante la impotente mirada de mis compañeros de trabajo. Cada sábado, el entonces presidente de la República, Rafael Correa —proyectado en pantallas gigantes y multiplicado por estruendosos altoparlantes pagados con el dinero de los contribuyentes— hacía y deshacía la política de Estado. En sus violentas alocuciones ordenó cerrar Pachamama, una organización no gubernamental que había servido por más de 16 años a las nacionalidades indígenas. La orden inexpugnable de Correa estaba basada en conjeturas y prejuicios ciegos.

El artículo que escribí en aquel entonces hacía uso del apotegma alquimista Solve e Coagula —disuelve y vencerás. Enfatizaba que la otra cara de la moneda de una disolución, es naturalmente la coagulación. Decía que la transformación, como fin último de toda aventura de alquimia, decanta en la reintegración de los elementos disueltos, donde se unen y se solidifican. Ese era el caso de las organizaciones de la sociedad civil atomizadas y silenciadas por un gobierno que trató de cooptar los espacios cívicos. Esas organizaciones son las que hoy recuperan sus voces y espacios arrebatados: a Pachamama se le devolvió su personería jurídica el viernes 17 de noviembre de 2017.

Se la restituyó la misma entidad que se la quitó, el Ministerio del Ambiente. En aquel instante, cuando firmábamos los documentos de notificación de la resolución ministerial, no podíamos ocultar nuestro júbilo por una victoria que tardó cuatro años en materializarse. Sabíamos también que era una victoria histórica de la sociedad civil organizada, el movimiento indígena y ambientalista del país, que hemos trabajado incansablemente por la protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

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Lo que le ocurrió a Fundación Pachamama en 2013 y a otras organizaciones creadas para la defensa de diferentes tipos de derechos —como Acción Ecológica, Fundamedios y la Unión Nacional de Educadores— al parecer no es una estrategia nacida del seno de la autodenominada ‘Revolución Ciudadana’. Es un pequeño síntoma de una tendencia global para restringir los espacios de la sociedad civil que va de la mano con el aparecimiento de gobiernos populistas en diversas latitudes. Estos regímenes, a través del uso sistemático de leyes restrictivas, obstaculizan la creación y el funcionamiento de organizaciones sociales, las cierran y a veces las criminalizan. Todo para impedirles que trabajen.

Tal vez piensan —tal vez pensaron— que sin una estructura legal determinada, quienes hacemos las organizaciones nos quedaríamos de brazos cruzados. Pero tras el cierre de Pachamama, emprendimos una cruzada por la defensa del derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica que se nos había conculcado por la aplicación de un marco normativo arbitrario, el Decreto Ejecutivo 16. Intentar que una corte ecuatoriana nos oyera y reparase nuestro derecho constitucional lesionado era casi imposible. Veíamos al cabildeo internacional como la única salida para tratar de hacer escuchar nuestra voz que pedía una democracia realmente participativa.

De varios foros internacionales de derechos humanos a los que tuve el honor de asistir para denunciar nuestro caso salí desalentado: la tendencia era global. En lugares como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presencié la indignación de cientos de defensores de derechos humanos provenientes de todo el mundo, quienes en sus discursos denunciaban un patrón preocupante: la erosión de los espacios de participación de la sociedad civil. Por ejemplo, una ley aprobada en Etiopía en 2009, prohíbe a todas las ONG nacionales que reciban más del 10% de su presupuesto del exterior y que participen en cualquier forma de actividad política. La Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjera (FCRA) de la India otorga a las ONGs que reciben dinero del extranjero una “licencia” que dictamina que, en última instancia, no se pueden financiar actividades políticas con ese dinero, aplicándola a organizaciones como Greenpeace. En países como Rusia, Malasia e Israel, las ONGs que reciben dinero del exterior deben estar registradas como un “agente extranjero”, término que también se utiliza para grupos irregulares y subversivos.

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Dicha contracción se genera por un denominador común de represión contra las organizaciones de la sociedad civil. Se da a través de diversas formas: limitaciones al acceso a financiamiento, obstáculos para su registro, campañas de desprestigio, uso del derecho penal para su desmovilización, clausuras unilaterales y arbitrarias, amenazas directas a los miembros de las organizaciones, uso de tácticas de guerra para disipar protestas, financiamiento e impulso por parte de los gobiernos a organizaciones paralelas como fuerzas de choque. Entre tantas otras.

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Y claro, el problema subyacente a todo esto es que muchas de las organizaciones son incómodas a los regímenes que entran dentro del amplio espectro del autoritarismo —sean estos gobiernos de izquierda o de derecha, que utilizan el aparato estatal para desalentar la legítima labor de la sociedad civil.

La recuperación de los espacios cívicos es sumamente desgastante para las organizaciones. Sobre todo, para aquellas que trabajan a nivel local y que no manejan suntuosos presupuestos o no cuentan con niveles de experticia diversificados. Tienen que pasar de defender derechos a la autodefensa permanente.

Por eso Pachamama tuvo que cerrar proyectos de importantes para un desarrollo sostenible con enfoque de derechos en la Amazonía. Uno de ellos era la implementación de un proyecto de transporte fluvial a base de energía solar que beneficiaría a cientos de familias de la nacionalidad achuar, o proyectos de salud materno-infantil para mujeres amazónicas. También tuvimos que presentar acciones legales a nivel nacional, que fueron negadas, y nos obligaron a hacer eco de nuestras justas peticiones en foros internacionales de derechos humanos. Todo el proceso de defensa de Fundación Pachamama tuvo un costo en tiempo, recursos y energía que pudieron tener un mejor destino. Podríamos haberlos invertido en la construcción de una Amazonía libre de contaminación, con proyectos que incorporen la visión de las comunidades indígenas, modelos de desarrollo económico a nivel local y la capacitación de derechos fundamentales para la defensa integral de sus territorios ancestrales. Pero tuvimos que enfocarnos en la supervivencia.

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A pesar de las trabas y dificultades, creamos Terra Mater, una asociación con la cual preservamos algunos de nuestros proyectos y que nos permitió tener un respaldo institucional para seguir fortaleciendo a las organizaciones indígenas de la Amazonía —y, obviamente, sostener la defensa de Fundación Pachamama. Tuvimos que ser resilientes y modificar algunas de nuestras estrategias para seguir cumpliendo con nuestros objetivos como organización. Fue sumamente oportuno porque los proyectos extractivos impulsados por el gobierno se extendían en los territorios ancestrales amazónicos. Nos adaptamos para sobrevivir, y poder continuar con el acompañamiento a las comunidades locales iniciada hace veinte años.

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Tras cuatro años de enfrentar los embates por recuperar nuestra organización, llegó un nuevo gobierno. Traía bajo el brazo una propuesta de diálogo nacional, donde se sumaron varios colectivos, incluyendo a las nacionalidades indígenas —con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a la cabeza— y una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, nuestras voces fueron escuchadas.

El Ministerio de Ambiente accedió a revisar nuestro caso. En un ejercicio de justicia histórica y buena fe reconoció nuestros argumentos respecto de las irregularidades y errores del proceso administrativo que derivaron en la disolución de Pachamama, que era una clara violación al derecho a la libertad de asociación.

El caso de la fundación Pachamama es paradigmático. Ejemplifica los peligros de un marco normativo restrictivo para la sociedad civil. Por ello, urge que el Estado construya de manera participativa una ley que garantice la labor de las organizaciones de la sociedad civil y proteja el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Es cierto que el Decreto 193 —que reemplaza a los infames decretos 16 y 793 de la década pasada— es positivo en varios aspectos, pero todavía queda mucho por hacer, como delinear cómo la sociedad civil puede volver a ser un actor independiente dentro de la gestión de lo público, cómo se puede fortalecer un marco normativo construido participativamente para garantizar el derecho a organizarse.

Ahora empieza una nueva etapa para fundación Pachamama en la que seguirá haciendo lo que siempre ha hecho —incluso cuando estuvo ‘disuelta’: mantener su trabajo en el Centro Sur amazónico, en la protección de las Cuencas Sagradas de los ríos Napo y Marañón, fortaleciendo los procesos por la defensa de los derechos colectivos, territoriales y de la naturaleza.

El compromiso de Pachamama con las nacionalidades indígenas del Ecuador tiene más de veinte años y se mantiene vigente. Especialmente ahora, cuando las fronteras de explotación minera y petrolera se amplían a territorios en los que antes resultaban impensables como los del pueblo Shuar, Achuar, Sápara, Shiwiar, Kichwas que han expresado su rechazo rotundo a este tipo de actividades extractivas. Seguiremos construyendo, junto a las nacionalidades indígenas del país, un modelo de desarrollo libre de extractivismo, que respete los principios constitucionales de Plurinacionalidad, Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza.

Hay mucho por hacer. Antes de seguir, saludo fraternalmente a todas las organizaciones aliadas, movimientos sociales y defensores de derechos humanos que nos han apoyado y que siguen construyendo un país diverso, donde a pesar de los obstáculos que interponen los poderes constituidos y fácticos, esas organizaciones siguen siendo fieles a sus principios y a los de la Constitución. Que el caso de Pachamama sea el recordatorio de uno de los hitos más bajos de la democracia.