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El estado de salud de la democracia en el Ecuador y la disolución de Fundación Pachamama

Solve et Coagula (Disuelve y Coagula), es uno de los postulados principales de la Alquimia, aquella pseudo-ciencia en la que depositaban ciegamente su fe miles de incautos durante la Edad Media. Me servirá para conducir varias ideas acerca de cómo nuestro Estado de Justicia y Derechos está padeciendo de una fiebre sin precedentes y que los síntomas de una democracia agonizante son, por decir lo menos, más notorios que el acento de un gringo gritando consignas contra la revolución ciudadana.

Según el sociólogo Zygmunt Bauman, la humanidad está inmersa en una etapa ideológica del capitalismo, a la que elocuentemente bautizó como "Modernidad Líquida". Consiste en que todos nosotros estamos sumergidos en un perenne estado de incertidumbre, donde las instituciones que alguna vez se caracterizaron por su solidez, ahora fluctúan como olas al compas de la desregularización de los mercados y donde las identidades han sido absorbidas por transitoriedades germinadas por la globalización. Es decir, todo está sujeto a la desaparición o en el mejor de los casos, transformación ("Entre más cambia, más sigue igual…").

Éste escenario planteado por Bauman, es perfectamente aplicable a nuestro país petrolero. El Estado de Derecho –esa noción "burguesa" y de claro corte "liberal"– ahora ha desaparecido y no por las razones correctas, sino para satisfacer a una persona que hace y deshace, crea y disuelve a su libre voluntad todos los sábados. Y es que desde su silla crea la política pública y ésta, mágica o alquímica o divinamente, se posiciona por encima de la Constitución y sobre derechos fundamentales que supuestamente están garantizados en ella.

Para los que no nos conocen, Fundación Pachamama ha trabajado más de 16 años acompañando los procesos históricos de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Ha trabajado muy de cerca con las organizaciones indígenas locales y regionales en varios temas, desde capacitación en derechos colectivos, hasta en proyectos de reducción de mortandad infantil con mujeres achuar, pasando por la implementación de transporte fluvial impulsado por energía solar en beneficio de la movilidad de los pueblos indígenas.

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Como parte de su trabajo, la Fundación ha venido denunciando el detrimento de varios derechos constitucionales frente a una política extractivista que se cierne sobre los territorios ancestrales de varias nacionalidades indígenas, como la explotación de los campos ITT en el Parque Nacional Yasuní y más específicamente la licitación para la explotación de hidrocarburos en 13 bloques en el centro sur amazónico, en lo que se denominó la XI Ronda de Licitación Petrolera o Ronda Suroriente. La XI Ronda afectaría los territorios de 7 nacionalidades indígenas con quienes la Fundación ha venido trabajando. Incluso el bloque 79, adjudicado a Andes Petroleum (Empresa China), afecta en más de 6000 hectáreas al Pueblo Kichwa de Sarayaku, contraviniendo el fallo a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una de las irregularidades más nefastas del proceso de la XI Ronda, sin mencionar su rotundo fracaso pues solo se presentaron 4 ofertas, ha sido que no se garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada a las nacionalidades indígenas. Este derecho se minimizó a tal punto que se convirtió en un mero trámite burocrático para justificar la explotación en sus territorios, razón por la cual la Fundación, junto con dirigentes de organizaciones indígenas, denunció este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del último período de sesiones, a las que el Estado ecuatoriano no se presentó.

La Fundación compartió la información relativa a los efectos que tendría la explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas, en vista de que en varias comunidades a las que viajamos, dicha información era totalmente desconocida, por ejemplo en comunidades de las nacionalidades achuar, shuar, kichwa, sápara y shiwiar, es decir latitudes que son de muy difícil acceso, no conocían que ya había un proceso de licitación de bloques en marcha.

La Fundación siempre se ha adscrito a la voluntad de sus contrapartes. Han sido las mismas nacionalidades que han solicitado el apoyo técnico para defender su territorio de la inminente explotación de su hogar, por lo que lo mínimo que una organización de Derechos Humanos como la Fundación puede hacer, es llevar a cabo diversas estrategias para concienciar a la opinión pública de que existe una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas. Una de esa estrategia es la coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas para expresar públicamente disconformidad con el status quo. Eso se demostró el pasado 28 de noviembre cuando varios representantes de organizaciones indígenas, manifestaron su desacuerdo durante la apertura de ofertas para la explotación de la Amazonía ecuatoriana.

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Gente de la inteligencia del Estado estuvo presente durante la manifestación frente a la Secretaría de Hidrocarburos, y captó imágenes de personas que agredieron al embajador chileno Juan Pablo Lira y al empresario bielorruso Andrey Nikonov, Ese fue el antecedente para que en el enlace ciudadano 350, el presidente disponga al Ministro del Interior una investigación para el cierre de la Fundación, arguyendo que miembros de la misma provocaron los actos violentos.

Todos en la Fundación quedamos pasmados al ver la terrible noticia, pues se nos atribuye un vejamen por re-postear una convocatoria del colectivo Yasunidos para zapatear fuera de la Secretaría de Hidrocarburos. Dicha convocatoria no fue ni un llamado a la rebelión o una instigación al odio; se trató simplemente de una invitación para expresar el legítimo derecho a disentir, derecho que se diluye poco a poco.

Lo importante es aclarar ante la opinión pública, que a diferencia de lo que sostiene unilateralmente el gobierno nacional, ningún miembro de la Fundación Pachamama estuvo vinculado con los hechos de violencia durante la manifestación.

Como consecuencia de este hecho, el Ministerio del Interior, muy prolija y eficientemente, acató la orden del mandatario, y elaboraron un informe en el que se adjuntan videos en los que arbitrariamente se identifican a varias personas como miembros de la Fundación. Dicho informe fue presentado ante el Ministerio del Ambiente para que éste ejecute la disolución de la organización a través del Acuerdo Ministerial 125.

Las causales para la disolución, las cuales se amparan en el inicuo Decreto Ejecutivo 16, que regula el funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, fueron dos: la desviación de los fines y objetivos estatutarios y, por injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz pública,  es decir los numerales 2 y 7 del artículo 26 del mencionado Decreto.

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Una vez emitido el acuerdo, el miércoles 4 de diciembre, en un operativo de la policía, 15 funcionarios de la policía vestidos de civil entraron al edificio donde funcionan las oficinas de la Fundación, sacaron a los empleados de la oficina y cerraron el quiosco.

 

Los derechos, que son garantizados tanto por la Constitución como por tratados internacionales, y que fueron violentados ante esta arremetida, son numerosos. Comenzando por una violación clara del derecho a la libre asociación, igualmente una violación flagrante al debido proceso, pues tanto el informe del Ministerio del Interior como el Acuerdo del MAE no motivan ni fundamentan el vínculo de la Fundación en los hechos ocurridos el 28 de noviembre, limitándose a declarar y ejecutar; de igual manera, se menoscaban los derechos a la libre expresión y los derechos laborales de las personas que ahí trabajábamos.

Una de las muestras más autoritarias del poder ejecutivo, y que debería ser tema de preocupación nacional, es que se limitan derechos constitucionales a través de normas jurídicas jerárquicamente inferiores, como los decretos ejecutivos y los acuerdos ministeriales. Se puede inferir que los derechos que se nos han violentado, vulneran el principio constitucional de reserva de la ley, dispuesto en el artículo 11 numeral 4 de la Constitución, esto en referencia a que es evidente cómo el decreto 16 limita de manera atroz el derecho a la libre asociación.

En fin, lo positivo de todo este episodio, es que al estar en la palestra pública, el mundo entero ahora conoce el trabajo de Fundación Pachamama. Conocen que en el Ecuador existe una diversidad sublime de culturas y de naturaleza por la que vale la pena luchar una vida entera y se ha avivado el debate sobre el futuro que queremos, de cómo debemos ser coherentes viviendo en un país que reconoce constitucionalmente la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza y el buen vivir y cómo el extractivismo a ultranza no es el camino para sostener ese marco ideológico.

De igual manera quiero resaltar que en tiempos de crisis, se visibiliza la solidaridad. Aprovecho para expresar mi gratitud con los cientos de organismos y miles de personas alrededor del mundo que han mostrado su solidaridad con Pachamama, ratificando que uno está luchando del lado correcto de la fuerza, y es que hay que entender que el apoyo demostrado a nuestra causa es universal, pues proviene de una fuente ética irreductible, la defensa de la dignidad.

Por todos estos hechos, puedo decir sin riesgo a equivocarme, que la democracia en el Ecuador no se encuentra en su cénit. Está en una especie de crepúsculo eternizado, el prólogo a una nueva larga noche, y no precisamente neoliberal, sino un poco más autoritaria. No tenemos que ganar elecciones para expresar lo que pensamos y sentimos.

Para concluir, la fórmula alquimista tiene un componente antagónico al de disolver, sin el cual el proceso mismo de transformación de los elementos no tendría sentido, y es precisamente el de coagular, unir, solidificar, es decir volver a la certidumbre, a la seguridad y a la esperanza. Las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos humanos representamos precisamente ese proceso de consolidación, y con o sin institución seguiremos por la senda de las causas perdidas.